Desalambrar

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Por ANRed – Mañana estaba previsto el desalojo de las mas de 100 hectáreas que involucra la toma de tierras en la localidad de Guernica al sur del conurbano bonaerense. Como denunciaron organismos de Derechos Humanos y abogados defensores; las condiciones que exige el protocolo para llevaran adelante el desalojo de las 2.500 familias no estaban dadas. Esta tarde, tras un pedido de la Gremial de Abogados y abogadas, la Defensoría Pública y el Ministerio de Desarrollo  fue aceptada por la justicia una prorroga que pospone el desalojo hasta el 1, 2 y 5 de octubre. 

El Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires a cargo de Andrés Larroque solicitó al juez Martín Miguel Rizzo una prórroga para completar el censo que se realiza en el territorio de la toma que abarca unas 100 hectáreas.

En horas de mañana, en declaraciones al canal A24, Larroque dijo “presentamos ayer un pedido de prórroga al juez” y añadió que “en todo proceso de desalojo se debe aplicar el protocolo que indica la Corte Suprema de Justicia bonaerense”.

Manifestó que “se planteó al juez poder extender el plazo para el 1 de octubre para seguir trabajando en una solución pacífica”.

El censo comenzó el viernes pasado para relevar la identidad y situación de las familias, que según datos preliminares informados por el ministro Larroque el 50% de las personas son oriundas de Guernica. El censo busca evaluar alguna solución al problema habitacional que padecen 2500 familias, entre los cuales hay aproximadamente 3000 niños y niñas.

Sin embargo, Eduardo Soares abogado y referente de la Gremial de Abogados y Abogadas, explicó que en la última audiencia con el juez y el fiscal de la causa, de la que participaron organismos de derechos humanos y funcionarios del estado del área de niñez y de la provincia, comentó: “todos los funcionarios hablaban pero ninguno brindaba una solución. Nuestras compañeras les preguntaron: ustedes tienen que decir expresamente ¿dónde iría toda la gente?, porque hay un compromiso que se realizó con participación de funcionarios policiales. Si ustedes sacan a 2500 personas, ¿dónde las llevan?. Lo mismo sucede con los niños, deben decir dónde irán. Eso es solución, sino es sanata”.

“Es muy difícil, nosotros tenemos una fecha de desalojo, 23 y 24 de septiembre. Estamos muy preocupados por eso, teniendo en cuenta que se han llevado desalojos muy violentos en San Fernando y en Ciudad Evita” explicaba Yamila que participa de la toma de tierras. Agregó “acá no hay negocios inmobiliarios, no hay terratenientes. Hay familias, que están con mucho miedo porque hay muchos chicos”.