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Domingo, 10 de Diciembre del 2017


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Amplió la denuncia penal por irregularidades en el Consejo Escolar

jueves, 30 noviembre, 2017

SEBASTIÁN NASIF Y EL ASESORAMIENTO LEGAL –

Una semana después de haber presentado el escrito judicial, el avocador (interventor) acompañado por el abogado Walter Oscar Bonavera, dejó otro hallazgo administrativo que, a su entender, ya no tiene respuestas del mismo tenor. Señala a los tres consejeros escolares denunciados penalmente, a los propietarios de la empresa PASFIN S.A pero agrega a la directora de una escuela.

Antes de sintetizar el caso (porque se trata de uno), Nasif le señala al fiscal (Dr. Lorenzo) que cuando asumió la avocación en el Consejo estaban trabajando unas cincuenta personas que decían ser empleados del Municipio, y que prestaban colaboración en el Consejo Escolar de Moreno”.

El interventor, cuenta en la ampliación de la denuncia penal, “le comunica que no podían continuar allí y acataron la instrucción”. Tras ese cambio. Nasif afirma que “el personal estable de la entidad le comenta que esas personas no les permitían realizar su tarea, ya que con la anuencia del señor Tesorero Jorge Eduardo Almada, los tenían apartados de la administración y verificación de la documentación que terminaría produciendo una orden de pago”.

También apunta el escrito presentado ayer, que la consejera Cecilia Verónica Parentti tenía personal externo que colaboraba con ella en su tarea de secretaria y también Mónica Berzoni (presidenta) pero en menor medida, dice la nueva denuncia.

EL CASO DE LA ESCUELA 41

Quienes pueden olvidar a las madres de la ESB N° 16 que pelearon por un edificio verdadero para sus hijos. En la memoria está el intento de paneles podridos para sostener lo modular, enviados de Provincia al Consejo Escolar (gestión anterior). Nadie eliminó los padecimientos de esa comunidad que se agigantan con el tornado de abril de 2012.

Es esa escuela que, tras luchas conocidas, obtuvo el derecho de contar con un edificio de ladrillos, concreto, sostenible. En el barrio Lomas de Casasco la Escuela Secundaria Completa N° 41 (ex ESB 16) es algo más que una estructura que alberga “gente”. Son historias que se reúnen y arman un desarrollo de vivir y sobrevivir en zonas donde el Estado se fue, dejando surcos y abismos.

La Secundaria y, por disposición central, no tiene servicios de comedor (excepto las Técnicas). La necesidad, el hambre, las miradas penetrantes, el conocer esas historias, hizo que la Escuela Secundaria Completa N° 41 tenga el servicio de comedor aprobado en sesión del Consejo Escolar, pero según la ampliación de denuncia penal, “carece de total valor legal, ya que no se notificó a la Dirección de Consejos Escolares del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, además, no hay comedores para colegios secundarios, ni se inició el trámite planteando la excepción”.

Pero el hecho que provoca “llevar a la justicia el caso de la Escuela 41 (Lomas de Casasco)” es la repetición del esquema detectado anteriormente, con una cantidad de remitos que no se pueden sostener en los meses y en los montos, pero además porque se entregó mercadería para almuerzos y sin embargo se recibió por remito mercadería de merienda reforzada y desayuno del Programa Adolescente (ADO).

El escrito que ya está en la causa que maneja el fiscal Gabriel Lorenzo, dice que “el 7 de septiembre de 2016, por disposición del Consejo Escolar de Moreno, se establece la apertura del servicio de comedor en el Establecimiento de la E.S.B. 16 (E.E.S. 41), dicha acta se acompaña en copia simple. Esa disposición carece de total valor legal, ya que no se notificó a la Dirección de Consejos Escolares del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, además, no hay comedores para colegios secundarios, ni se inició el trámite planteando la excepción. Entonces, entre la Directora del Colegio en cuestión Profesora Marcela Montiel, el proveedor Pasfin S.A., y las autoridades del Consejo Escolar de Moreno; se pusieron de acuerdo y en forma clandestina armaron un comedor sin las características técnicas necesarias y exigidas por estándares de uso corriente que garanticen la higiene y la seguridad de la cadena de frío de los alimentos en cuestión”.

Esos acuerdos que “garantizaban la comida a los alumnos /as” fue monetizado. Estaría comprobado que el Consejo Escolar le abonó a la firma PASFIN S.A en dos períodos (seis meses) de contrato la suma de 1.154.307, 60 pesos (entre marzo y agosto de 2017) de acuerdo a la planilla adjunto y el detalle de la misma, pero según los cupos otorgados por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) el valor de la mercadería entregada debía ser de 616.686,90 pesos. En este caso denunciado, involucra a los mismos funcionarios, la misma empresa y sus responsables y se suma la señora directora del Establecimiento Escolar y quienes debieron fiscalizar a la Directora de la Escuela Secundaria N° 41.

Los que saben del “funcionamiento” aseguran que el proveedor (cualquiera) entrega mercadería y lleva el remito una vez por semana. Un mes tiene cuatro semanas y eventualmente cinco. Por multiplicación, los seis meses que la avocación observa debía tener entre 24 y 26 semanas, por ende la misma cantidad de remitos. Sin embargo, según la denuncia penal coloca en manos del fiscal Lorenzo lo siguiente: En las planillas adjuntas se puede apreciar la entrega de 19 remitos con mercadería solo en el mes de mayo del corriente año; y en total, durante los seis meses de contrato auditado se entregaron 86 remitos con mercadería que se abonaron sin mencionar que estaban entregando mercadería que nadie revisaba su contenido, su calidad y su procedencia.

Remitos, no control, pagos importantes, la misma empresa y una acción penal que va en cuotas.

La ampliación tiene un cierre que abrirá testimonios, no en los medios, sino en la fiscalía de Gabriel Lorenzo: Se puede apreciar nuevamente que los consortes de causa actuaron nuevamente en forma organizada, con total acuerdo de las partes, con distribución de roles y tareas, sumando un nuevo actor a la organización delictiva (la señora Directora) y con la finalidad de defraudar al erario público en los pagos de los seis meses de contrato denunciado; o sea, ochenta y seis remitos cometiendo 86 ilícitos, poniendo en peligro la salud y seguridad de los adolescentes a los que se les brindaba un servicio clandestino desde una organización gubernamental, y que esas 86 entregas ilícitas se abonaron en seis cheques con un perjuicio para el Estado Provincial de $ 539.620,70,  casi cien mil pesos por orden de pago”.

Cabe recordar que la semana pasada el avocador Sebastián Nasif aportó pruebas sobre la defraudación en diecisiete colegios en cuarenta y cinco oportunidades y en un monto calculado en $366.220,40.

Ahora es una escuela con una probable defraudación de 539.620,70 pesos.

Se avecina una segunda ampliación porque así está redactado el documento judicial: “Vengo a informar a la fiscalía actuante que tenemos mas elementos de prueba de otros ilícitos cometidos por los mismos actores; pero por razones de tiempo y organización no hemos podido entregarlos y denunciar los mismos hasta la fecha. En un breve lapso de tiempo, ofreceremos a la fiscalía nuevas pruebas de mas hechos delictivos cometidos por los denunciados en autos. Puedo adelantar que en breve acompañaré las pruebas de los ilícitos cometidos en la escuela N° 44.







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