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Por ANRed.– El presidente Alberto Fernández oficializó el nombramiento de Antonio Aracre, ex Ceo de Syngenta, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación. Asumirá formalmente su cargo el 1ero de febrero. 

Ante la novedad, personalidades académicas, de la cultura y de la lucha ambiental como Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera y Rafael Colombo, lanzaron una carta pública en rechazo a su designación, que ya cuenta con más de 2 mil firmas.

«Aracre fue durante 36 años empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio y la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo. Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como Ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como ‘puertas giratorias’: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. ¿Alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?», se preguntan. 

En declaraciones con Futurock, Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y que asumirá formalmente el 1 de febrero como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, manifestó que su principal desafío es llevar adelante una mesa de diálogo en el marco de la proximidad de las elecciones presidenciales: «en el Congreso es muy difícil avanzar en cualquier iniciativa y trataría de acercar en una mesa a la oposición, los sindicatos, los empresarios y al Gobierno para discutir no más de 4 0 5 temas que son críticos y claves para que la Argentina pueda avanzar», expresó.

Asimismo, el empresario y flamante funcionario rechazó las críticas a su asunción por su procedencia del mundo empresarial: «no creo que el gobierno de Alberto Fernández se convierta en un gobierno de CEOs con mi presencia, sino que intentaré complementar la experiencia y el conocimiento de mis demás colegas en el gabinete con una visión desde el sector privado. Que simplemente la complemente, ni siquiera que la defina», argumentó.

Como antecedente, el empresario y Alberto Fernández ya se habían mostrado juntos en la Quinta de Olivos el 19 de diciembre de 2022, cuya reunión fue dada a conocer por el propio Aracre a través de sus redes sociales.

Ante la novedad, reconocidas figuras académicas, de la cultura y de la lucha ambiental hicieron pública una carta abierta (que puede leerse y firmarse aquí) en rechazo a la designación de Aracre. La carta ya cosechó más de 2 mil firmas, entre las que destacan las de importantes y destacadas figuras como Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, Rafael Colombo, Rubén Lo Vuolo, Horacio Tarcus, Mara Graciela Puntano, Marta Maffei, Alfredo Grande, María José Lubertino y Jorge Rulli, entre otras.

«recientemente tomó estado público la noticia que el Sr. Antonio Aracre será el nuevo Jefe de Asesores del Presidente de la Nación. Aracre fue durante 36 años empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio, y en los últimos 12 años se desempeñó como CEO de esa compañía para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado dejó su empleo privado para asumir, casi automáticamente, como funcionario público», comienza la carta.

En la misma línea, la carta detalla: «Syngenta fue fundada en el año 2000 tras la fusión de dos de las principales compañías del agronegocio: Novartis y Zeneca. Actualmente (como Syngenta Group) está registrada en Shanghai y es propiedad del gobierno de China. El grupo está integrado por miles de empresas alrededor del mundo, con presencia en más de cien países. Con su casa matriz en Suiza, Syngenta Group tiene cuatro unidades de negocio: Syngenta Crop Protection con sede central en Suiza; Syngenta Seeds, con sede central en Estados Unidos; Adama, con sede en Israel; y Syngenta Group ChinaEn Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas. Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior. En 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas. El crecimiento no fue producto del azar: con un perfil cuidadosamente más bajo que la empresa Monsanto, Syngenta fue clave en la consolidación de la sojización transgénica de América del Sur, bajo un proyecto que se dio a conocer en el año 2003 como ‘La República Unida de la Soja’, pasando así por encima de las fronteras y los intereses nacionales», explican y alertan.

Asimismo, señalan que «hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato». Sobre estos agrotóxicos, especifican:

En cuanto a la figura de Antonio Aracre, recuerdan que «tomó un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación – de ambos lados de la “grieta” -, lo cual le garantizó una cantidad insólita de amables ‘entrevistas’ en radio, televisión y medios digitales. Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como Ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018″.

Esta problemática, explican, es conocida popularmente en todo el mundo como ‘puertas giratorias‘: «se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. En la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito. La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción’, ratificada en Argentina por la Ley 26.907 en el año 2006, establece la obligación de ‘prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas‘. En nuestra legislación interna la problemática se encuentra prevista por la Ley 25.188 de ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Esta ley establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado (*). Según dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más».

En ese sentido, advierten: «si bien el cargo de Jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos (5) en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país. Pero también es necesario cuestionar cuál será el lugar de un asesor que dejó el trabajo en una compañía transnacional para inmediatamente dedicarse a la función pública en infinidad de temáticas como la propia cotización del dólar, o las políticas relacionadas con la importación o exportación o una eventual regulación del comercio nacional de granos. En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta«, remarcan.

Finalmente, destacan que «mientras el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, en Colombia, promueve la protección de la Amazonía, la defensa del campesinado y la salida de los combustibles fósiles; y el flamante gobierno de Lula da Silva, en Brasil, crea el Ministerio de Pueblos Originarios a cargo de la lideresa indígena Sônia Guajajara y nombra nuevamente como Ministra de Ambiente y Cambio Climático a la reconocida ecologista Marina Silva; en Argentina el retroceso no puede ser mayor, tal como lo muestra el nombramiento en un influyente cargo, cercano al Presidente, de una persona que fue los últimos doce años el más alto gerente en la región de una multinacional con el prontuario de Syngenta».

Por todo lo señalado, es que solicitan «se revea la decisión de nombrar al ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación», finaliza la carta, que ya cuenta con más de 2 mil firmas, las cuales pueden consultarse aquí:

Carta pública en rechazo a la designación de Antonio Aracre, ex Ceo de Syngenta, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación

https://aadeaa.org/rechazo-a-la-designacion-de-antonio-aracre/embed/#?secret=u1DP5QxUdh#?secret=uTkvBhVNlx

Notas:

(*) – Ley 25.188:

-ARTICULO 13. — Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

-ARTICULO 15. — En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá: (…)

b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria.