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Domingo, 10 de Diciembre del 2017


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LOCAL / REGIONAL

Están los hechos, las pruebas y los denunciados

viernes, 24 noviembre, 2017

SE SACUDE EL CONSEJO ESCOLAR DE MORENO –

¿El tiempo marca el comienzo de una larga investigación y revelaciones posibles? En voz baja, algunos protagonistas preocupados asienten con la cabeza.

Todo es una especulación que nace de un hecho y pruebas presentadas. No investigó (hasta el momento) la justicia en la figura del fiscal Navarro o la Dra. Pontecorvo (si se unifican todas las causas del Consejo Escolar), pero los magistrados tienen la génesis de un material que podría abrir más una caja ya abierta.

La intervención del Consejo Escolar, severamente cuestionada por la mayoría del arco político local, pedía denuncia penal e intervención de la justicia sin alterar el voto popular que eligió a sus representantes. Las auditorías 2016 y 2017 dieron el cuerpo y la talla, entonces la Dirección General de Escuelas firmó la intervención en el Consejo Escolar de Moreno. Un mes más tarde, el hombre que fue designado como avocador lleva a la fiscalía N° 4 a cargo del Dr. Lorenzo una denuncia por asociación ilícita para delinquir, fraude a la administración pública, abuso de confianza y fraude, encubrimiento agravado. Sebastián Nasif entregó en la justicia la documentación que demostraría una defraudación en diecisiete colegios en cuarenta y cinco oportunidades, ya que es la cantidad de remitos falsos que introdujeron en la contabilidad para cobrarlos sin entrega de mercaderías. La operatoria detectada involucra a una empresa: PASFIN S.A

Los establecimientos en los que se cruzaron los remitos y la entrega de alimentos son los siguientes:

1- E.E.S. N° 10

2- E.S.B. N° 74

3- E.E.S. N° 6

4- E.E.S. N° 62

5- E.S.B N° 20

6- E.E.S. N° 60

7- E.S. B. N° 33

8- E.E.S N° 40

9- E.E.S N° 64

10- E.S.B N° 46

11- E.E.S N° 31

12- E.E.S. N° 15

13- E.E.S. N° 2

14- E.E.S. N° 4

15- E.E.S. N° 36

16- E.S.B N° 30

17- E.E.S. N° 37

TOTAL DEFRAUDACION $366.220,40

Sebastián Nasif afirma que “los empleados administrativos del Consejo Escolar fueron los primeros en brindar detalles e información de irregularidades”. La presentación penal dice textualmente: “La respuesta no se hizo esperar, de inmediato comenzaron a informar de distintas irregularidades administrativas y dinerarias que se cometían en el Consejo con la anuencia de las autoridades denunciadas y algunos proveedores. Se constató en las facturas abonadas de junio que faltaban remitos de ese mes correspondientes a entregas de mercadería a los colegios; y también, se verificó que muchos remitos del mes de julio en mayoría tenían la fecha cambiada con liquid paper. Es así como, al verificar con los colegios sobre dichos remitos, podemos ver que los mismos corresponden al mes de junio del año en curso, y que les cambiaron la fecha para cobrarlos en el mes de julio también sin la entrega de esa mercadería”.

En la presentación se aportan los números de remitos legales y los ilegales que fueron pagados por el Consejo Escolar. Dicho de otro modo, se pagaron en dos oportunidades la misma mercadería que se entregó en una sola ocasión.

De allí se sustenta la siguiente denuncia penal: “Almada Jorge Eduardo (hijo), Berzoni Mónica, Parentti Cecilia, y los responsables de la empresa Pasfin S.A., Matías Nicolás Di Mario, Florencia Anabella Di Mario, Waldo Oscar Andrade y la Contadora Gladys Beatriz Ladelfa, conformaron una asociación para delinquir, con organización, estructura jurídica y administrativa, con el agravante que los tres primeros eran funcionarios públicos del Consejo Escolar de Moreno; fueron elegidos por el voto popular en las elecciones de 2015, y tenían la obligación y el deber de custodiar el erario público, en la parte que les confiaron sobre un presupuesto de $250.000.000.- anuales que debían administrar y tomar decisiones respecto al mismo teniendo como deber primordial dar el mayor estado de confort posible a los alumnos y profesores del Distrito Moreno del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Así las cosas, se ponen de acuerdo para llevarse una parte de los fondos presupuestados y que debían custodiar y dar el mejor fin, para uso propio; defraudando así a la administración pública en montos de suma importancia, y a sus votantes en la confianza que les dispensaron cuando los eligieron para esos cargos. Actuaron en forma organizada y sincronizada cada uno en su área para conformar el delito de defraudación, percibiendo sumas de dinero con falsos comprobantes de entrega de mercadería a los colegios del distrito (remitos), que fueron entregados en verdad en junio del año en curso y luego del pago de los mismos, se sacaron del legajo de pago realizado, se les cambiaron las fecha y se volvieron a pasar por la contabilidad para su posterior pago defraudatorio en el mes siguiente de julio del corriente”.

A los tres consejeros escolares, Mónica Berzoni (CAMBIEMOS, Paul Almada y Cecilia Parentti (Frente para la Victoria), los responsables o dueños de la empresa, quedan involucrados en la denuncia penal familiares del Tesorero del Consejo Escolar. El texto recepcionado en la fiscalía N° 4 a cargo del Dr. Lorenzo, lo describe así: “… conjuntamente con Almada Jorge Eduardo (Padre), Chiappesoni Yesica Roxana, Almada Diego Eduardo (Hermano de Jorge), quienes con el dinero del ilícito descripto, con la parte de Almada hijo (NdR: Tesorero del Consejo Escolar), compraron vehículos automotores que pusieron en cabeza de los mismos o los conducen con cédula azul a sabiendas del origen ilícito del dinero utilizado para ese fin, incurriendo en el delito de lavado de activos”.

Como elemento de prueba que tiene que valorar la justicia, consta el informe del Registro Automotor y de Nosis Comerciales. El primer punto revela que Paul Almada y sus familiares mencionados en el texto judicial, compraron tres vehículos por un monto aproximado de 600.000 pesos. El segundo elemento presume que las personas denunciadas no tenían sustento económico para realizar esas operaciones:

INFORMES NOSIS COMERCIALES

Almada Jorge E. hijo, donde consta que no tiene medios para adquirir un vehículo automotor; menos tres autos.

Almada Jorge E. Padre, donde consta que no tiene medios para adquirir el vehículo automotor que le compro el hijo y usa con cédula azul.

Chiappesoni Yesica Roxana, donde consta que la cuñada de Almada hijo no tiene recursos para adquirir un vehículo automotor, que no maneja y que conduce con cédula azul su novio, Diego Almada.

Diego Eduardo Almada, donde consta que está en situación 5 de incobrable.

Pasfin S.A., donde consta su situación comercial y quienes son sus titulares.

A la pregunta que da pie a esta nota periodística si lo vertido es el inicio de algo superior, el denunciante (actual avocador del Consejo Escolar de Moreno) señala en su presentación judicial: “Pese que el monto del ilícito denunciado en autos es de $366.220,40, tengo conocimiento que la defraudación es aproximada mente diez veces superior, solo que en el momento que tengamos organizada la documentación y verificados los montos defraudatorios, ampliaremos la denuncia en forma organizada y con elementos de prueba a disposición de la fiscalía actuante”.

Hasta aquí es una denuncia penal que ya está en la Fiscalía del Dr. Gabriel Lorenzo (UFI N° 4), deberá tener una valoración de las pruebas presentadas, solicitar nuevas diligencias y definir si los hechos se encuadran en los delitos mencionados.

Hasta aquí ninguna de las personas mencionadas tienen el carácter de imputados, pero ya corre el tiempo judicial y el tiempo político. Sobre éste último nace un interrogante, ¿pueden los consejeros denunciados sostenerse en sus cargos, independientemente de las medidas que disponga la justicia?







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