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PAIS / MUNDO

El poder económico y su impunidad

domingo, 3 diciembre, 2017

SOTERRAMIENTO HISTÓRICO –

Por Ricardo Vago (dirigente Partido Socialista )- Los embargos solicitados a las empresas, empresarios y ex funcionarios involucrados en el soterramiento del Sarmiento solo es un juzgamiento minimo de la impunidad del poder económico.

A principios de esta semana los medios periodísticos, con muy distinta profundidad según sea su linea política editorial, informaron que el fiscal federal Franco Picardi solicitó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi el embargo preventivo por un total de 300 millones de pesos a ex funcionarios, empresarios y empresas involucradas con la monumental obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento entre Haedo y Caballito. Estos embargos fueron solicitados en la causa judicial existente por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en la obra y con el fin de prevenir posibles perjuicios al Estado Nacional.

Las empresas, todas integrantes del consorcio por el Soterramiento del Sarmiento, son brasileña Odebretch, la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa y, por otra parte, son 23 las personas físicas afectadas entre empresarios y ex funcionarios. A valor dólar los embargos solicitados son de 17 millones de dólares, frente al costo oficial actual de la obra de 3000 millones de dólares lo que representa apenas el 0,5% de lo que pagaría el Estado Nacional por la ejecución de la obra.

La causa se inicia como consecuencia del procesamiento en Brasil del empresario Marcelo Odebretch, por ser responsable de organizar un sistema permanente de coimas y sobornos a funcionarios y políticos con el fin de favorecer a su empresa. Por estos delitos fue condenado a 19 años de cárcel, estando actualmente preso.

Ante esta condena, Marcelo Odebretch, uno de los hombres más ricos del vecino país, con el fin de disminuir los años de prisión, se comprometió a colaborar con la justicia bajo la figura de “delación premiada”, divulgando el funcionamiento del sistema de corrupción utilizado como así también quienes fueron los partícipes involucrados en estos delitos, tanto sean empresarios, funcionarios o políticos. También se vio obligado a declarar ante la justicia de Estados Unidos en otro proceso judicial por la suma de coimas entregadas por su empresa a funcionarios y políticos en la Argentina fue de 35 millones de dólares.

Es necesario resaltar que la causa en la Argentina es consecuencia de los procesos judiciales desarrollados tanto en Brasil como en Estados Unidos y que recientemente la Cámara Federal, presidida por el juez Irurzum, le ordenó concretamente al juzgado realizar acciones concretas.

Entre los afectados por los embargados solicitados por el fiscal Franco Picardi se destaca la presencia de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, con una posible afectación de bienes de 54.5 millones de pesos pues este fue propietario de la Empresa IECSA hasta junio de este año en que fue vendida al empresario Marcelo Midlin principal accionista de Edenor, Pampa Energia y Petrobrás Argentina.

Por otra parte a la lider del consorcio, la empresa Odebretch, se le solicitó un embargo por 60 millones de pesos. Prueba de la responsabilidad de este grupo empresario en este tipo de acciones delectivas es que el mayor acionista de la firma (Marcelo Odebretch) está en prision en Brasil, pues fue condenado a 19 años por corrupción y a apartir de su colaboracion con la justicia. A su vez es de conocimiento del juzgado que Marcelo Oderbretch declaró ante la justicia estadounidense la entrega de 35 millones de dolares de coimas a funcionarios argentinos durante el desarrollo del conjunto de obras realizadas en nuestro pais.

Todo lo actuado por el fiscal Picardi en el juzgado de Martinez de Giorgi se inscribe específicamnete dentro del marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento.

Es muy positivo, en principio, el avance del fiscal sobre el conjunto de los posibles involucrados en actos de corrupción, tanto sean empresarios como políticos, pues no puede ser el poder económico ni politico causal de impunidad ante hechos de corrupción.

Lo que no podemos olvidar nunca es que la coima de los empresarios a los funcionarios siempre viene acompañada por una contraprestación irregular e ilegal altamente costosa para el Estado Nacional.

El juez, además de acompañar la propuesta del fiscal debe avanzar en el estudio de los antecedentes de la obra para desenmascar el verdadero perjuicio al Estado y a todos los comprometidos en este ilícito.

Existen informes fundados de la propia unidad ejecutora de la obra de fines del 2015, que muestran que la misma debería tener un costo en el orden de 2300/2400 millones de dólares. No obstante ello, a mediados de mayo del 2016 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia a la obra le fue asignado un presupuesto de ejecución por 45.000 millones de pesos ,que al valor dólar de esa fecha representaba unos 3.000 millones de dólares. Este decreto el 797/2016 fue firmado por la Vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti y el mismo fue rechazado por la Comisión Bicameral de Seguimiento existente.

La forma legal de anular un decreto de necesidad y urgencia presidencial fue establecida por una ley dictada bajo la presidencia de Néstor Kirchner y dispone que el rechazo por la Comision Bicameral Permanente de Seguimiento debe efectuarse dentro de un plazo de 10 dias de ingresado a la comision, y este rechazo debe ser convalidado obligatoriamente por ambas camaras del Congreso Nacional para lograr su anulación efectiva. Ninguna de las cámaras trató el tema por lo que está plenamente vigente el decreto 797/2016 que autoriza el endeudadamiento plurianual por 100.000 millones de pesos a fin de ejecutar el Soterramiento del Sarmiento y una estación ferroviaria subterránea central bajo el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras de menor valor.

No es una casualidad que no se haya podido rechazar el DNU 797/2016 pues la forma de rechazar estos decretos está vigente desde el 2006, y desde la fecha de su implementación, el Congreso nunca rechazó ningún DNU presidencial.

En síntesis, las coimas declaradas por Odebretch para todas sus obras en el pais son , como se dijo, de 35 millones de dólares. Los embargos preventivos solicitados por el fiscal Picardo son como hemos visto de 17 millones de dólares y los sobreprecios denunciados por la unidad ejecutora del Sarmiento son entre 600/700 millones de dólares. Estos números muestran claramente que el juez debe, tal como lo solicitó la Cámara Federal, avanzar sobre todas las acciones que perjudican al Estado.

Avanzar sobre todos los responsables y evitar los perjuicios para el Estado fruto de las coimas de los sectores empresarios es dificil, y en el caso Argentino, mucho más por que el actual gobierno nacional donde predominan en los cargos ejecutivos los denominados CEOs, altos dueños o diferentes empresarios que en muchos casos han participado en el sistema de la obra pública de bajo riesgo y altos beneficios, desarrollado en la Argentina por décadas y potenciado aún más en los últimos años.

Acompañar desde la política y la sociedad civil las incipientes acciones desarrolladas por la justicia en comprometer a todos los actores del sistema de corrupción, prebendas y beneficios indebidos existente, es un paso imprescindible hacia el tan necesario proceso similar al “mani pulite” italiano o el “lava jato” brasileño.







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