Ley de Educación Ambiental al servicio del modelo extractivista

El proyecto de ley para implementar la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y espera ser tratado en el Senado. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, busca establecer la EAI como un derecho, conforme a la Constitución y un conjunto de leyes y tratados internacionales  que buscan promover la conciencia y responsabilidad ambiental. Pero para José Martiarene, militante ambientalista, integrante de la Asamblea El Algarrobo de Catamarca “el Estado no busca una justicia ambiental sino que el objetivo es conseguir consenso social con respecto al extractivismo y la megaminería”.

Al día siguiente del tratamiento en Diputados, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, escribió una nota de opinión en el diario oficialista “Página 12” con el título «Ley de educación ambiental: cambiar paradigmas para sembrar futuro”. En ese texto, señaló la importancia de la iniciativa legislativa; “Se trata de un camino para generar cambios sustanciales en la sociedad, de brindar herramientas, información y alternativas para el uso sostenible de los recursos naturales sin hipotecar el futuro”.

Además subrayó;”Creemos en la educación y en la capacidad de las y los docentes para formar sujetos con conciencia ambiental y con noción sobre las implicancias del cambio climático, la biodiversidad, el cuidado del agua y el uso eficiente de la energía. Las aulas van a ser el sustento primordial de esta ley, que resulta representativa de todas las voces de la sociedad. Como dijo el presidente, no solo debemos pensar en el crecimiento económico y la justicia social, sino también en la justicia ambiental. Aún quedan materias pendientes que saldar en las que trabajamos todos los días. No existe un plan B, debemos cuidar nuestros recursos y formarnos en educación ambiental desde pequeñas y pequeños. De esa forma vamos camino a ser un país con conciencia en el cuidado de nuestra casa común, construyendo una sociedad más justa en el marco de la sostenibilidad”.

El proyecto de ley es una iniciativa que si se aplicara en el sistema educativo podría, aparentemente, a partir de la formación pedagógica, impulsar sujetxs con conciencia ambiental y con una mirada crítica en resguardo de los bienes comunes. Pero en este contexto en que el Estado se apoya fuertemente en el modelo extractivista, sojero y megaminero, el proyecto generá algunos interrogantes:

¿Cómo promover una “justicia ambiental”, cuando el extractivismo, la megaminería es política de Estado? ¿Cuáles van a ser los cimientos teóricos y políticos para generar “sujetos con conciencia ambiental”, si desde el Estado se habla de “recursos naturales” y no de “bienes comunes”? ¿Se generará un debate frontal, sin medias tintas, de un tema central que es vital para comprender el modelo de país que está en marcha hoy y que afectará el futuro de varias generaciones o solo será parte de un maquillaje de un discurso políticamente correcto pero que no modifica la política de Estado de un modelo extractivo? 

Política de Estado vs. discurso políticamente correcto

La megaminería, el agronegocio, el petróleo, el litio y los monocultivos forestales fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo , profundizadas en el macrismo y que se mantienen en la gestión de Alberto Fernández. La respuesta a quienes defienden los “bienes comunes” fue criminalización de mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca, entre otros casos en distintas provincias del país y los asesinatos de integrantes de pueblos originarios y de campesinos. Ante esta realidad es claro a que se enfrentan los “sujetos con conciencia ambiental”, que menciona Cabandié.

“En política ambiental no hay grieta”; señalan cada vez que entrevistamos desde Desalambrar a asambleístas de distintas provincias. Puntualmente hay muchos hechos que confirman esa premisa y que el extractivismo es política de Estado. Y hay un encuentro que describe que más allá de reconocer el cuidado del medio ambiente o la preservación de las culturas de los pueblos originarios, como promueve esta ley, la racionalidad estatal es consolidar un modelo extractivista.

En una reunión realizada en mayo de 2010, entre distintxs representantes de pueblos originarios y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el primer reclamo fue el territorio. Tuvo que chocar de lleno contra la política de estado de extracción de recursos naturales para entender que sobre medio ambiente no hay diferencias políticas por parte de oficialismo y oposición.

En aquellos días del Bicentenario, la ex mandataria fue clara respecto a la política de Estado;”El tema del petróleo, bueno…, el petróleo es una cosa que la necesitamos también, porque yo quiero contarles como presidenta de la República Argentina que si no tenemos petróleo en la República Argentina el petróleo lo tengo que importar, y si lo tengo que importar tengo que destinar muchos recursos que lo podría destinar para otras cosas para importar petróleo, si lo encuentro acá en el país es mejor para todos, esto no significa que la gente que por allí necesariamente… y fijense que estoy diciendo algo que por ahí alguien va a querer tirarme un piedrazo por la cabeza, pero como yo digo lo que pienso (…) quiero serles absolutamente sincera, nosotros tenemos que, en el caso este que vos me decías, si hay petróleo en un lugar y los que están allí,… en todo caso hay que llevar a ese contingente, de compañeros, a otro lugar exactamente con las mismas características y condiciones, pero no podemos dejar de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir. Creo que tenemos que ser por sobre todas las cosas inteligentes. Ser inteligentes no nos va a hacer menos tributarios de nuestras culturas originarias, al contrario, lo que tenemos que hacer en todo caso es poder participar de los beneficios de esas cosas que se encuentran y lograr que si te vas a otro lugar, en ese otro lugar te pongan una escuela, un hospital, un dispensario (…) o sea utilizar nuestra inteligencia para poder negociar porque esto es también parte de las concesiones (…)”.

Evidentemente “usar la inteligencia” como dijo la actual vicepresidenta de la Nación, será un elemento permanente para apaciguar el debate en las aulas y generar consenso social a estas políticas alejadas del supuesto espíritu del proyecto de Ley de Educación Ambiental que tiene varios objetivos: generar el abordaje interpretativo y holístico, respeto y valor de la biodiversidad, principio de equidad, principio de igualdad desde el enfoque de género, reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios, participación y formación ciudadana, problemática ambiental, educación en valores, pensamiento crítico e innovador y concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano.

Estos objetivos y principios de este proyecto que tendrá tratamiento en el Senado, no es muy diferente a las leyes de educación nacional 26.206 y la ley general de ambiente 25.675 que ya reconocen el derecho a la educación ambiental. Muchas provincias y municipios han avanzado en sus propias legislaciones porque a nivel nacional no había una normativa específica.

En 2017, el Gobierno de la Provincia de Mendoza, distribuyó un cuadernillo en las instituciones educativas del nivel primario y secundario en el que hablaban a lxs docentes con una línea muy similar a lo que pretende con esta lesgilacion Alberto Fernández, señalando:”La educación ambiental tiene como finalidad esencial lograr en la sociedad el desarrollo sostenible o sustentable. El mismo satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y que comprende lo ambiental como un sistema complejo e interrelacionado con las distintas variables que intervienen, entre ellas la humana”.

Mientras se señalaba en este insumo la preocupación por lo ambiental, el gobernador de ese entonces, Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical (actualmente diputado nacional que votó a favor de la ley), intentó modificar la ley 7722 para «impulsar la minería» que luego fue derogada por iniciativa de su sucesor en el cargo, Rodolfo Suarez con la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas (entre ella el cianuro), mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto minero y así poder avanzar con el fraking petrolero.

La respuesta estatal fueron medidas represivas para la lucha en las calles de gran cantidad de personas que marcaron un precedente histórico, haciendo que vuelva a estar en vigencia la Ley 7722 conocida como la “guardiana del agua”. Este precedente, uno más de una larga lista, de decir algo y hacer todo lo contrario al servicio de las políticas extractivistas, marca una clara l´nea de acción que hay que tener en cuenta para imaginar cómo sería llevada a la práctica esta nueva iniciativa legislativa.

En Catamarca la Megaminería es tabú

Una voz autorizada sobre el tema son las de las asambleas ambientalistas de las distintas provincias del país. José Martiarene, integrante de la Asamblea El Algarrobo de Catamarca, habló con Desalambrar y desde la experiencia de lucha colectiva señaló la postura sobre este proyecto de ley: «Sabemos que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero justamente yo soy estudiante del Profesorado de Geografía en nivel terciario y hasta el momento nunca se habló de lo que es educación ambiental. Si bien tenemos algunas cátedras que tienen que ver con lo ambiental, terminan obviando o negando la existencia de los problemas ambientales relacionados al extractivismo acá en Argentina. Nosotrxs desde la Asamblea El Algarrobo vemos como importante y fundamental que la ley impacte en todo el país y que se tendría que trabajar de manera conjunta con la Ley General del Ambiente 25.675, ya que el extractivismo o la megaminería viola u omite está ley”.

Martiarene, también remarcó la necesidad de una formación de los funcionarios público: ”También vemos de suma importancia que los funcionarios públicos deben comenzar a prepararse para estar a la altura de la ley que van a sacar, porque si ellos no están preparados entonces no pueden hacer respetar nada. Por ejemplo no se respeta el acuerdo de Escazú o la Ley Yolanda que dice que los funcionarios públicos deben considerar la transversalidad  de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas. Si ellos no están preparados y no se van formando en este campo es muy complicado dar sanciones a leyes que ni siquiera respetan, porque lo que sufrimos en el interior del país son violaciones de los derechos y leyes ambientales que son fundamentales para la subsistencia de nuestro lugar de hábitat”.

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¿Entienden desde su experiencia de lucha que no es una contradicción sino una decisión política que convivan el doble discurso de “defensa del ambiente” y “las políticas de extractivismo y megaminería”?

– Mientras el Estado siga apostando al extractivismo está ley está muy complicada de que tenga éxito en el nivel escolar, no porque haya una ausencia de la educación ambiental sino que es un tema tabú la minería acá en Catamarca. Los agrotoxicos también es tabú y depende de cada región van a seguir siéndolo porque si el gobierno no deja de impulsar estás políticas va a ser imposible que una ley así pueda salir a flote para el bien de la población.

AUDIO 2

Además, el integrante de la asamblea de Catamarca, puntualizó en la ausencia de contradicciones por parte del Estado y sus políticas: «Creemos que no es una contradicción sino una decisión política, porque convive el doble discurso de defensa de los recursos pero sin embargo están entregando todos los bienes comunes con el extractivismo. Nosotrxs estamos muy preocupadxs porque acá en Catamarca hay una gran distribución de diferentes minas, por ejemplo la de sales litios o la que tenemos en Andalgalá y estamos destruidos como todos los pueblos cordilleranos. Sabemos que Mendoza, San Juan, Chubut y Catamarca son un claro ejemplo de cómo se aplican estas políticas. En Andalgalá había una ordenanza del municipio autónomo que se sancionó que prohibía toda actividad minera en la cuenca del río y sin embargo le dieron la inconstitucionalidad de la ordenanza desde la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia de Catamarca cuando es algo que no se podía hacer. Apelamos en lo legal pero se ve las intenciones que tiene el gobierno nacional y en este caso provincial de no defender los bienes comunes y la perpetuidad de los pueblos.
También vemos que desde la educación universitaria se forma mano de obra para el extractivismo y justamente esperamos o tenemos la esperanza que esta ley pueda impactar para el bien del futuro de lxs demás, pero sostenemos que lo que vivimos es una decisión política, donde se ve la corrupción como se vivió con un diputado en Chubut que recibió una coima de las empresas mineras. Esta clase de corrupción que tienen estos empresarios y representantes de los partidos políticos, sabemos que es una invitación para entregar los recursos que ni siquiera se quedan en el país sino que se lo llevan y no nos dejan una ínfima parte en las regalías mineras que reciben las provincias”.

AUDIO 3

En el intercambio de una extensa charla telefónica, Martiarene dejó en relieve lo que entienden desde su lugar de luchadores que es el objetivo principal de este proyecto de ley; “Creemos que el Estado no busca una justicia ambiental sino que el objetivo es conseguir consenso social con respecto al extractivismo y la megaminería. Esta ley es una herramienta para distraer a la población, porque hay un doble discurso donde plantean cuidar el ambiente y por el otro lado aprueban todo el modelo extractivista en Argentina”.

En breve el Senado tratará el proyecto de Ley de Educación Ambiental que tiene media sanción de Diputados. Todo indica que no habrá mucha diferencia ni en el debate ni en la votación y que muy probablemente la ley será promulagada. Por eso es importante pensar como llegará esta iniciativa a las escuelas de los distintos niveles educativos del país. El riesgo es que lejos de generar un verdadero debate que produzca una genuina defensa de los bienes comunes, se convierta por el contrario en una ley para pensar, reflexionar y decir palabras correctas pero sin implicancia en la realidad irreversible que impone día a día, minuto a minuto el modelo extractivista.

Mientras tanto la única certeza visible es que en cada rincón del país hay comunidades que resisten la destrucción de los bienes comunes que avanza en sus territorios y dan pelea por un futuro mejor.