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La Bonaerense tiene 6 mil policías activos denunciados por violencia machista

Por Verónica Liso y Laureano Barrera | Fotos: Matías Adhemar. / Fuente: Perycia.- En los últimos siete años, uno de cada nueve policías bonaerenses fue acusado de violencia de género. Cualquiera de ellos podría ser Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula Bahillo. El porcentaje de sanciones expulsivas es escasa: más de un 80% de los investigados por Asuntos Internos siguen en funciones actualmente. A través de un pedido de información pública y el análisis de los datos oficiales, indagamos acerca de lo que pasa cuando la violencia machista se combina con el monopolio de la fuerza.

Matías Ezequiel Martínez, el policía bonaerense que hace cuatro días pasó a engrosar la interminable nómina de femicidas, no estaba solo. Otros 5.955 uniformados varones acusados de violencia machista entre 2013 y 2020 lo acompañan en una lista extensa. La cifra, que es oficial y a la que Perycia accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, es muy alta: significa que en los últimos siete años, uno de cada nueve policías hombres ha sido denunciado en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) por ejercer violencia de género. A ese número hay que sumarle otro imposible de precisar: quienes nunca serán denunciados. Por miedo.

Hay un dato adicional que vuelve aún más inquietante el panorama: la escasa capacidad (¿y voluntad?) de autodepuración que existe en la Fuerza. Cada vez que un agente policial es denunciado por agredir a una mujer en una dependencia policial o judicial, se abre una Investigación Sumarial Administrativa (ISA) en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Pero la gran mayoría de ellos cumple una suspensión corta y se reintegra a la Fuerza: más del 80% de los casi seis mil agresores siguen en funciones actualmente. Con su arma reglamentaria en la mesa de luz, además de en la cartuchera.

Plegarias desatendidas

Los detalles del femicidio contra Úrsula Bahillo, la joven de 18 años, que se conocieron esta semana, no dejan lugar para la duda: sobraron pedidos de auxilio para que se pudiera evitar que Martínez, de 25 años, la asesinara en un predio baldío de las afueras de Rojas con no menos de 15 puñaladas. Ella lo había denunciado tres veces: el 9 de enero, el 28 de enero y el 5 de febrero de este año. Él tenía, además, denuncias de al menos otras dos mujeres.

Los expedientes abiertos luego de las denuncias de Úrsula y su mamá quedaron a cargo del juez Luciano Callegari, del Juzgado de Paz local, y del fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Junín, quien además ahora deberá investigar su femicidio.La mañana de su muerte, el juez Callegari solicitó una restricción de acercamiento de 200 metros, la vigilancia periódica de la policía por la casa de Úrsula y un botón antipánico. Horas más tarde, Martínez se la llevó en su auto particular hasta el lugar donde la encontraron muerta.Antes del hostigamiento a Úrsula, al menos otras dos mujeres habían denunciado a Matías Ezequiel Martínez por violencia de género. Belén Miranda en 2017 y Florencia Veloz, su ex pareja y también policía. En abril del año pasado, un tiempo después de separarse, Florencia supo que Martínez había abusado sexualmente de su sobrina, que es menor de edad.

En diciembre de 2020, la niña declaró en Cámara Gesell y el fiscal Sebastián Villalba, de la localidad de Mercedes, pidió la detención de Martínez. Pero una vez más, el policía siguió en libertad.“Para mi sobrina no hubo ninguna contención de la Justicia y él siguió en servicio, portando su arma, hasta septiembre del año pasado, cuando ya se había hecho la denuncia por abuso”, le dijo Florencia a Página 12. Además contó que se había comunicado con Úrsula unos días antes de su muerte: “pobrecita, yo le agradecí porque ella me dijo que iba a aportar pruebas en la causa por el abuso de mi sobrina”.Queda claro que el poder judicial debe corregir con urgencia al menos dos factores: la demora en los procesos, y la falta de perspectiva de género de sus funcionarios y funcionarias.

¿Pero qué parte le toca a Asuntos Internos? Por ninguna de las denuncias en su contra Martínez fue sancionado por sus superiores. Al contrario: se limitaron a trasladarlo a otra comisaría y fue el propio Martínez quien en septiembre pasado se apartó voluntariamente solicitando una carpeta psiquiátrica. En la comisaría de la Mujer de Rojas, a Úrsula no le tomaron la última denuncia porque «era fin de semana». Ahora, el Ministerio ordenó investigar esa repartición. Los datos a los que accedió Perycia también tienen su correlato: 21 de los policías trabajaban en la Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados por violencia de género.

Los otros seis mil

A través de un pedido de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Perycia obtuvo hace una semana datos oficiales sobre los sumarios por violencia de género abiertos por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) entre 2013 y 2020. Los datos son preocupantes. En esos siete años, se iniciaron 5955 sumarios contra hombres de la Bonaerense: uno de cada quince teniendo en cuenta los 51.917 hombres que integran la Fuerza. En 364 de esos casos, ya tenían medidas de sanción previas.

De los 5602 restantes, según los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad, fueron sancionados y expulsados sólo 984. Significa que en este momento 4618 siguen en funciones: más del 80%.

Según Asuntos Internos y el área de género del Ministerio de Seguridad, existe un protocolo para investigar las denuncias por violencia de género dentro de la Bonaerense. La norma 2277/12 «para la evaluación y tratamiento del personal» data del año 2012, y habilita a que los hombres denunciados sigan con sus tareas habituales mientras se investiga. Hoy en día, según confían a Perycia fuentes de esa cartera, una investigación exitosa y con perspectiva de género demora alrededor de ocho meses. Aunque es un lapso muy largo para una mujer en potencial peligro, la regla es que sea más tiempo: hay cuatro instructores para abarcar toda la provincia.

Como puede verse en el gráfico, durante la gestión en Seguridad de Cristian Ritondo, las instrucciones sumariales crecieron sensiblemente. Pero las meras denuncias, más allá de títulos para los diarios, no contribuyeron a depurar la Fuerza: el porcentaje de cesanteados o exonerados fue proporcionalmente más bajo que en los años anteriores.

El cierre de una ISA tiene dos caminos posibles: sanción o expulsión. Como ya se dijo, menos del 20% son expulsados (se dividen entre exonerados, que no pueden volver, o cesanteados, que luego de dos años pueden pedir la reincorporación). Para el universo mayoritario de los sancionados, el castigo que les espera es ser apartados por un tiempo breve -durante el que se cobra la mitad del sueldo-, y asistir a un curso de capacitación en género al que llaman “pena accesoria”. Las fuentes consultadas por esta agencia confiaron que su enfoque «estaba muy desfasado y la calidad es baja», y los datos de Asuntos Internos sólo consignan que 83 efectivos recibieron capacitaciones, y son aquellos que tienen sumarios abiertos entre el 2013 y el 2017.

Letalidad policial

Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, durante el 2020 hubo un femicidio cada 29 horas y el 5% de los agresores integraban alguna fuerza de seguridad. Muchas de las víctimas habían hecho denuncias anteriores o medidas judiciales en curso.

La Comisión Provincial por la Memoria afirma que el hecho de ser funcionario policial no puede eludirse. La base de datos sobre uso letal de la fuerza policial, que construye la Comisión sobre la provincia de Buenos Aires, muestra que entre 2016 y 2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total 21 casos fueron femicidios; es decir que el 50% de las muertes de mujeres por uso letal policial fueron por razones de género.

“Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más”, resuena la voz de Úrsula en uno de los últimos audios que mandó por WhatsApp. Para ella es demasiado tarde. Tal vez no para las otras seis mil víctimas en riesgo.

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