Desalambrar

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Este martes 21 se reunió de forma virtual el Consejo del Salario para determinar la actualización del salario mínimo, que este mes de marzo llegó a escasos $69.500. Tras ocho años en los que acumula una pérdida absoluta que estimaciones calculan en $1.473.000, se acordó un magro 26% en tres cuotas hasta julio.

La antesala de esta “negociación”, que reúne a 16 representantes sindicales (bajo el control de la burocracia de las centrales obreras), 16 representantes de las patronales y el Estado, es la inflación del 6,6% de febrero y el acumulado del IPC de los dos primeros meses del año de 13,1%.

El salario mínimo determina el importe que cobran los trabajadores precarizados del Potenciar Trabajo –que asciende a la mitad de este-, es referencia como piso para las jubilaciones mínimas en base al 82% de dicho monto y también para los salarios docentes, que no pueden descender de un 20% más que el piso salarial. Y es la referencia de otras prestaciones y asignaciones, así como del trabajo no regularizado y, más tangencialmente, el trabajo registrado.

Un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) cuantificó en $1.473.000 la pérdida salarial absoluta respecto al salario mínimo contra la inflación durante los últimos ocho años, reflejando que bajo el gobierno del Frente de Todos se llevan perdidos 18 puntos porcentuales. Ahora continuará esta caída.

Medida contra los bienes y servicios de primera necesidad que precisan los trabajadores, el salario mínimo no alcanza a la canasta alimentaria de indigencia que el Indec calculó en $80.483 para febrero, una cifra que será arrimada con el aumento a cobrar recién en abril, por lo que seguirá corriendo de atrás. Incluso una familia tipo con dos ingresos equivalente a este piso salarial tampoco lograba alcanzar el umbral de la canasta básica de pobreza de $177.063. Estos indicadores acumularon a febrero un salto interanual del 115,1% y el 111,3%, respectivamente, mientras el salario mínimo solo ha subido un %78,47% en los últimos 12 meses.

La ministra de Trabajo Kelly Olmos es quien ahora ejecuta la política del gobierno de deprimir el piso salarial, para impulsar un derrumbe generalizado de los salarios: un reclamo que atizan las patronales y que tiene al ajuste en los programas sociales como un blanco predilecto para desenvolver esta línea.

La burocracia sindical, nuevamente, asistió a esta negociación sin ningún mandato de las bases, sin intenciones de representar a los sectores más afectados –en el pasado han manifestado su beneplácito con una eventual desvinculación del salario mínimo de los programas sociales- y, por su puesto, sin ninguna medida de lucha que apuntale un reclamo obrero. La abstención de la CTA de Yaski y el voto en contra de la CTA Autónoma apenas pretenden encubrir esta realidad, cuando apoyan al gobierno que ejecuta el ajuste.

El salario mínimo ha sido tan vapuleado en el pasado y en la actualidad, al punto que representa una cifra que ni se acerca a las necesidades básicas de los trabajadores. Esto requiere una actualización inmediata que cubra el valor de la canasta básica de $177.063, como principio a una recomposición económica integral de los ingresos de los trabajadores, para sacar a millones de la indigencia y la pobreza.