Desalambrar

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La violencia patriarcal y vicaria está presente en la Justicia Argentina. Natalia Rico es una mujer que es madre, y que denuncia el criminal manejo del Juzgado N°7 de San Justo en La Matanza que violentó a una niña de 1 año y a un niño de 2.

En 2018 Natalia decide separarse de quien por entonces era su pareja. Tiempo después su ex decide hacer una presentación judicial. “El padre de los chicos abrió un expediente con carátula de ‘cuidado personal de hijos’ en el juzgado N°7 de La Matanza, acá en San Justo. Y ya a la primera, segunda audiencia, a mí me intimaron a medicarme», relata.

Natalia es madre de dos niñes ahora de 3 y 4 años. En diálogo con Desalambrar denuncia: «Hoy no estoy con mis hijos por haber confiado en una persona en la que jamás debí haber confiado. No es quien aparentaba o creía que era».

Hace 3 años Natalia se separa. Todavía no se había enterado de su segundo embarazo. Casi inmediatamente comenzaron las amenazas de quitarle al nene . Desde que nacieron lxs niñes fue Natalia quien actuaba de madre protectora, quien realizaba las tareas de cuidado y que además trabajaba para el sustento. Si bien durante los años que convivieron el padre estaba en alguna medida presente, no se hacía cargo del cuidado. Esta circunstancia y el ser víctima de la constante manipulación y violencia psicológica, convenció a Natalia de la necesidad de poner fin a la relación.

A fines de 2019 el progenitor acciona legalmente presentando una demanda para que lxs niñxs vivieran con él y no con la madre alegando una condición mental inestable. Pero lejos de plantearse las instancias razonables de mediación para decidir el modo de vinculación y comunicación de los niñes con su madre y su padre teniendo en cuenta las circunstancias, La Justicia rápidamente cree en los dichos del padre y se erige como tribunal de enjuiciamiento contra la madre para dilucidar que tan «loca» está. Fácilmente el odio hacia las mujeres se transforma en el calificativo despectivo que refuerza el estereotipo de género.

A 11 años de la ley de salud mental el juzgado N° 7 de Matanza, viola los principios fundamentales de la ley basada en los derechos humanos y la autonomía de las personas.

«Me intimaron a retomar una medicación que yo había dejado por un presunto diagnóstico que no me impide bajo ningún concepto estar a cargo del cuidado de los nenes, de hecho, lo hice hasta ese momento y te diría que sola” expresa a Desalambrar.

Sin tener más prueba que la opinión prejuiciosa y patriarcal de la psicóloga del juzgado. A pesar de que los informes psicológicos manifiestan una y otra vez que el estado anímico y emocional de Natalia de ninguna manera pone en riesgo a les niñes, el Juzgado actúa como si así fuera vulnerando el interés superior de ambos niñes y dejando de lado toda perspectiva de género. ¿Quién los escucha cuando lloran porque quieren estar con la madre o pernoctar con ella?

Luego de establecido un régimen de comunicación la angustia desgarrada de les niñes al tener que separarse de su madre es mencionada en los informes de forma reiterada pero de ninguna manera es tenida en cuenta a la hora de decidir.

A pesar de las denuncias realizadas por la madre, la justicia hace oídos sordos a los pedidos y le otorga la tenencia provisoria de las dos criaturas al padre por una presunta irresponsabilidad de la madre, catalogándola como una persona que precisa sí o sí una medicación innecesaria. Los funcionarios judiciales que de oficio debieran defender a Natalia y velar por el bienestar de lxs niñxs acatan las desiciones del tribunal sin cumplir realmente con su trabajo: “La verdad que hacen la ley del menor esfuerzo para no contradecir a los funcionarios, donde les toca trabajar a diario y son también cómplices del maltrato institucional que las mujeres recibimos puertas adentro de los juzgados. […] La realidad es que por estas cosas que una cree que nunca van a pasar, que una está tranquila con su conciencia, tranquila de quién es como madre, como persona,… me dejé estar, subestimé a la justicia. Este es el maltrato institucional que las mujeres recibimos” expresa la madre.

¿Por qué tanto desamparo por parte de las leyes y la Justicia? Lo más importante es acompañar y sostener a las infancias y a las mujeres que son violentadas, pero, sin embargo, actúan con dudosos fundamentos para decidir separar a dos bebés de 1 y 2 años de su madre. Al juez no le importó que una de las criaturas fuera lactante.

“La psicóloga del juzgado, Vanesa Di Dio, quien a mí entender no tiene la formación necesaria para estar ocupando un puesto así, siendo todo tan delicado en lo que conlleva, considero que si no tienen la capacitación necesaria en estas áreas de la salud mental, debieran al menos confiar en los profesionales que sí la tienen, que están poniendo sus matrículas y su firma, porque por algo tampoco se pueden ver los informes que ellos realizan”. Lo mismo sucede con la consejera Fernanda Gabriela Bajar y el juez presente en la audiencia que no terminan de desempeñar una labor respetuosa de los derechos que vienen siendo conseguidos y defendidos en las calles.

Resulta lamentable que, en los procesos de familia, se tomen inauditas medidas de protección contra y no a favor de lxs niñxs, juzgando exclusivamente a la madre, estigmatizándola como «loca», pero no viendo las condiciones personales y las actuaciones de manipulación del padre como un todo. La defensa del interés superior de las infancias y la perspectiva de género en los Juzgados de la Provincia de Buenos Aires siguen siendo asignaturas pendientes.