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Desalojo en Guernica: CELS y Serpaj denuncian que el fiscal y el Gobierno suspendieron la mesa de diálogo

jueves, 29 octubre, 2020

El Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), interpeló en el día de ayer al juez de Garantías de Cañuelas Miguel Martín Rizzo, quien ordenó el desalojo de las 1400 familias de Guernica que se efectivizó hoy. En un documento presentado ante el juez, los organismos reclamaron al magistrado suspender el desalojo a fin de “asegurar una relocalización colectiva que asegure los derechos fundamentales de alrededor de 1400 familias en juego”. El 27 y 28 de octubre, el Gobierno, desconociendo todo el trabajo en conjunto de diálogo con los delegados y delegadas de la toma y organizaciones, abandonó la negociaciones. Cobertura colaborativa*.


En horas de la madrugada alrededor de 4000 efectivos, comandados por Sergio Berni, ordenados por el juez Miguel Martín Rizzo, dieron inicio al desalojo de 1400 familias de Guernica bien temprano por la mañana. Hace más de 100 días la asamblea de las tierras recuperadas, en conjunto con las organizaciones sociales y políticas, venían resistiendo las amenazas de desalojos y sosteniendo un diálogo permanente con las autoridades, a fin de una respuesta habitacional efectiva.

El documento de Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) da cuenta de la predispoción de delegados, delegadas y organizaciones de encontrar una salida que no fuera la represiva. El Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés el “Cuervo” Larroque días atrás afirmaba que sólo quedaban en el predio “200 familias” y acusaba a las organizaciones de entorpecer las negociaciones. Ante esto, un nuevo censo realizado por las familias y organismos de derechos humanos arrojó el relevamiento de alrededor de 1400 familias habitando el predio.

Imagen de la última reunión entre delegados/as de las familias y el Gobierno

“Las divergencias sobre la cantidad de familias que requerían respuestas concretas de relocalización limitaron las posibilidades de diálogo, por lo que se promovió la realización de un relevamiento de tipo censal, participativo, con presencia de las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta presentación en calidad de veedores de ese proceso. Este dispositivo se realizó entre el 19 y el 21 de octubre, y arrojó como resultado final la presencia de alrededor de 1400 familias. Estos números fueron coincidentes tanto para los representantes del Estado provincial, como las organizaciones sociales, referentes, delegados, delegadas y familias”, informaron los organismos al juez Rizzo.

Los días 27 y 28, los delegados y delegados presentaban ante las autoridades una contrapuesta votada en asamblea, acorde a la cantidad de familias contabilizadas, para solucionar la necesidad de vivienda, consistente en la entrega de 30 hectáreas o 1400 lotes. Sin embargo, en el día de ayer “las partes se encontraban realizando distintos ajustes sensibles a las propuestas de salida pacífica acordada. Estos ajustes tenían que ver, por ejemplo, con la conformación de los anexos finales, la identificación de las familias, la certificación de las asambleas de los acuerdos alcanzados, entre otras cuestiones.

Imagen del acta acuerdo y las condiciones que habían acordado los delegados y delegadas del Barrio La Unión y el Gobierno, que luego se frustró porque el fiscal y el gobierno abandonaron la negociación.
Imagen del acta acuerdo y las condiciones que habían acordado los delegados y delegadas del Barrio La Unión y el Gobierno, que luego se frustró porque el fiscal y el gobierno abandonaron la negociación.
Imagen del acta acuerdo y las condiciones que habían acordado los delegados y delegadas del Barrio La Unión y el Gobierno, que luego se frustró porque el fiscal y el gobierno abandonaron la negociación.

En ese contexto, el dispositivo interministerial informó que el Sr. Agente Fiscal consideró que los plazos estaban agotados y por lo tanto no había ninguna contemplación para que el acuerdo se pusiera en práctica. Esto, sin tener en consideración que uno de los acuerdos verbales alcanzados consistía en la posibilidad de que el Barrio Unión pudiera organizar la salida del predio esta misma tarde. Ello luego de que la asamblea de familias votó a favor de la propuesta del Estado. Cuestión que también sucedió en el día de hoy, 28 de octubre, en el barrio La Lucha, de acuerdo a la información provista por organizaciones sociales”, agregaron en el documento.

En horas de la noche, en una conferencia desde la toma, vecinos y vecinas de Guernica informaban que el Ministerio había abandonado la mesa de diálogo y la orden de desalojo no iba a ser suspendida. Anunciaban la jornada solidaria y vigilia en la toma, en medio de las amenazas y un corte de luz. Responsabilizan al gobierno de Alberto Fernández, Axel Kicillof, a Andrés Larroque y a Sergio Berni del saldo represivo del operativo del desalojo y de cerrar el canal de diálogo a fin de solucionar el reclamo de vivienda. “Podrá entender Usted que la relocalización colectiva y masiva de más de 1000 familias requiere la necesidad de planificar el desplazamiento físico, coordinado, ordenado, de modo que se registren las pertenencias de cada una de las familias, etc., que debe empezar por uno de los sectores, lo que, por cierto, ya estaba definido. La concreción de un despliegue de esa envergadura necesariamente lleva tiempo. Esto se traduce, planificación mediante, en días de trabajo”, interpelaron al juez.

En horas de la madruga de hoy, 4000 efectivos comandados por Sergio Berni concretaron el desalojo en medio de las resistencia de las familias y las organizaciones que vienen acompañando el proceso. El saldo: más de 39 detenidos, heridos, un desaparecido, Victor Ezequiel Guillermo de 18 años, y 1450 familias junto con sus niños y niñas otra vez a la calle.

* Cobertura colaborativa de medios alternativos: Antena Negra TV – Anred – Ancap – Aislamiento Represivo – Matanza Viva – La retaguardia – Radio Las Cavas – Periodico Gatx Negrx – Chasqui TV







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