Desalambrar

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POR LAS MUERTES DE SANDRA Y RUBÉN –

En la apertura de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2016, María Eugenia Vidal en su función de gobernadora de la Provincia de Buenos Aires manifestó: “Nos duele haber encontrado miles de escuelas en emergencia edilicia”.

Aquella sentencia forma parte del proyecto de juico político que presentó el diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Guillermo Kane en la Cámara Baja bonaerense por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Agrega la iniciativa que Vidal ordena en aquel ejercicio “realizar un relevamiento a través de la Dirección General de Cultura y Educación” cuyo resultado nunca se publicó. Sin embargo, en noviembre de 2016, Alejandro Finocchiaro, Director General de Escuelas, declara en medios periodísticos que “de 11.213 edificios escolares el 80 por ciento tiene problemas de diversa índole”. De esas afirmaciones, el diputado Kane interpreta que “la gobernadora tenía conocimiento de las situaciones que advertían el peligro inminente de una tragedia que se abatía sobre los establecimientos educativos de gestión estatal de la Provincia de Buenos Aires. Era su deber, entonces, tomar las medidas que permitieran evitar la tragedia, a través de sus funcionarios y la áreas pertinentes”.

El proyecto de juicio político a Vidal, afirma que el Consejo Escolar de Moreno, intervenido por el Director General de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, había receptado ocho denuncias sobre el estado edilicio de la Escuela N° 49. Añade: “Puede establecerse así una cadena de decisiones y omisiones que vincularían a María Eugenia Vidal con los hechos que provocaron la muerte de Sandra y Rubén. La Constitución prevé el Juicio Político para determinar las responsabilidades políticas”.

Resulta valioso leer en la propuesta y sus argumentos, que hay materia por lo menos para discutir la responsabilidad. La misma yace en las medidas que adoptó Vidal teniendo, marzo de 2016, una mínima radiografía de la destrucción edilicia escolar. Desde el año 2016 y hasta la fecha fue reducido a la mínima expresión el programa de Gestión Integral de Riesgo Escolar, que tiene como objeto evaluar y establecer protocolos de acción ante casos que significan una amenaza para trabajadores y estudiantes. El programa pasó de tener 14 empleados a solo 4.

A fines de 2017 fue disuelta la Unidad Ejecutora Provincial, hasta el momento encargada de la proyección de obras en los establecimientos, con el consiguiente despido de 380 trabajadores, la mayoría de ellos aptos para el trabajo de reparación y construcción de establecimientos que se presenta como necesariamente urgente.

Otro punto es que la Dirección Provincial de Infraestructura se presenta virtualmente acéfala ya que su titular, Mateo Nicholson, está siendo investigado por la justicia luego de exigir a sus empleados la adulteración de presupuestos de manera tal que permitiera embolsar un sobreprecio millonario, hecho que no dio lugar a ninguna investigación de la Dirección General de Cultura y Educación para dar cuenta de la magnitud del desfalco de fondos estatales que eran desviados en lugar de ser destinados a subsanar los graves problemas edilicios, y de las consecuencias que de ellos se desprenden.

En otro párrafo, el diputado Kane del FIT, señala que desde que asumió Gabriel Sánchez Zinny, han sido suspendidas las reuniones tripartitas de miembros de la Subsecretaría de Gestión Territorial, de los Consejos Escolares y de la UEP (disuelta), que debían resolver el abordaje de los reclamos presentados por fallas graves en las escuelas.

Por lo hecho, por el vaciamiento, la omisión, lo no investigado, por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, para evitar otras “tragedias o crímenes”, el diputado Guillermo Kane presenta un proyecto que, hasta el momento, no tiene escucha ni tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.