Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región


La ley 22.278 titulada “Régimen penal de la Minoridad” se encuentra vigente actualmente en Argentina, aunque no es en rigor una ley, porque es de 1980 cuando estábamos sometidos al poder de facto de la última dictadura cívico militar y el Congreso Nacional estaba fuera de funciones. Para contextualizar a los frágiles de memoria, esa “ley” lleva la firma de Videla y establece en su artículo 1 que: “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación. Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable.Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.

La primera precisión que consideramos importante realizar es que la “ley” vigente debe ser reemplazada por una Ley de la democracia, producto del debate y el consenso, menos tutelar que la vigente, que limite las facultades discrecionales de los jueces para disponer de los “menores” infractores, dando seguridad jurídica a los justiciables, dado que la actual no se halla en convivencia armónica ni siquiera con la Constitución Nacional, dado que durante la dictadura, también nuestra Carta Magna había sido mancillada.

Lo segundo que cabe destacar es que, aún retrógrada, la “ley” habla de punibilidad y no de imputabilidad porque lo que se debate en materia de responsabilidad penal juvenil es precisamente la punibilidad y no la imputabilidad.

Tercera cuestión para hacer notar: cuando hablamos de “Responsabilidad Penal Juvenil” deberíamos hablar -en rigor- de responsabilidad penal “adolescente”, porque estamos hablando de quienes tienen menos de 18 años de edad, quienes a la luz de la Convención de Derechos del Niño no son “menores” sino sujetos de derecho con capacidad progresiva y, de acuerdo con nuestro propio ordenamiento jurídico vigente, son adolescentes y no jóvenes todavía.

Cuarta aclaración: la más enredada en los debates mediáticos donde todos hablan sin saber. La distinción entre punibilidad e imputabilidad. La punibilidad refiere a la pena, la inimputabilidad a la atribución de responsabilidad en el hecho. Nuestro derecho reconoce que, en condiciones normales, los chicos de más de 10 años son capaces de reconocer la ilicitud de un hecho, o dicho más sencillamente, de distinguir lo que “está bien” de lo que “está mal” o puede hacer daño; pero no son punibles hasta alcanzar la edad que establece la “ley” vigente, la de la dictadura.

Esto por cuanto, el Estado ha renunciado a aplicar pena por debajo de determinada edad, en el entendimiento de que es más adecuado intentar otras formas de reinserción social. La no punibilidad de adolescentes de menos de 16 años (independientemente de las medidas que disponga el juez) es una regla de política criminal, aunque se presuma que “comprende la criminalidad del hecho” que se le atribuye, es decir del cual podría resultar imputable.

La inimputabilidad es excepcional y debe establecerse en el caso concreto. Es inimputable quien no comprende la criminalidad del hecho concreto, efectivamente cometido o intentado, y la excepción deberá establecerse mediante pericias y pruebas específicas.

Así es que, en los medios, muchas veces escuchamos a los promotores de la “baja de la edad de punibilidad” (ergo, quienes pretenden una ley más regresiva que la de la dictadura), afirmando que “un chico de 15 años que mata, sabe lo que hace” (es decir, es imputable), entonces -según esos argumentos- hay que bajar la edad de punibilidad para que vaya preso.

Respecto de si comprende la criminalidad del hecho, nadie dice que no pero, nos ponen a discutir acerca de la imputabilidad para convencernos acerca de la necesidad de mayor margen para la punibilidad. Y, sin bien es cierto que, lo más probable es que un chico de 15 años que mata sepa lo que hace, es también cierto que el Estado ha renunciado a la pena de prisión para esa edad, entendiendo que la reinserción debe procurarse por otros medios.

Pero además, no es menos cierto que la cárcel no se ha mostrado eficiente para lograr la reinserción de nadie y no sólo de las personas menores de 18 años. Véanse, en los mismos medios que reclaman la “baja de la edad de punibilidad” (para que los menores de 18 años vayan presos), las noticias sobre hechos gravísimos cometidos por reincidentes adultos y tendremos un buen termómetro acerca de que la cárcel no se ha mostrado como una solución eficiente ni podría considerarse una “fábrica” de buenas personas…

Además, dicho sea de paso, en los lugares más complejos, la delincuencia adolescente ronda el 1,5% del total del delito, en distritos de menor complejidad no llega al 1% y el grueso de los delitos cometidos por adolescentes no son graves. Incluso, la mayoría de los adolescentes infractores son impulsados o regenteados por adultos.

Paralelamente, el fenómeno de la inseguridad sigue creciendo y mientras tenemos sin resolver el problema del 98,5% del delito cometido por adultos, nos quieren hacer creer que el problema son los pibes, para entretenernos discutiendo si “punibles” o “inimputables” (mezclando chauchas con orejas, para decirlo en criollo) mientras los responsables de la seguridad (o de la inseguridad) no encuentran soluciones efectivas para una población delincuencial mayoritariamente adulta, punible e imputable.

Al berenjenal de este debate retrógrado (que se regodea con propuestas más regresivas que la “ley” de la dictadura) podría agregarse que, los mismos que reclaman que haya más presos de todas las edades, luego se manifiestan en contra de la construcción de cárceles, por ejemplo…

Finalmente, dejemos dicho que Argentina fue condenada en dos oportunidades por la Corte Interamericana de DDHH por no haber reemplazado la “ley” 22.278 por una que se adecue al paradigma de DDHH y que promueva soluciones que se enmarquen en la justicia restaurativa para los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Necesitamos reemplazar la ley vigente, sí, por supuesto; pero no para que sea más regresiva que la de la dictadura.