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LA PRÓXIMA SEMANA SERÁN LOS ALEGATOS – 

Por Pabla Luzmia Fava. — Los primeros días del juicio oral que comenzó el lunes 29 de agosto contra el Policía Federal Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur, que fusiló a Carlos Abregú y Emanuel Ojeda, el 17 de marzo de 2013, y sus colegas represores Juan Leonel Segovia y Martín Adrián Olguín, por encubrir el crimen, confirmó que el “gatillo fácil es política de Estado”. El jueves 15 serán los alegatos de este juicio por gatillo fácil.

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Juan Leonel Segovia. Policía Federal acusado de encubrimiento

El hecho sucedió el 17 de marzo del 2013 cuando Manzur les dispara por la espalda a los jóvenes de 17 años. Emanuel falleció en el momento y Carlos agonizó durante más de dos meses en el hospital (falleció el 3 de junio del 2013). Los policías señalan que todo sucedió en el marco de un enfrentamiento, apelando a que los jóvenes se encontraban delinquiendo. Lo  cierto es que estos asesinatos se suman a una extensa lista de más de 4.700 personas asesinadas por integrantes de las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983. En las primeras jornadas de juicio en el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de Mercedes, se pudo observar la defensa y estrategia represora. Por primera vez los familiares de los asesinos de uniforme marcharon con pancartas exigiendo la libertad de Manzur porque entienden que hizo lo que la institución le enseñó y que la justicia debería dejar de defender a pibes chorros.

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Martín Adrián Olguín. Policía Federal, acusado de encubrimiento.

De esta manera las fuerzas represivas comienzan a utilizar las mismas herramientas de lucha de los familiares de víctimas gatillo fácil para defender la represión ejercida por el Estado.

La defensa del policía asesino la ejerce la plana mayor del Servicio de Asuntos Penales de la Policía Federal Argentina. Es decir, aquí hay una connotación muy clara de que la defensa de Aguirre Manzur es institucional, tanto como el crimen que cometió. “Como lo hemos visto desde Walter Bulacio a Mariano Ferreyra, en la represión del 20 de diciembre de 2001 y en infinidad de otras causas, el gatillo fácil es una política de Estado y por eso los gobiernos proveen a sus ejecutores de defensa institucional”, analizaron desde la CORREPI , quien representa a la familia de Carlitos Abregú.

El policía Aguirrez Manzur dio su versión del “enfrentamiento” y alegó legítima defensa frente a Emanuel.

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Aguirrez Manzur. Policía Federal, acusado de fusilar a Emanuel Ojeda y a Carlos Abregú.

Atribuyó la muerte de Carlitos, que agonizó tres meses en el hospital de Moreno, sin recuperar la conciencia, a una mala praxis médica por parte del Hospital Mariano y Luciano De la Vega.  Ante las preguntas de los abogados de CORREPI no quedaron dudas sobre los hechos: las balas fueron direccionadas a las partes vitales de Carlitos, las decisiones tomadas por el personal del hospital siempre fueron mejorar la situación del paciente; pero su evolución no dependía enteramente del nosocomio, había sido fusilado con intencionalidad de darle muerte.

Los alegatos serán el jueves 15 de septiembre. Los familiares, víctimas de la represión estatal, organizaciones sociales, militantes contra la represión y vecinos levantan un mismo puño y una misma voz denunciando que: no es un policía, es toda la institución; y aunque con la organización y la lucha les arrebaten una condena, la mayor pelea es por la conciencia.