Por Larisa Pérez / Izquierda Diario.- El juicio volvió a poner en discusión las enormes irregularidades en el funcionamiento de las licitaciones de la obra pública, algo que ocurre en todos los gobiernos capitalistas. El propio Grupo Macri estuvo implicado en diversos negociados a lo largo de su historia. Además, quedó en evidencia la cercanía entre fiscales y jueces con el macrismo, algo que pone en cuestión la imparcialidad. Se recurrió a la figura de “asociación ilícita”, que es utilizada arbitrariamente por el Poder Judicial contra sectores opositores y, muchas veces, contra el derecho a la protesta por organizaciones sociales. No se pudo probar un vínculo directo de Cristina Kirchner con los hechos investigados, aunque resulta difícil creer que no sabía lo que ocurría.
Este lunes por la tarde, el fiscal Diego Luciani finalizó su alegato pidiendo las condenas para los imputados en la llamada causa Vialidad. Para Cristina Kirchner pidió 12 años de cárcel, acusándola de ser la jefa de una asociación ilícita y defraudar al Estado. Además pidió la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Esto último también fue solicitado para el resto de los acusados. Además, pidió la misma condena de prisión (12 años) para Lázaro Báez, y solicitó 10 años para Julio De Vido, José López y Néstor Periotti.
Además, pidió que se decomise la suma de $ 5.321.049.272,47 que, argumentan la Fiscalía, es el monto por el cual habría sido defraudado el Estado. En ese marco pidieron que se actualice el monto a su equivalente a la fecha. Ese monto deberá prorratearse entre los imputados según el grado de responsabilidad en los delitos. Esto incluye los bienes de Lázaro Báez y sus hijos. Luciani también agregó la solicitud de investigar posibles delitos cometidos por las empresas Petersen, Thiele y Cruz, Suco y Equimac por la eventual realización de maniobras en las licitaciones o en relación con otros funcionarios públicos de inspección.
Finalizada la acusación, tomó la palabra el abogado defensor de Cristina Kirchner para realizar el pedido de ampliar su declaración indagatoria este martes 23, argumentando que los alegatos de los fiscales introdujeron pruebas no expuestas previamente y necesarias de contestación, a fin de respetarse el principio de debida defensa en juicio. Tras un cuarto intermedio, el juez Giménez Uriburu -quien fuera recusado por su relación estrecha con Luciani y Mauricio Macri-, leyó el rechazo del tribunal al pedido. El argumento es que la vicepresidenta tendrá derecho a ser oída al momento de decir «sus últimas palabras», antes del dictado de sentencia y tras los los alegatos de las defensas.
En este juicio, una parte del Poder Judicial, con el respaldo de la oposición de derecha y la gran corporación mediática, busca una condena a Cristina Kirchner que la inhabilite y condicione políticamente a futuro. La vicepresidenta responde, junto a todo el kirchnerismo y el Frente de Todos, que la causa es una persecución política, armada sin fundamentos, un ejemplo más de “lawfare” en Argentina.
De hecho, apenas conocido el pedido de Luciani, el oficialismo salió a mostrarse unido en defensa de CFK. La CGT -que se niega a convocar a un paro nacional contra el ajuste- publicó un comunicado contra la causa. Minutos más tarde el presidente Alberto Fernández emitió una declaración directamente desde la Presidencia de la nación. Allí se condena “la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita», como si esa figura no se hubiera mantenido durante los 12 años de Gobiernos kirchneristas. Más tarde habló Sergio Massa, quien criticó que “es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes”. Sin embargo, aquí no se trataba de cualquier funcionario público, sino de varios de los más cercanos a la entonces presidenta, como Julio De Vido y José López.
Mientras el juicio copa los titulares de medios de comunicación a un lado y otro de la “grieta”, el ajuste que viene aplicando el Gobierno del Frente de Todos -con medidas apoyadas por Juntos por el Cambio- y las consecuencias que sufren las grandes mayorías trabajadoras, quedan fuera de la agenda de las noticias.
En este juicio hay dos cuestiones al menos que quedan claras. Por un lado, la innegable corrupción en la obra pública de la “patria contratista” como parte estructural de la corrupción bajo los gobiernos capitalistas. Una relación que ha beneficiado a empresarios de todo signo político. Desde su fundación, el crecimiento del Grupo Macri estuvo ligado en múltiples formas a los negociados con el Estado en el terreno de la obra pública.
Por otro lado, que la sentencia, de dictarse acorde al pedido del fiscal -como todo pareciera indicarlo- estará teñida de la parcialidad por parte de jueces y fiscales amigos del macrismo, que se han servido mecanismos propios de los servicios de inteligencia para juzgar a opositores.
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