Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región


Por Pablo Galfre.- La semana pasada cuatro jóvenes murieron en medio de un incendio producido en la comunidad terapéutica clandestina Resiliencia San Fernando de Pilar, ante la mirada cómplice del Estado. Hace años que en las “granjas” de la zona norte del conurbano la vida de las personas con adicciones u otras patologías se ve degradada hasta la muerte. ¿Qué hace el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires?

El martes pasado un incendio en la granja de rehabilitación clandestina Resiliencia San Fernando se cobró la vida de cuatro usuarios de drogas: Nicolás Ortiz (24 años, padre de un bebé de tres meses), Rodrigo Moreno (22, su hijo cumplió un año el 27 de febrero), José Castaño (22, el 2 de marzo cumplía 23) y Nicolás (la familia aún no quiere hacer pública su identidad). Todos pibes pobres que buscaban dejar atrás sus adicciones, pero encontraron la muerte en esta pseudo institución que no era controlada por los organismos del Estado.

Esta granja, como muchas otras, algunas habilitadas por el Estado y otras clandestinas, apelan a las internaciones involuntarias y eternas en el tiempo, entre uno y tres años, como mínimo, porque en realidad funcionan como factorías. Buscan que los usuarios del sistema de salud mental estén encerrados el mayor tiempo posible para quitarles dinero a las familias, al Estado y a las obras sociales.

No son centros de salud. Son centros de detención y esclavismo, porque a su vez los pacientes trabajan para la institución: hacen tareas de limpieza, de seguridad y son usados como mano de obra barata internando, por la fuerza, a sus propios compañeros.

Hay que enfatizar que, justamente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 regula las internaciones involuntarias, pero que deben tener “la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra” y debe ser el último recurso, tras agotar otras instancias no restrictivas. A su vez, la Ley sostiene que “la internación debe ser lo más breve posible”.

Ante los ojos ciegos del Estado, Resiliencia San Fernando violaba la ley y los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental.

Nicolás Ortiz, José Castaño y Alejandro Moreno

Valeria y Mateo

Con este grave hecho reciente como contexto, voy a contar una historia. O quizá, ahora que pienso, más de una. Resulta que Valeria Grisola, una madre genuinamente preocupada por los consumos problemáticos de su hijo, Mateo, de 23 años, en febrero del año pasado lo rescató de las entrañas de Resiliencia San Fernando, la “comunidad terapéutica” clandestina donde el martes 22 fallecieron Nicolás, Rodrigo, José y Nicolás.

Valeria me contó, recién, tras varios audios de Whatsapp, que su hijo fue internado involuntariamente por decisión del padre.“Dos adictos entraron, mi hijo se resistió, lo inyectaron y se lo llevaron por la fuerza”.

Resulta que –y este es el meollo de la cuestión- Valeria, a diferencia de muchos otros, sí denunció a la institución ante el Órgano de Revisión (OR) de la Ley de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, que falsamente dirigió el doctor Marcelo Honores hasta el 12 de enero pasado y que seguramente volverá a presidir desde el 10 de marzo, cuando la Legislatura de la provincia de Buenos Aires lo reconfirme.

El OR depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Como indica la web oficial del organismo, “su función principal es controlar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Salud Mental a través de distintas acciones”. Nada de esto hacen Honores ni el OR.

Volviendo a Valeria, por mi recomendación llamó 0800-222-5262 y denunció que recién pudo hablar con su hijo una semana después de haber sido internado (hasta entonces lo mantuvieron incomunicado) y que cuando pudo hablar por teléfono por primera vez lo notó “mal, como muy medicado y la voz apagada, se notaba que alguien estaba escuchando la llamada, que no podía hablar con libertad”.

Valeria también denunció a ese número de la Defensoría del Pueblo que, tras más de un mes sin verlo –las visitas estaban prohibidas-, el 28 de febrero de 2021 no aguantó más y su intuición le dijo que tenía que rescatar a su hijo. Fue a la institución sin avisar. Reclamó ver a Mateo, pero no la dejaron verlo. Desde la entrada de esa casa maltrecha veía “todos los cables de la luz enganchados, un panorama desolador, muy triste. Me estremeció el alma ver a muchos chicos detrás de las rejas, todos con la mirada perdida. Terrible, terrible… Estaban todos hacinados. Si ni agua corriente había. Tenían que beber de baldes que estaban desperdigados por ahí”.

Finalmente, relató Valeria ante el organismo donde actúa el OR, después de mucho insistir Mateo apareció ante ella. “Salió acompañado por otro adicto, como si lo custodiara. El me abrazó y pude sentir que temblaba. Vi terror en su mirada”. Y mientras Mateo guardaba sus pertenencias en una sábana que haría de mochila improvisada –como la de los marineros que yiran a la deriva- Emanuel Cambra, el mandamás del manicomio -un consumidor de drogas que aprendió del negocio internado en el Programa San Antonio, una granja ya clausurada tras mis investigaciones y gracias a la labor de la Comisión Provincial por la Memoria- la amenazó por teléfono: “¡Usted está completamente loca! ¡Si no me paga el mes entero no se va de ahí!”.

En esas circunstancias, cuenta Valeria, tomó coraje y marchó con Mateo cargando su bolso marinero sui generis al hombro, dejando atrás a muchos otros, encerrados, yirando en el manicomio.

Claro está que el Órgano de Revisión no hizo nada con la denuncia. Y aunque Valeria asegura que cuado llamó a ese 0800 le tomaron todos sus datos, nunca la llamaron.

Una larga historia

¿Cómo sigue esta historia? ¿Con las cuatro muertes del lunes pasado? No. Antes del incendio, el 17 de noviembre de 2021, falleció ahogado en la pileta de Resiliencia San Fernando un chico de 29 años, que llamaremos Julián (por respeto al anonimato de su familia). Aún estoy tejiendo una relación con su temeroso padre, al que llamaremos Carlos.

Julián hacía un año y medio que estaba encerrado. No por problemas de consumo, sino porque una epilepsia recurrente le impedía a Carlos, un humilde trabajador, hacerse cargo de su hijo. La causa judicial cayó en la Fiscalía 4 de Pilar y en el Juzgado de Garantías 6 del doctor Nicolás Ceballos, juzgado donde reposa la ya superada decena de muertes dudosas que llevo recopilados en distintas granjas de esa ciudad.

Si bien el OR estableció en su Resolución 15/2014 sobre “muertes en Instituciones Monovalentes de Salud Mental” que todo fallecimiento dentro de una institución debe ser investigado por la Justicia como una “muerte dudosa” y no archivado sin más, el Poder Judicial nunca realiza investigaciones sobre estas muertes y el OR tampoco las impulsa, como lo ordena su propio dictamen.

¿Cómo termina esta historia? Con los cuatro usuarios del sistema de salud mental torturados (así lo acredita el informe que realizó Luis Onofri, director ejecutivo del Consejo Municipal contra La Violencia Institucional de Ramallo, junto a la Comisión Provincial de la Memoria, sobre cómo se originó el incendio y las violaciones a la integridad que se daban dentro de la institución) y asfixiados por el humo la desidia del Estado.

El OR y el Poder Judicial sabían que dentro de esa pseudoinstitución se violaban los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental y nada hicieron. El Estado es responsable de que estas muertes se hayan producido.

El mismo OR, que jamás impulsó la clausura de la Fundación San Camilo, también de Pilar, después de que este cronista describiera al detalle, en el libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación (Sudestada, 2017), las torturas y vejaciones y la responsabilidad del director y del psicólogo en las muertes de Felipe Mariñansky y Saulo Rojas.

El mismo doctor Honores tampoco persiguió la clausura del Programa San Antonio tras las muertes dudosas de Franco Ruiz Díaz (2013), Matías Lamorte (2015) y Claudia Alejandra Martínez (2018). Esta comunidad -también de Pilar, ¡¿dónde, sino?!- fue recién clausurada cuando denuncié que el dueño, Nicolás Perrone, un consumidor de drogas con antecedentes penales, estaba a los tiros dentro de la institución.

Hay que enfatizar que estas dos granjas fueron clausuradas finalmente gracias a la labor de los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Provincial por la Memoria, dirigida por el abogado Roberto Cipriano García.

De nuevo: el Estado y el Poder Judicial sabían que dentro de Resiliencia San Fernando y de todas estas pseudoinstituciones se tortura y se mata a los usuarios del sistema de salud mental y a los usuarios de drogas. Nada hicieron. Nada hacen. Nada harán.

Algo tiene que cambiar, antes de la próxima partida.


Jere

Mientras termino este artículo recibo una triste noticia: Jeremías Gerzovich (24), el hermano de mi sobrino Vicente, quien supo ser mi sobrino político durante muchos años y lo recuerdo como un pibito rebelde y hermoso, acaba de suicidarse. Convivía con consumos problemáticos y mucha angustia, sobre todo, desde hacía más de una década.

Quiero dedicar estas líneas a su memoria.

Jere, espero que descanses y que allá donde sea que peregrinemos te amigues con tu viejo. Dense un abrazo, que es el mejor antídoto contra la angustia y otros males.