«El ingreso ciudadano universal como derecho»

DESDE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD

Por Inés Iglesias / ANCLA Moreno

SOBRE LOS ANTECEDENTES

Ya desde los años 80 comenzó a debatirse la posibilidad de implementar nuevas estrategias de respuesta económica que garantizaran ingresos básicos, frente al desafío de enfrentar un escenario mundial caracterizado por:

Los cambios tecnológicos con los consecuentes desempleos masivos.
El debilitamiento de la seguridad social.
La creciente desigualdad por la concentración económica.
Estados deudores.
Políticas neoliberales de austeridad en lo social. Deterioro social.

El reemplazo del trabajo humano que en Argentina ha sido calculado en un 60% con posibilidad de ser automatizado, fue inicialmente la razón central que dio lugar al surgimiento de la propuesta de una renta básica universal, que compensara la disminución progresiva de la oferta de trabajo, junto al avance de la crisis del sistema neoliberal generador de desigualdad, precariedad y pobreza crecientes.

La pandemia de Covid-19 que azota al mundo puso en mayor evidencia las consecuencias del sistema injusto que hoy es puesto en cuestión, no sólo para enfrentar la crisis sanitaria sino para dar respuesta a la debacle económica y social resultante.

En nuestro país, los índices en pre pandemia anunciaban el grado de catástrofe social que había generado el macrismo y que la pandemia agravó:

40% pobreza
casi 50% niños en la pobreza
40% trabajo informal
8 millones de personas recibiendo asistencia alimentaria

Como toda crisis ésta puede representar, también, la posibilidad de generar una nueva normalidad que resulte de los cambios estructurales que la situación exige. Es en ese marco que se estudian nuevas estrategias que, articuladas e integradas, generen procesos de movilidad social ascendente, de mayores niveles de equidad, y posibilidades de crecimiento y desarrollo nacional.

SOBRE EL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL Y LOS INTERROGANTES A CONSIDERAR

En las últimas décadas y promovido por los gobiernos populares de Néstor Kirchner, Cristina y Alberto Fernández, se generaron y aún siguen vigentes, distintas formas de transferencia de ingresos para asistir a aquellos sectores de la sociedad que no cuentan con recursos propios para solventar niveles de vida dignos.

En general, estas transferencias exigen el cumplimiento de las condicionalidades que cada programa estipula. Actualmente, a la Asignación Universal por Hijo y planes sociales pre existentes, se sumaron nuevas transferencias con el fin de atender la emergencia socio económica y sanitaria: el IFE –Ingreso Familiar de Emergencia, el ATP – el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y otras formas de transferencia indirecta tales como la suspensión de aumentos de servicios básicos y alquileres, créditos bancarios a bajas tasas, y montos extraordinarios, anticipos de haberes y gratuidad de medicamentos asignados fundamentalmente a jubilados y pensionados de cobro mínimo.

Los últimos datos ofrecidos por el gobierno nacional indican que en el caso del IFE, lo cobran 9 millones de personas, con un presupuesto de 90 mil millones. El monto mensual correspondiente a AUH es de 120 mil millones y el monto destinado a planes sociales asciende a 5 mil millones.

Pasados los tiempos de pandemia en los que se pueda profundizar el plan nacional de crecimiento y desarrollo, los instrumentos que hasta ahora han sido de carácter asistencial frente a la emergencia, debieran traducirse en herramientas al servicio del señalado proyecto, que se instalen y permanezcan anticipándose a la necesidad de asistir cuando ésta ya se tradujo en problema.

Es en este marco que se reedita con fuerza la posibilidad de implementar el ingreso ciudadano universal. En tal sentido, la mayoría de los estudios y propuestas referidos al mismo plantean las siguientes cuestiones a definir:

El alcance de su universalidad: para todos y todas o gradualidad en su alcance.
Salidas parciales de emergencia o transferencia única de carácter preventivo promocional. La necesidad de respuestas inmediatas frente a la de construir consensos para que las transformaciones estructurales se logren y perduren. Salida coyuntural o transformación estructural. Meritocracia o salidas colectivas o la integración de ambos conceptos.
Las condicionalidades, sí o no.
El financiamiento, por emisión o por reforma del sistema impositivo que se juzga regresivo, centrando el principal aporte que provenga de las grandes fortunas.
El ingreso ciudadano universal confrontando con la “cultura del trabajo” y debilitando lo que constituye eje de nuestra identidad que es la consideración que el trabajo dignifica y ha sido el organizador de la vida de los argentinos. O el ingreso como derecho, considerándolo piso, base, integrado al impulso y la ampliación de las fuentes de trabajo.
La consideración de un salario básico universal compensatorio, con la condicionalidad de una contraprestación.

ANÁLISIS DE INTERROGANTES

El interrogante referido a la universalidad del ingreso se relaciona necesariamente con las posibilidades de resolución de la o las fuentes de financiamiento y la necesidad de que exista la firme decisión política y el consenso necesarios para hacerlo vigente.

Será por ello que las primeras definiciones del gobierno nacional en la persona de Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, referidas al ingreso ciudadano universal proponen las siguientes consideraciones:

La necesidad de que se den las siguientes condiciones para generar las transformaciones: que se constituyan en políticas de estado (refiere a modo de ejemplo que su ministerio ya lleva ejecutado el 120% del gasto anual), la inmediatez de las respuestas a la salida económica y social y construir los consensos necesarios que acompañen las decisiones de gobierno.
Gradualidad, teniendo en cuenta una primera etapa que dé respuesta a la necesidad de una salida urgente, que se relaciona con el apoyo inmediato a determinados sectores del trabajo informal, para garantizar un ingreso de base a la espera de salidas laborales más estables y duraderas. Ello manteniendo la AUH.

Cabe aclarar que la postura opositora a dicha gradualidad se sostiene desde el argumento que generalmente las gradualidades se terminan instalando como definitivas.

La necesidad de relacionar el ingreso con los otros dos ejes considerados centrales de la salida económica propuesta: el trabajo apoyando inicialmente la construcción, las tareas de cuidados, el reciclado, la producción de alimentos y la industria textil y el acceso a servicios básicos. Todo ello en el marco de la necesidad de construir nuevos paradigmas de los cambios profundos que garanticen movilidad social ascendente.
El financiamiento contemplando la necesidad de la emisión en la emergencia y el gravamen a las grandes fortunas, en el marco de la reforma impositiva.

Con respecto a las condicionalidades queda claro que si el ingreso es considerado un derecho que garantice el piso necesario para que cada argentina o argentino pueda resolver la búsqueda de alternativas laborales sin los apremios que supone no encontrarla en el corto plazo, o darse el tiempo para organizar su propio emprendimiento, entonces no corresponde suponer que tiene que responder a requisitorias que lo habiliten a recibirlo.

Tal como lo indican estudios realizados, las razones del desempleo se centran en el sistema económico imperante, que está lejos de lograr pleno empleo y, por el contrario y por las razones ya expuestas, reduce cada vez más las oportunidades y exige cada vez más capacidades que la formación media no garantiza.

Así se desarma el prejuicio muy fuertemente arraigado en los sectores medios y altos de la sociedad, referido a que la pobreza se explica por la “vagancia” propia de la población empobrecida y que los planes de transferencia lo que hacen es profundizarla.

El macrismo construyó sentido a partir de esa premisa, fomentando la meritocracia desde la que explicó que no existen los problemas sociales y la responsabilidad del estado en resolverlos y que cada uno tiene lo que es capaz de ganar por su solo y propio esfuerzo.

Sin embargo, es necesario despejar lo que se presenta como contradicción entre el ingreso ciudadano universal y el trabajo como organizador de nuestras vidas, valor que ha conformado parte central de nuestra identidad como pueblo. En la búsqueda de consensos, será importante resolverla por el camino de la integración de ambos, estableciendo que el ingreso propuesto como un derecho es el piso que apuntale, posibilite y complemente la organización para el trabajo. Pero será necesario ampliar la noción del trabajo incorporando tareas que el mercado no reconoce, – ejemplo las tareas de cuidados familiares de hijos o adultos mayores, el trabajo voluntario, artístico, capacitación, el teletrabajo, etc. – , así como la reducción del horario de trabajo y otras transformaciones que los desafíos del mundo presente y futuro exigirán.

En ese sentido va la propuesta de Amado Boudou, quien considera una primera segmentación a contemplar para el otorgamiento del ingreso básico a la población femenina, considerando todas las tareas domésticas que, aún y en general, recaen en la mujer. Algunos movimientos feministas la rechazan si esto significa “atar” dichas tareas sólo al rol de la mujer.

Respondiendo a la contradicción expuesta, se propone otra modalidad que es la de considerar un salario básico universal, en cuyo caso la condicionalidad es la consideración de una paga por una contraprestación. Los planes sociales, en general, son una experiencia en ese sentido atada al cumplimiento de tareas organizadas centralmente por los estados municipales, que el macrismo modificó por tiempos de capacitación como condicionalidad a cumplir, sin ningún plan ni ligazón con salidas laborales posibles.

La propuesta del salario básico universal llevaría a interrogarse si la población objeto es el desempleado/a cuando los datos estadísticos demuestran que un porcentaje significativo de quienes se hallan bajo la línea de pobreza son trabajadores/as.

Con respecto a la razón de la imposibilidad de sostener el ingreso ciudadano como universal por el financiamiento que ello supondría, podría disiparse en distintos sentidos:

La integración del presupuesto asignado a las distintas transferencias existentes sería una de las fuentes de financiamiento de este único ingreso.
La reducción del gasto que suponen las tareas burocrático administrativas, que devienen del establecer y revisar constantemente el cumplimiento de la condicionalidad establecida, según focalización.
El financiamiento sostenido centralmente por ingresos producto de la reforma tributaria, aplicando mayores gravámenes a las mayores riquezas que, por otra parte, devolverían el ingreso también recibido por esos sectores por su carácter universal, vía impuestos.

EL I.E.F.I. – LA OPCIÓN POR LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES

Desde el Instituto de Estudio y Formación para la Igualdad consideramos que el recrudecimiento a nivel mundial de la crisis del sistema neoliberal que la pandemia de Covid-19 visibilizó aún más, es demostrativo de la necesidad imperiosa de generar las condiciones necesarias para encarar, de modo más inmediato, los cambios estructurales que la hora exige.

En tal sentido y atendiendo al tema que se analiza, el ingreso ciudadano universal, creemos que existen los antecedentes en el país que habilitan su implementación de carácter universal. Sin embargo y si se juzgara necesario administrar gradualidades o segmentación, debieran considerarse en el marco de un plan nacional, que garantice avanzar en su carácter universal como derecho y sin condicionalidades.

El ingreso ciudadano universal tendrá que ser parte integral de una serie de transformaciones estructurales acordes a un nuevo paradigma de construcción de soberanía con justicia social, en el que la noción de arraigo será central para garantizar el desarrollo con equidad en todo el territorio nacional.

Será imprescindible respetar las realidades geopolíticas particulares que se expresan en las distintas regiones del país, que deben ser potenciadas en sus posibilidades de crecimiento para el bienestar de su población, impulsando y respetando sus deseos mayoritarios de nacer, vivir y realizarse en su propio terruño.

El llamado a construir un sistema más justo que desande el camino de las desigualdades, frente a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, deberá encarar la reforma tributaria que garantice el financiamiento necesario para la implementación de esta renta básica universal. La misma será la base de equidad que el estado garantice, no ya como paliativo que se otorga para asistir a determinada problemática individual-familiar, respuesta que, por otra parte, suele llegar tardíamente sino que se constituirá en un derecho a partir del reconocimiento que la problemática es social y son las transformaciones al sistema injusto que la provoca, las que tienen que reconocerlo y garantizarlo.

Modificar el modelo con centralidad en la actividad financiera por la recuperación de un sistema que recupere y amplíe las áreas productivas y de generación de empleo, institucionalizando las modalidades aún no reconocidas tales como las tareas de cuidados que hoy, en pandemia, han cobrado relevancia y visibilidad, será el marco desde el cual considerar el sentido de la renta básica propuesta.

Queda claro que, una vez más, la disputa es cultural y política, como conceptos integradores, y ello supone condiciones y consensos que nuestro gobierno, con fuerte decisión política y la organización popular que lo acompañe, tendrá que valorar a la hora de encarar las transformaciones estructurales que el momento histórico posibilita y exige. Entre otros, el ingreso ciudadano universal como derecho.