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PAIS / MUNDO

“El aumento en las tarifas del gas establecido por la Resolución 212 es irrazonable e inaplicable”

macri-aranguren
Viernes, 21 octubre, 2016

EL MODELO DE MACRI CON UN NEGOCIO CERRADO –

Por Ricardo Vago (1) – Cuando en agosto de este año la Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso extraordinario que anulaba las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación 28/2016 y 31/2016 en lo referente a los usuarios residenciales del servicio de gas natural y dispuso la necesidad de la realización de una audiencia pública con el objeto de tratar no solamente el transporte y distribución del gas natural (servicio público) sino también los valores del gas de boca de pozo o lo que es lo mismo el precio de ingreso de sistema de trasporte PIST , todos aquellos que nos habíamos opuesto a los aumentos tarifarios planteados por el gobierno de Macri consideramos que habíamos tenido un importante éxito.

La realidad es que nos equivocamos y el resultado normativo de esta audiencia es la Resolución 212/16 dictada por el ministro Aranguren que tiene beneficios en el corto plazo pero que en el mediano y largo plazo es perjudicial para los usuarios y globalmente para el país, tanto por no favorecer el autoabastecimiento energético como por posibilitar presentaciones ante árbitros internacionales como consecuencia de las posibles demandas a realizar por las empresas petroleras ante las modificaciones futuras  de esta norma.

La Corte Suprema Justicia, al dar lugar al amparo presentado por la Asociación de Usuarios y Consumidores Argentinos dispuso nulidad de la Resolución 28/2016 y la 31/2016 que definían un precio promedio ponderado de 4,72 dólares por Millones de Btu el gas en boca de pozo y que significaba un aumento del 332% sobre los valores anteriores que pagaban los usuarios residenciales, y obligó al Ministerio de Energía y Minería a realizar una audiencia pública para tratar  los incrementos tarifarios, tanto en los precios de boca de pozo como en las tarifas de transporte y distribución, los que debían ser considerados y evaluados bajo los criterios de certeza, previsibilidad , graduabilidad y razonabilidad para que los mismos pudiesen ser implementados con legalidad constitucional.

El Ministerio de Energía realizó la Audiencia Pública con un enorme despliegue de fuerzas policiales y con una organización que dificultó la difusión noticiosa de la misma. Así reafirmó y potenció su propuesta convirtiendo a la misma en un ámbito para la legitimación de una política duradera hasta el año 2022  para la industria del gas con fuertes  incrementos tarifarios graduales a los usuarios y con el objetivo que cada usuario, cualquiera fuese su zona residencial del país y su consumo,  paga como precio en boca de pozo por el gas que recibe, el valor equivalente al gas natural licuado importado más el costo de la regasificación del mismo. Este valor es hoy de 6,78 dólares por MMBtu, habiendo sido el año pasado 11.50 dólares. Los únicos exceptuados serían  los beneficiarios con la tarifa social dispuesta para los servicios de gas y electricidad por el actual gobierno, quienes pagarían la tarifa de distribución y transporte.

Lo que definió el ministro fue un criterio político económico sobre el precio objetivo a alcanzar por el gobierno para la industria del gas que utilizamos los argentinos. Se podía haber optado por considerar un costo de explotación de los yacimientos más un margen de rentabilidad o también el costo promedio ponderado del gas en sus distintas formas de provisión:

Gas convencional 2.5 dólares por MMBtu

Gas incremental 7.5 dólares por MMBtul

Gas importado de Bolivia 3 dólares por MMBtu

Gas importado de Chile 7 dólares por cada millón de Btu

No obstante estas opciones, el gobierno de Macri prefirió utilizar el criterio más conveniente para  la industria del gas, el del costo de oportunidad que estaría dado  por el valor marginal de incrementar la oferta al mercado a través de las importaciones  de gas natural licuado que es transportado por  los barcos metaneros que hoy atracan en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, junto a los barcos con equipos regasificadores.

 

El valor en boca de pozo para las tarifas residenciales es, actualmente, el 1,29 dólares para todo el país excepto la Patagonia, la Pampa y la Puna que tienen un valor de referencia de 0,11 dólares por cada millón de Btu.

En la audiencia pública, el sector industrial de la industria extractiva del gas acompañó esta propuesta, siendo la misma rebatida por los defensores del pueblo y asociaciones de consumidores y consumidores en general que, desde distintas ópticas, plantearon la necesidad de evaluar con criterios más sociales, equitativos y realistas  las implicancias sociales y económicas que iban a producir esta escala de aumentos tarifarios propuestos por el gobierno nacional. Hay que resaltar que dada la sucinta información presentada previamente por el Ministro Aranguren en informes y power point, la mayoría de los oradores que se oponían no alcanzaron a ponderar en su total dimensión las implicancias futuras  de la propuesta oficial.

Como era de suponer, en los fundamentos de la Resolución 212/2016, el Ministerio de Energía consideró, desde su perspectiva, todo lo dicho en la audiencia pública y  reafirmó su propuesta salvo detalles menores, a la vez que clarificó normativamente lo que se esbozaba con grandes indefiniciones en los informes previos. En síntesis, desde un análisis objetivo el resultado es netamente perjudicial para los usuarios y compromete el interés nacional, tanto en el desarrollo del auto abastecimiento del gas natural como en perjuicios económicos que sufriría el Estado nacional como consecuencia de posibles acciones judiciales a realizar por las empresas petroleras a consecuencia de la modificaciones profundas  de este régimen tarifario por ser irrazonable e incumplible por los usuarios de las zonas más frías del país

Esto es comprobable realizando un análisis exhaustivo de la mencionada resolución 212  del 6 octubre del 2016.

a)- Define, como hemos dicho previamente, que el precio que deben recibir las empresas petroleras es el equivalente al costo del gas natural licuado importado  que se paga en los puestos de Escobar y Bahía Blanca más el costo de regasificación. Hoy el valor es 6,78 dólares por millones de  MMBtu. Este valor es el mayor valor a fijar pues es el valor que considera al gas como comodity y se olvida de que la Argentina es un país que tiene gas. La producción nacional de gas abastece poco más del 70 por ciento del consumo completándose las necesidades del mismo con gas importado de Bolivia y Chile. Al fijar este valor del gas natural licuado más regasificación lo que van a pagar los usuarios será variable según las fluctuaciones que tenga este precio del mercado internacional. En el año 2015 el valor superaba los 11 dólares  por millón de  MMBtu lo que demuestra las enormes fluctuaciones  de este precio en el mercado internacional a lo que hay que afectar por las variaciones del tipo de cambio, pues   objetivo de precio a alcanzar es de por si en dólares y el mismo no es definido por costos reales propios.

b)- Se establece que los usuarios residenciales pagarán el 50% del valor del gas natural licuado al 1º de octubre del 2016,  y a partir de esa fecha se incrementará en seis semestres el porcentaje a abonar (56%,  62 %, 69%, 78 %, 88 %, 100 % correspondientes al 1/4/2017, 1/10/2017/, 1/4/2018, 1/10/2018, 1/4/2019 y 1/10/2019) del valor del mercado internacional del gas natural licuado a las fechas definidas.

c)- A partir del 1/10/2016 las distintas categorías de los usuarios residenciales, (además del incremento explicado en el punto anterior) irán variando semestralmente acercándose en sus valores hasta alcanzar, al 1/10/2019, un valor común equivalente como se ha explicitado, igual al 100% del costo del gas natural licuado importado.

d)- Al alcanzar al 1/10/2019 un valor igual en todas las categorías de usuarios (R1 a R34) en lo referente a la componente de la tarifa del costo del gas en boca de pozo se anulan las diferencias de tarifa por cantidad de gas consumido (en lo referente al componente del costo del fluido gas), que es el porcentaje mayoritario en la tarifa final para el usuario.

.e)- Las disposiciones vigentes para los puntos anteriormente expuestos a, b, c y d rigen para todo el país menos para la zona Patagónica, La pampa y la Puna. Allí se establecen normas igualmente similares aumentando la gradualidad en la aplicación efectiva de la mismas ya que a partir del 1º de octubre de 2016 pagarán un 19% del valor del gas natural licuado importado incrementándose este porcentaje semestralmente hasta llegar a pagar el 100 % del valor definido por el mercado al 1º de octubre del 2022.

Estas políticas establecidas en la Resolución 212/2016, hay que analizarlas según el cumplimiento de los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema sobre asegurar certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad a los usuarios de esta servicio.

 GRADUALIDAD: es el único principio que cumple con claridad la norma 212/2016 pues extiende a seis semestres los incrementos semestrales a aplicar sobre el costo del gas natural licuado llegando al 100 % del valor en el  2019 y para las zonas de la Patagonia, la Pampa y la Puna en el año 2022.

CERTEZA: define con claridad el valor objetivo a alcanzar y es el costo del gas natural licuado vigente en mercado internacional, alcanzándose el pago del 100 % del mismo al 1º de octubre del 2019 y para las zonas de la Patagonia, la Pampa y la Puna en el año  2022. Pero esta certeza en el criterio utilizado en la norma no lo es en cuanto al valor en pesos a pagar por el usuario.

PREVISIBILIDAD: al establecer como objetivo a alcanzar el valor del gas natural licuado definido por el mercado internacional, que por supuesto está expresado en dólares, este es un valor de alta imprevisibilidad pues entre el año 2015 y el 2016 el mismo pasó de 11.5 a 6.78 u$s/MMBtu, en este caso favoreciendo al usuario por la baja en el  valor del barril de petróleo. Esta variación es independiente de los efectos de la economía  nacional. Por otra parte existe otro elemento de imprevisibilidad para el usuario y que es el valor dólar. Nuestro país ha tenido históricas fluctuaciones en cuanto la variación de la moneda estadounidense tanto en sobrevaluación como en subvaluación.

RAZONABILIDAD : es irrazonable que el usuario pague por un servicio esencial un valor mayor que lo que el mismo vale.  Según los informes entregados para la audiencia pública, el costo del componente gas con sus sustitutos (como gas oil) es de 5.22 dólares por millón de Btu, valor que será superado por los usuarios en poco más de un año y medio. Por otra parte es irrazonable e inaplicable que se defina un sendero de aumentos que tiene como objetivo a alcanzar que todos los usuarios del país paguen un valor unitario por m3 de gas, independientemente de la zona en que viven.

La Argentina es un país con profundas diferencias climáticas y con necesidades de calefacción totalmente diferentes. Existen normas IRAM de clasificación bioambiental  que determinan con rigor científico las necesidades de calefacción necesarias para alcanzar determinados grados de temperatura ambiente.  No utilizar estas normas que propician la equidad social y determinar normativamente que todos los usuarios del país paguen el mismo valor por el gas en boca de pozo que utilizan es irrazonable e imposible sostener su aplicación en el tiempo, además de provocar fuertes efectos de oposición socia y, que obligaría a su modificación,  independientemente de la existencia de la tarifa social.

Se ve  entonces, al analizar el cumplimiento de los criterios que debía cumplir el incremento tarifario dispuesto por el Gobierno Nacional que la resolución que lo instituye no cumple con los principios que la Corte Suprema planteó como necesarios para darle legalidad a los significativos aumentos propiciados.

Este esquema de definir regímenes tarifarios irrazonables con senderos de aumentos en plazos tan extendidos en el tiempo, solo le es beneficioso a las empresas gasíferas pues le da un paraguas normativo vigente altamente beneficioso y que en los primeros años de vigencia no se muestra en toda su irracionalidad y por lo tanto no surgiría una oposición frontal a la misma, que si se va a expresar cuando se pretenda aplicar con valores del 70 o más por ciento del valor de mercado del gas natural licuado importado, lo que va a producir en especial en la región patagónica conflictos sociales que van a impedir la aplicación de estos aumentos tarifarios, obligando a modificar esta ilegitima Resolución 212/2016.

Las inversiones que realicen las empresas gasíferas durante el tiempo que este en vigencia esta normativa, por la vigencia de los Tratados Internacionales de Protección Reciproca de Inversiones, tendrán derecho de presionar al Estado Nacional para que se haga cargo de cualquier rebaja en el sendero de aumentos estipulado, dado que estos tratados permiten recurrir a los procesos de arbitraje del CIADI. Se establece de hecho  entonces una especie de reaseguro judicial internacional para las empresas que efectúen  inversiones bajo este régimen inaplicable recientemente aprobado. Frente a esta alternativa, no podemos olvidar que Pan American Energy fue la segunda empresa en recurrir al CIADI al momento de la pesificación de los contratos y altos ejecutivos de la misma hoy son importantes funcionarios del área.

Podemos seguir enumerando perjuicios que existen en la normativa, como por ejemplo al tomar el año 2015 como base para definir los ahorros que determinan rebajas tarifarias, en ese período hubo un clima benigno y entonces será muy difícil bajar los valores consumidos de gas en los próximos inviernos, o el efecto de poner  límites máximos a las facturas  en cuanto a no poder superar el 300 o 400 por ciento del valor de las facturas del año anterior según las categorías de las mismas.

Por todo esto corresponde impulsar una amplia difusión y debate de toda la Resolución  212/2016  del Ministerio de Energía y Minería a fin de propiciar un cuestionamiento político y jurídico de oposición a la misma con vistas a una rectificación profunda de los criterios perjudiciales para los usuarios y para el país.

(1) Diputado (MC) Partido Socialista.

 







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