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VIOLENCIA DE GÉNERO, CASO DE AILÉN Y MARINA JARA

Parte del Proceso

Sábado, 2 de febrero de 2013

La causa que priva de libertad a las hermanas Jara, dos jóvenes del barrio Sanguinetti, está incorporada en la agenda de los medios masivos de comunicación. El trabajo de la familia y la Comisión que exige la liberación de Ailén y Marina rompió el cerco judicial y político. El legítimo derecho de defensa para evitar un abuso sexual nunca fue reconocido por los funcionarios del Poder Judicial que armaron una causa que protege al acosador y condena a quienes son las únicas víctimas.

El 19 de febrero de 2011 fue el último día de libertad de Marina (18) y Ailén Jara (19). Volvían de bailar cuando Juan Leguizamón las intercepta en el barrio (Sanguinetti). El hombre de 32 años de edad sacó un arma de fuego y disparó al aire. La actitud de amenaza no merece otra interpretación. Leguizamón quiso consumar un hecho más de violencia contra Ailén y Marina, buscó materializar los años de acoso que se naturaliza por la prepotencia machista y un sistema de consenso social que oculta estos delitos. El acosador las atacó y la legítima defensa de ellas tuvo un resultado: las jóvenes se trenzaron en lucha para sacarle el arma ya que el atacante buscó disparar nuevamente. Las chicas consiguen sacarle el arma de fuego y para salir de la brutal agresión hieren a Leguizamón en el tórax con un arma blanca. Para los policías que llegaron al lugar un rato después de la pelea, Ricardo Barrionuevo y Gastón Urve (Comisaría 5ª de Paso del Rey), sólo valió el testimonio de Leguizamón quien les dijo textualmente que: “Fue interceptado por las hermanas Ailén y Marina, donde Ailén con un arma de fuego lo golpeó en la cabeza y el resto del cuerpo, y Marina con un cuchillo lo golpeó en distintas oportunidades”.

El segundo testimonio que mereció “toda la atención de los efectivos” pertenece a un vecino, Sixto Alvarez, que expresó que, “momentos antes se despertó por la detonación de un arma de fuego, donde se levantó y mirando por la ventana de su habitación y a unos 15 metros vio que este muchacho de espaldas retrocedía por la vereda de enfrente siendo atacado por dos chicas, que una portaba un arma de fuego tipo revólver”.

Cuando Alvarez compareció en calidad de testigo ante la fiscal de la causa, Luisa Pontecorvo, nueve días después de su primera versión ante la policía, sostuvo: “Recuerdo que ese día eran las 7:15, y yo me encontraba mirando la tele en mi casa, acostado junto a mi señora, no me podía dormir. En eso escuché la detonación de un arma de fuego”. Para la instrucción y la fiscal fue irrelevante saber si Alvarez “dormía o estaba despierto”.

Tampoco resultó de interés para los instructores, la fiscal y la abogada defensora oficial de instrucción en ese momento, Dra. Manuela González, determinar quién efectuó el disparo, atento a que el móvil nace allí, es decir, el disparo genera la pelea. ¿Por qué razón o causa la Dra. Pontecorvo no ordenó las pruebas de parafina (permite detectar resto de pólvora), claves para definir un elemento sustancial en la causa, más aún cuando el arma de fuego no fue secuestrada? Hay un procedimiento se incorpora al expediente en los últimos días de diciembre de 2012 con un resultado notable. Tras la prueba de parafina dispuesta por la Dra. Pontecorvo se comprueba que Leguizamón tenía una deflagración de pólvora en el pantalón, lo que demuestra que la supuesta víctima portaba el arma de fuego.

Sobre las heridas en el cuerpo de Leguizamón, la fiscal afirma en la solicitud de prisión preventiva y citación a juicio del 9 de marzo de 2011 que las hermanas Jara efectuaron “múltiples golpes y puñaladas en su cuerpo, ello mientras se intercambiaban entre sí dichos objetos y los emplearon de modo sucesivo con la única intención de concretar su designio”. De acuerdo a la historia clínica remitida por la dirección del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Leguizamón presentaba una “herida contuso cortante en el parietal izquierdo y lesión en tórax por herida de arma blanca”. Esa descripción habla de dos y no de múltiples heridas. Se diagnóstica neumotórax bilateral, sin presencia de sangre en los pulmones, lo que habla de una herida en la espalda que jamás puso en riesgo la vida del paciente, un hombre que al momento de ingresar a la guardia presentó “antecedentes de alcoholismo, tabaquismo y adicto a drogas”. El perito oficial, Dr. Horacio G. Nelson afirma en contradicción con lo expuesto en la historia clínica que la herida en la parte posterior del tórax provocó un hemo neumotórax, por lo que se le efectuó un drenaje bilateral, al tiempo que la historia clínica indica que el procedimiento efectuado a Leguizamón consistió en una “aspiración”. La diferencia entre un procedimiento y otro es la presencia de sangre en los pulmones. Esto es de suma relevancia para dilucidar si la carátula puede ser definida como tentativa de homicidio o lesiones.

Para la jurisprudencia es fundamental si el acontecimiento ventilado en cada una de las etapas del proceso puede sustentar objetivamente si hubo riesgo comprobable en la vida de la supuesta víctima. ¿Alguien puede explicar por qué aún existiendo esta contradicción tan grosera la fiscal Pontecorvo otorga validez a la palabra del perito oficial y descarta por completo los informes de la historia clínica? ¿Objetó la defensora oficial Manuela González este punto central en la causa?

El informe traumatológico de Marina Jara dice que “presenta excoriación en dedo y mayor de mano derecha, lesión producida por roce con o contra superficie dura”. En Ailén Jara aparecen “heridas contuso cortante y hematoma en antebrazo izquierdo, en dedo meñique de mano derecha, excoriación en mano izquierda; dichas lesiones fueron producidas por golpe con o contra superficie dura y filosa”. Estas pruebas materiales y objetivas dan cuenta que existió una pelea. ¿Cómo es posible que se haya tomado la versión de Leguizamón que afirma que sólo trató de cubrirse del supuesto ataque, casi en forma pasiva? ¿No mereció evaluación los antecedentes penales de Leguizamón, robo agravado por el uso de arma de fuego y privación ilegal de la libertad?

Hasta aquí, la actuación del Ministerio Público y la defensa oficial remite a consensos elocuentes que anulan la cuestión de fondo: Ailén y Marina Jara evitaron un ataque sexual.

La Dra. Luisa Pontecorvo cierra la Investigación Penal Preparatoria el 9 de marzo de 2011, veinte días después del hecho. Solicita la prisión preventiva de las imputadas y la elevación a juicio. Se fija para el 14 de marzo la Audiencia Preliminar prevista en el Artículo 168 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. En esa audiencia oral pero no pública, a pesar que el artículo es claro al respecto, Elena Salinas, madre de las jóvenes, debió permanecer afuera de la sala. Para la ocasión, el Dr. Héctor Baltar, por ausencia de Manuela González, actuó como defensor oficial y argumentó que “con lo actuado en la causa, no se encuentra acreditado el dolo homicida sino un acto de defensa…”. Luego agrega que “entiende que al menos debe recalificarse el hecho que se les imputa a las Jara como constitutivo del delito de lesiones graves y en consecuencia se le conceda la excarcelación”. No sólo fijó ese pedido sino que planteó como segunda opción la morigeración de la pena mediante la modalidad de prisión domiciliaria con autorización de salidas laborales. Esa petición estuvo fundamentada en que Ailén y Marina contaban con trabajo y certificados de estudios, además de no tener antecedentes penales.

La solicitud de Pontecorvo tuvo el efecto deseado. La causa cerró su etapa de instrucción y fue elevada a juicio por la Jueza de Garantías Adriana Julián el día 22 de marzo de 2011 quien sostiene la prisión preventiva. El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Mercedes, compuesto por los doctores Bustos Berrondo, Marco Barski y Graciela Larroque resultó designado para culminar el proceso. El Dr. Guillermo Altube quedó como Fiscal de Juicio y la Dra. María Celina Bereterbide como defensora oficial. Pasaron veinte meses para que se produzca otra audiencia preliminar. El 26 de diciembre de 2012 las hermanas Jara contaron con el patrocinio letrado del Dr. Isidro Encina, abogado particular. En la ocasión se aportaron avales de organizaciones sociales de género que se presentan como garantes para levantar la prisión preventiva. Encina solicitó el cese de la prisión por considerar que el resultado pericial “determina que la deflagración de pólvora en el pantalón de Leguizamón demuestra que éste portaba el arma de fuego”. Como segunda instancia demandó al tribunal la morigeración de la pena que otorga la prisión domiciliaria. El Fiscal de Juicio Altube negó las dos opciones al igual que el Tribunal, considerándose por esas partes que la prueba “no cambia el escenario ni modifica la causa, ya que no es algo concluyente”. No obstante, los dos jueces presentes (Barski y Bustos Berrondo), abren la posibilidad de conceder una medida morigeratoria (prisión domiciliaria), al tiempo que sugieren buscar una salida a través del juicio abreviado. Como "curiosidad" de esa AUDIENCIA PRELIMINAR, el fiscal del juicio Altube, cuando daba su alegato oponiéndose al levantamiento de la prisión preventiva, en tres oportunidades se refirió a Ailén y Marina como "las víctimas" (cuando en realidad son imputadas) y en una oportunidad se refirió a la supuesta víctima como "imputado". Al día siguiente (27 de diciembre) golpean a Ailén en la Unidad 5 de Mercedes donde se encontraba en tránsito. A la noche son trasladadas a la Unidad Nº 8 de Los Hornos en La Plata. La agresora es una mujer, la penitenciara Anahí Maciel, Jefa de Guardia. La Procuraduría de Los Hornos presentó ante el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la denuncia por los golpes que recibió Ailén Jara en Mercedes. Lo mismo hizo el Comité contra la Tortura, un organismo dependiente de la Comisión por la Memoria. Por la feria judicial, la causa quedó en manos del Tribunal en lo Criminal Nº 4 presidido por Fabián Brahim. También por la feria, el fiscal de juicio dejó su lugar a la fiscal Falabella. No obstante, Altube colabora con la fiscal Falabella que presenta por escrito la posición de la fiscalía donde no objeta la prisión domiciliaria de las jóvenes, teniendo como argumento el informe psiquiátrico y psicólogico de las jóvenes que remitiera la Unidad N 8 de Los Hornos. El día viernes 4 de enero el Tribunal Nº 4 consideró necesario pedir una ampliación del informe al grupo de peritos de la Unidad Nº 8 de Los Hornos de La Plata. De uno de los informes socio ambiental, que ya está incorporado en la causa, surge la historia familiar con sus hechos de violencia claramente descriptos. Elena Salinas y sus niñas/os fueron víctimas de violencia familiar durante más de 10 años por parte de su marido y padre de las jóvenes. Los vecinos y los familiares de Ailén y Marina dan cuenta del acoso de Leguizamón hacia Ailén, a punto tal que “pretendió prohibirle transitar libremente por el barrio”.

La justicia en el caso de las hermanas Jara deja un número: intervinieron hasta aquí seis mujeres, la fiscal Pontecorvo, la Jueza subrogante Mirta Guarino, la defensora oficial en la etapa de instrucción Manuela González, la Jueza de Garantías Adriana Julián, la Dra. María Celina Bereterbide como defensora oficial de juicio y la Dra. Graciela Larroque, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Mercedes. Ninguna de ellas evaluó o consideró que las jóvenes actuaron en defensa propia. Ailén y Marina Jara son las únicas víctimas de un sistema aberrante que sólo fortalece la condena… ante la mínima duda.





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