La moratoria municipal y los millones de pesos

PASO A PASO DEL PLAN ECONÓMICO DEL GOBIERNO –

Con algo de información es más factible acceder al debate ausente cuando las partes ingresan en el campo de las “ofertas y las demandas”. Para ello es fundamental reconocer qué fuerza y legitimidad entran en una colisión hasta aquí consensuada. La Municipalidad de Moreno tiene un gasto asignado de 110 millones de pesos mensuales sólo en salarios. Tras un diciembre convulsionado, los dos primeros meses del año 2018 pasaron con penas a cuestas pero, desde la mirada del gobierno, lo peor ya es historia. Walter Festa declaró en Desalambrar que la meta próxima es pagar los sueldos de los trabajadores /as municipales el día 15 de marzo. La perspectiva del Poder Ejecutivo indica que es un avance no apelar al desdoblamiento y hacer frente el compromiso de una sola vez en esa fecha (así ocurrió en febrero) por contar con la ayuda de Vidal que habilita al Banco Provincia a aprobar giros en descubierto que Festa tiene que cubrir rigurosamente, sin dilación alguna. Por supuesto que ese avance come salarios por las obligaciones que tienen los municipales, es decir, los intereses de tarjetas, créditos o bonos gremiales que actúan mecánicamente, en tiempos que deforman los bolsillos.

En este contexto se ubica la moratoria y sus extensiones. Terminaba en diciembre pero luego se extendió hasta enero. Sigue en marzo, se anuncia el último llamado antes del tren que llega al distrito, una empresa privada con activa participación de ARBA.

Desalambrar pudo acceder el monto total recaudado por moratoria hasta el 31 de enero.

Cuando este tramo se extinga, el segundo momento de fortalecer la recaudación será para una empresa privada que tiene en su agenda a un 70 por ciento de la población morenense que no paga o adeuda tasas. Esa búsqueda de pescar en una pecera será acompañada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ya que el Municipio de Moreno firmó un convenio de colaboración que lleva en su corazón el plan de realizar operativos conjuntos, intercambiar información fiscal, transferir tecnología que utiliza la Provincia y diagramar planes de trabajo para incrementar la fiscalización municipal.

Está claro que la maquinaria tiene un fin: obtener el dinero que la municipal no tiene, al tiempo que para la empresa es una oportunidad inmejorable de entrar al terreno de los ubicables y alcanzar su fin comercial y monetario. Allí se abre un profundo interrogante social, ¿qué impacto tendrá en los vecinos morosos un pago de exigencia legal cuando el deterioro de sus ingresos define otras prioridades donde no está la Tasa por Servicios Generales que en muchos zonas se cumple parcialmente o no existe? Otro es el caso de la Tasa de Seguridad e Higiene, más parecido a un impuesto que a contraprestación.

Desde el gobierno se afirma que este plan busca ampliar servicios cuando sobre su cuello pesa un déficit mensual de 40 millones de pesos, pero ahora el gobierno tiene certeza de su plan: recaudar más, engordar su caja y recuperar presencia política a través de servicios básicos que son competencia indelegable de la comuna. 

Si emerge lo político como fuente de debate serio, profundo y responsable, tal vez haya campo para salir de los números y reconocer el modelo que está en marcha sin ningún tipo de ocultamiento.

Festa anunció el plan el año pasado… y en esto cumple con hechos su palabra.