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Jueves, 17 de Octubre del 2019


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LOCAL / REGIONAL

Los consejeros escolares que van a juicio oral

martes, 18 junio, 2019

CAUSA SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR –

El Fiscal Federico Soñora cerró la etapa de instrucción penal y solicita al Juzgado de Garantías (Dra. Adriana Julián) elevar a juicio oral la causa. En el banquillo de los acusados, estarán los consejeros escolares Jorge «Pol» Almada (tesorero), Cecilia Parentti (secretaria), Camilo Zarza (servicio alimentario), todos del Frente para la Victoria; y Mónica Berzoni (presidenta) de CAMBIEMOS. En la misma situación los empresarios Gladys Beatriz Ladelfa, Oscar Waldo Andrade, Matías Nicolás Di Mario y Florencia Anabella Di Mario, todo ellos /as de la empresa PASFIN, todos /as imputados por ser coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos; mientras que para los empleados administrativos del Consejo Escolar Mauricio Gabriel Silva y Leonardo Francisco Forllarine, y la Directora Marcela Montiel, la misma calificación por ser considerados partícipes necesarios.

La investigación recae en una empresa y en una sola escuela, la Secundaria N° 41 (ex ESB N° 16). Al respecto, el fiscal entiende que la maniobra o ardid contó con la intervención de la directora, Marcela Montiel, aunque el Dr. Soñora encuentra atenuantes y expone para el caso el instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, por la siguiente consideración: «si bien es cierto que la misma ejercía sus funciones en un establecimiento público -E.E.S. N°41-, no menos cierto resulta que aquella carecía de poder de disposición/administración respecto de los fondos que asignaba el Consejo Escolar de Moreno al Establecimiento que presidía, pudiendo tan sólo ejecutar las órdenes -correctas o no- que los Funcionarios Públicos de dicho Organismo -en su calidad de superiores jerárquicos- le daban, lo que permite entrever que Montiel -en las condiciones indicadas-, no revestía el mismo carácter que aquellos sino el de «Empleada Pública».

Los hechos comprobados en la instrucción e investigación: «Se encuentra acreditado que al menos en el período temporal comprendido entre el 13 de marzo de 2017 y 31 de agosto de 2017, los aquí imputados Mónica Claudia Alicia Berzoni, Cecilia Verónica Parentti, Jorge Eduardo Almada y Camilo Zarza (todos ellos Funcionarios Públicos elegidos por voto popular en las elecciones del año 2015 y con desempeño en el Consejo Escolar de Moreno en sus calidades de Presidenta, Secretaria, Tesorero y Titular del Servicio Alimentario Escolar -SAE- respectivamente), conjuntamente y con la participación necesaria de los directivos de la Empresa Proveedora de Alimentos PASFIN S.A. (Matías Nicolás Di Mario, Florencia Anabela Di Mario, Waldo Oscar Andrade y Gladys Beatriz Ladelfa), los empleados del Consejo Escolar de Moreno con clave de acceso al sistema SICOINCEMauricio Gabriel Silva y Leonardo Francisco Forllarine-; y la Sra. Directora a cargo de la EES N° 41 (ex ESB N° 16), Marcela Inés Montiel; en una clara división de tareas y de manera organizada dispusieron de manera fraudulenta de la suma aproximada de $728.527,40 (Pesos setecientos veintiocho mil quinientos veintisiete con cuarenta), monto dinerario éste que resultó ser parte del total asignado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar Local de Moreno para cubrir las necesidades básicas de la comunidad Educativa Distrital de $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones), provocando con dicha maniobra un serio perjuicio al erario público. Así, y en el caso particular de la Escuela N° 41, para perfeccionar dicha maniobra, los consejeros Berzoni, Parentti, Almada y Zarza en claro incumplimiento de los deberes de protección del erario público, autorizaron el cobro de la suma de $1.155.494,60 (pesos un millón ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con sesenta) correspondientes al primer semestre de 2017 abarcativo de los meses de marzo a agosto inclusive de dicho año, cuando el costo real de los servicios ascendió según pericia a $426.967,20 (pesos cuatrocientos veintiséis mil novecientos sesenta y siete con veinte), correspondiendo $159.540 (pesos ciento cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta) a 100 cupos diarios de almuerzos del semestre correspondientes a los 104 días hábiles en que debió funcionar el comedor en ese período;  y $267.427,20 (pesos doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintisiete con veinte) correspondientes a las 267 meriendas diarias que se prestaron durante el mismo período. Asimismo y sin perjuicio de lo dicho se determinó que la ESS N°41 contaba con una asignación presupuestaria de $166.265,60 (pesos ciento sesenta y seis mil doscientos sesenta y cinco con sesenta), para ser aplicados únicamente a 17.264 cupos de meriendas (166 diarios) para el semestre de mención; y no obstante ello se autorizó el pago a favor del proveedor de $1.155.404,60 (pesos un millón ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuatro con sesenta), utilizándose consecuentemente en exceso y sin la correspondiente autorización del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -único órgano potestativo de la autorización para la aplicación de fondos presupuestarios a otros fines que los establecidos- la suma de $989.929 (pesos novecientos ochenta y nueve mil novecientos veintinueve), violándose de esta manera el convenio marco N° 5602 de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia. De Buenos Aires. Este ardid podía llevarse a cabo únicamente mediante -en primer lugar- la utilización de partidas presupuestarias no autorizadas a tal efecto, para lo cual se efectuaban los movimientos de fondos excedentes en el sistema SICOINCE por los operadores autorizados por clave a tal efecto –Mauricio Gabriel Silva y Leonardo Francisco Forllarine– y -en segundo lugar- la emisión de remitos por la empresa PASFIN S.A. los cuales finalmente debían ser refrendados por la Directora, Marcela Inés Montiel, quien a sabiendas de la discrepancia existente entre lo consignado en los mentados remitos y la mercadería que en realidad se proveía, en franca violación de todas las disposiciones que a tal efecto ha dictado la Dirección General Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para la recepción de remitos en los Establecimientos Educativos, prestaba su colaboración, provocando todos ellos de esta manera un grave perjuicio económico a la Administración Pública Provincial a través de una evidente y tangible sobrefacturación de la mercadería. Así se desviaron $989.229 de los cuales $728.527,40 fueron sobrefacturados y los restantes $260.701,60 fueron utilizados para fines distintos a los fijados por la normativa invocada anteriormente en la compra de almuerzos.







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