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Domingo, 20 de Septiembre del 2020


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LOCAL / REGIONAL

Karina Politi, Francisco Pigretti y Diego Taurizano con denuncias penales sobre sus cabezas

lunes, 31 agosto, 2020

LAS FIGURAS DE LA INTERVENCIÓN LUEGO DEL 2 DE AGOSTO DE 2018

La gestión de Agustina Vila, gobierno de Axel Kicillof, inició una causa judicial y administrativa por el período intervenido del Consejo Escolar de Moreno (desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019). De esa manera la Dirección General de Cultura y Educación pone el ojo en la ejecución de los millones de pesos que llegaron a Moreno tras la explosión y muertes de Sandra y Rubén.

Como material de prueba está la auditoria realizada en una semana, entre los días 25 de febrero y 2 de marzo. El equipo conformado por los auditores Carlos Anselmino (arquitecto), Néstor Agosti (ingeniero), Daniel Episcopo (arquitecto), Walter Guerra (arquitecto), Agustín Crispino Guillermo Gardinetti (Maestro Mayor de Obras), evaluaron in situ varias obras realizadas por las empresas DURA CASA SRL; DANIEL ACHE y BIEY S.A.

A raíz de esta publicación se comunica con Desalambrar el abogado Silvio Romero, representante legal de dos empresas, AC (Ángel Caserta) y DURA CASA que no solo reclaman los millones de pesos adeudados por la Provincia, lo que ha tenido un impacto gravoso en esas firmas, sino que inician una denuncia penal contra la ex Interventora, Karina Politi, Francisco Pigretti ex Director General de Administración (IPP N° 19-00-016656, Ángel Caserta) y la empresa DURA CASA propiedad de Marcelo Vargas que agrega el nombre de Diego Pablo Taurizano, Subsecretario Administrativo de la Dirección General de Escuelas.

En los dos casos, AC Construcciones y DURA CASA, reclaman deudas millonarias pero el punto penal está, según las denuncias, que después de realizar todos los reclamos administrativos en la Intervención y ante organismos provinciales, obtienen como respuesta de la actual presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán, que «no existe registro alguno de los reclamos administrativos», razón que llevó a las dos contratistas a iniciar la acción penal invocando el artículo 248 del Código Penal:

Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Adjuntamos las pruebas que dejó en la justicia la empresa DURA CASA:

AC Construcciones entrega una carpeta con las presentaciones cronológicas e incorpora el nombre del Dr. Walter Bonavera (no en la denuncia penal), asesor de la Avocación, por ser quien recibió una de las presentaciones reclamando el pago por obras ya realizadas:

Las dos denuncias penales están iniciadas. Si en Moreno no están los registros de todas las notas presentadas a las autoridades de la Intervención a cargo de Karina Politi, resta conocer si en La Plata tampoco hay rastros de los reclamos que, afirman las dos contratistas, corresponden a obras realizadas y certificadas.







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