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PAIS / MUNDO

«Si persisten las actuales condiciones, no es posible el inicio de clases 2021»

miércoles, 27 enero, 2021

COMUNICADO DEL FRENTE NACIONAL DOCENTE –

Transitamos una pandemia a escala mundial, que continúa con nuevos picos y olas, llegando a casi 100 millones de contagios y más de 2.1 millones de personas fallecidas por COVID-19, lo que implica familiares, trabajadores de la educación, niñas, niños y adolescentes muertos.

Argentina encabeza este ranking, al estar 12 entre los países más afectados y en los 15 con mayores muertes por millón de habitantes, de los 192 países del mundo. Se trata de una catástrofe humanitaria, sin antecedentes en la historia contemporánea.

La pandemia develó la profunda crisis social por la que venía atravesando la sociedad mundial, con crecientes niveles de pobreza, precarización laboral, desmantelamiento de los presupuestos sociales como los de salud y educación públicas. Esas políticas de ajuste de los gobiernos a escala global, llevaron a que las propias potencias mundiales se vieran superadas por la lógica del sistema capitalista que tanto pregonan. A su vez, en esas regiones, el impacto recayó en los sectores vulnerables, trabajadores y pueblos.

¿Abran las escuelas…? Si las mantuvimos abiertas todo el año

Desde la FND, Federación Nacional Docente, señalamos la gravedad de la crisis para resaltar la banalidad con la que toman el tema del inicio de clases 2021, en el actual contexto de pandemia, tanto el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Educación, Nicolás Trotta, como del gobierno porteño de Larreta y los gobernadores provinciales.

Venimos alertando y puede observarse la fuerte caída de los presupuestos educativos, tanto a nivel nacional como en la Ciudad y las provincias. Política que ha llevado al deterioro de la infraestructura escolar y la falta de refacción y construcción de aulas y escuelas para responder a las necesidades sociales. Al faltante de vacantes y hacinamiento de 30, 35, 40 o más estudiantes por aula o la falta de nombramiento de docentes reemplazantes, suplentes, provisionales y de más auxiliares para atender la demanda de seguridad e higiene en pandemia.

Por eso queremos responder a ciertas construcciones de “sentido común”, operaciones comunicacionales y falsedades que buscan descalificar a la docencia. Como la campaña “abran las escuelas”, cuando la escuela estuvo abierta todo el año, ante la emergencia sanitaria. Y como docentes trabajamos junto con la comunidad en el reparto de alimentos y diversas tareas que imponía la emergencia sanitaria, en todo el país.

Defendemos la educación presencial y alertamos cuando, desde el gobierno nacional y las provincias, los grandes medios o intelectuales oficialistas elogiaban la educación a distancia, haciendo votos para que se adoptara como modalidad, más allá de la pandemia. Desde la FND denunciamos ese discurso por su velada intencionalidad de querer suplantar la presenciabilidad en el aula. Y, en el largo plazo, apuntar a desmantelar la escuela como espacio de construcción colectiva del conocimiento.

Además, las y los docentes, con nuestros recursos y bajos salarios, tratamos de mantener la conectividad virtual junto al estudiantado y las familias, a lo largo del 2020. A pesar de los gobiernos, que dejaron sin conectividad y no entregaron dispositivos a los sectores más vulnerables. Ni reconocieron los gastos que implicó.

Argentina: Mueren 14 niñas, niños o adolescentes al mes, 1 cada 2 días por COVID

Es falso afirmar que niñas y niños no contagian o no son transmisores del virus. También decir que no queremos volver al aula o no pensamos en las pibas y pibes. Es una falacia comparar y justificar que se abran hasta los bares y no las escuelas. Es una deformación interesada decir que las escuelas son lugares seguros a secas, que no hay ningún motivo para mantener las aulas cerradas o que “el mundo” definió abrir las escuelas. Y citar para eso a organismos internacionales o la Sociedad de Pediatría que dicen lo contrario.

Según los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes aumentan en EEUU y Europa. A esto se suma que, aun siendo asintomáticos, pueden transmitir el coronavirus. Mientras la Sociedad de Pediatría (SAP) afirma que “los niños mayores de 10 años pueden transmitir el SARS- CoV-2 tan eficientemente como los adultos, y esta información debe ser parte de las consideraciones tomadas para determinar cómo abrir escuelas de manera segura y efectiva”.

Por eso la SAP reconoce que “hasta el 08 de setiembre se confirmaron en nuestro país 38.430 casos de COVID-19 en menores de 18 años, que corresponde al 7.8% del total de casos del país, con un porcentaje de positividad del 29.3%. La mediana de edad de los casos fue de 12 años. Asimismo, el 5,1% de estos casos se observaron en menores de 1 año”. A la vez, aclara que este “porcentaje de afectación pediátrica difiere entre distintos países; en Argentina la alta proporción se debe fundamentalmente al programa DETECTAR”. Siendo el país uno de los que menos testeos realiza, por lo que las cifras reales son muchos mayores.

Por eso incluso, días atrás, el ministerio de Salud informó que “subió la curva de contagios en la niñez y en la adolescencia, pero por sobre todo entre los jóvenes de entre 15 y 19 años” en Argentina. Que al 18 de enero “los casos de coronavirus en menores de 20 años fueron 157.052, lo que representa un 9,2% del total. Y se confirma desde el ministerio que “los fallecidos por coronavirus en el grupo de niños y adolescentes fueron 138 con una edad mediana de 11 años, 33 de esas muertes fueron en menores de 1 año” (Ámbito, 18/1/2021). Esto quiere decir, un promedio de 14 menores muertos por mes en estos 10 meses que llevamos de pandemia. O dicho de otra forma, 1 niña, niño o adolescente muerto cada 2 días.

Nacionalizar y democratizar las decisiones y el sistema educativo en el país

Ahora bien, ante el inicio de este ciclo lectivo y desconociendo la gravedad de la pandemia y el estado de precariedad edilicia provocada por sus políticas de ajuste presupuestario, los gobiernos plantean que hay que volver a las escuelas en forma presencial a cualquier costo. O incluso, como el gobierno porteño, hablan de respetar un “protocolo” que nadie conoce, con un 100% de presencialidad criminal e irresponsable.

Sería difícil, casi imposible redactar un protocolo universal, en un panorama edilicio y educativo totalmente heterogéneo, desigual y fragmentado. En las provincias y en CABA, existen muchas escuelas cuyas dimensiones no soportan ningún parámetro de seguridad sanitaria: Distanciamiento, aulas aireadas, ventilación, entre otras condiciones. Con aulas superpobladas, sin espacios abiertos.

La situación de precariedad presupuestaria también erosionó las condiciones laborales y salariales de la docencia que, en el caso de Secundaria, debe viajar a varias escuelas para lograr un salario digno. O la docencia de Primaria que debe tomar 2 cargos (y hasta tres) para lograr dicho salario. Esto también agrava la situación de riesgo docente. Resolver el tema salarial hace también a la cuestión de higiene y bioseguridad ya que una docente de Secundaria tiene 300 y hasta 500 estudiantes por día, a causa de esas condiciones salariales de pobreza, con lo que la exposición sería mucho más fuerte. Esto tiene que ser también modificado para atender realmente a una escuela segura.

Pero el gobierno nacional desliga en Larreta y en los gobernadores la responsabilidad del inicio de clases con presenciabilidad, y éstos descargan esa decisión en los equipos directivos y las escuelas. Esta grave derivación de responsabilidades pone de relieve la necesaria renacionalización del sistema educativo del país, como venimos reclamando desde la FND.

10 puntos que los gobiernos deben garantizar urgente para una presencialidad segura

La FND defiende la vuelta al aula, pero la misma debe garantizar la seguridad sanitaria de docentes y estudiantes. Y verificar la situación epidemiológica del país y cada distrito. Para ello, el gobierno de Alberto Fernández y Trotta, junto a los gobiernos de la Ciudad y cada provincia, deben asegurar de inmediato los recursos financieros y concretar todas las acciones que garanticen una educación segura y de calidad para las mayorías sociales, con el fortalecimiento edilicio y sanitario de las escuelas. Presentamos estos 10 puntos, algunos para la emergencia y otros más de fondo, para lograrlo:

  1. Plan de obras: Exigimos la presentación efectiva y verificable de un plan nacional, provincial y distrital de infraestructura escolar. Controlado a través de la creación de Comités de Infraestructura, Seguridad, Higiene y Bioseguridad en todas las comunidades educativas y distritos. Con la participación efectiva de docentes, estudiantes y familias que analicen, evalúen y verifiquen la aplicación de las indicaciones protocolares, escuela por escuela. Y la capacidad de paralizar el trabajo si las condiciones no son seguras.
  2. Higiene, desinfección, protección y vacunas: Para poder volver a las aulas en forma segura, reclamamos la entrega de todos los insumos y elementos de limpieza y desinfección necesarios. Así como ropa y protección para el personal, entrega de mascarillas y tapabocas, exigible permanentemente a estudiantes y familias, junto al plan de testeos y la vacunación masiva de docentes y auxiliares. Garantizar la efectiva toma de temperatura al ingreso, en cada escuela y la concreción de la sala de auxilios para aislar casos detectados como fija el Protocolo Marco. Rastreo de contactos de casos positivos.
  3. Agua potable, jabón, baños y sanitizantes: Antes del inicio de clases, resolver la crítica situación de los baños y la provisión de agua potable en cada establecimiento, durante toda la jornada y en cada turno. Distribuir suficiente jabón y papel secante para un constante lavado de manos, alcohol en gel y sanitizante como establece el Protocolo Marco de julio de 2020. Desinfección sistemática de picaportes, mesas, escritorios, lugares comunes.
  4. Distancia social, burbujas y asesoría sanitaria: Espacios escolares y áulicos con la adecuada ventilación, con ventanas y puertas abiertas, incluyendo la capacitación para los maestros y el personal. Con una distribución que garantice la distancia social efectiva de 2 metros entre cada docente y estudiantes en la “burbuja”, y de 1,5 metros entre cada estudiante con 8, 10 a 12 estudiantes por burbuja, según las dimensiones del aula. Esto desnuda lo criminal del planteo de 100% de presencialidad, todos los días, todos los chicos en las escuelas”, que levanta la derecha, en particular en CABA. O el documento “A las aulas” con el supuesto “plan de trabajo 2021 para garantizar la plena presencialidad en el sistema educativo argentino”, presentado por el ministro Trotta. Si se garantiza ese distanciamiento social es imposible una presencialidad plena o al 100% ya que la escuela dejaría de ser segura, al amontonar personas como en tiempos normales. Formar Comisiones de Interconsulta o Asesoría Sanitaria con organizaciones independientes, democráticas y de lucha de profesionales y trabajadores de la salud (como la CICOP, la APyT del Garrahan, ALE en CABA), para el control sanitario, de la situación epidemiológica, la cantidad de casos por habitantes y la tasa de positividad por parte de organizaciones de profesionales que refuercen con fundamentos y autoridad científico-sanitaria que no se puede volver en cualquier condición.
  5. Más cargos, bimodalidad y precarización: Designar la totalidad de cargos docentes o parejas pedagógicas que garanticen el desdoblamiento de las aulas o la bimodalidad sin precarización ni sobrecarga, entre las clases presenciales a un grupo del grado o curso, y la virtualidad al resto para garantizar así una presencialidad con seguridad sanitaria. No a las clases simultáneas (presencial y online). Designar más auxiliares para la limpieza y desinfección requerida a cada hora en aulas y escuelas. Nombrar la totalidad de reemplazantes, suplentes y provisionales, en concursos o actos públicos transparentes para que no haya docentes sin cargo y estudiantes sin docentes. Basta de precarizar el trabajo docente, de contratados, becarios, pasantes y toda forma de inestabilidad laboral en los programas socioeducativos. Incorporarlos al Estatuto, con plenos derechos laborales y salariales.
  6. Paritarias y salario: Asegurar paritarias libres y democráticas a nivel nacional y en cada distrito, con la participación del conjunto de entidades de la docencia nacional o provincial, no sólo los gremios dispuestos a pactar con los gobiernos. Revalorizar el salario como variable pedagógica central para cubrir la canasta familiar y el acceso a los bienes culturales, con indexación mensual según la inflación. Cambiar la matriz salarial con un básico nacional unificado y un aumento no inferior al 50%. Fuerte suba y pase al básico del Incentivo, con fondos de Nación que sigue congelado hace más de 3 años. Igual que el ítem Material Didáctico y el Art. 9º que se aporta a varias provincias para llegar al piso nacional. Eliminar el impuesto a las “ganancias” sobre el salario y 82% móvil real en las jubilaciones.
  7. Dispositivos y conectividad gratis: En vez de marketing y disputa electoral con frases como “Primero la Educación” o “un retorno seguro a la presencialidad”, los gobiernos y patronales deben entregar computadoras y conectividad gratuita a internet para el sistema mixto que se plantea. Y superar la desigualdad que llevó a 1 millón de estudiantes a no poder conectarse, por el ajuste y congelamiento del presupuesto en los niveles que dejó el macrismo en 2019. Por ello discrepamos con el balance exitista que hace el ministerio de Educación nacional, en su documento “A las aulas”.
  8. Transporte, ¿15 millones circulando? Organización de turnos de ingreso y salida de las escuelas en distintos momentos para evitar aglomeraciones y mecanismos para su control y efectivo cumplimiento. No basta anunciar la “prioridad” de docentes y estudiantes para subir a un transporte público bastante abarrotado. Se trata de 15 millones de personas, entre los más de 13 millones de estudiantes y 1,1 millón de docentes, más auxiliares y familias que se podrían poner en circulación. Consensuar los protocolos del transporte escolar y público es también clave.
  9. Presupuesto educativo al 10% del PBI: La educación es un derecho social de nuestro pueblo, un deber y función imprescriptible, indelegable e inalienable del Estado, que debe garantizarlo con el presupuesto proveniente íntegramente de sus rentas generales. Para aplicar estas medidas y una escuela segura, es imprescindible aumentar de inmediato el presupuesto al 10% del PBI. Los recursos están y deben salir del no pago de la deuda, tanto de la Nación como las provincias. La deuda es con la educación, con los salarios docentes y las condiciones edilicias y sanitarias. Por un verdadero impuesto progresivo y permanente a las riquezas, y la eliminación de los multimillonarios subsidios públicos que sustentan los negocios de las escuelas subvencionadas de la Iglesia, las otras confesiones y patronales privadas, defendiendo los cargos docentes y matrícula para poder destinar esos fondos a la escuela estatal.
  10. Congreso pedagógico: Respecto a la recuperación de contenidos, la integración entre los ciclos lectivos 2020 y 2021 y demás, se debe definir en un Congreso Pedagógico Nacional y en los distritos, de carácter resolutivo donde decidamos docentes, estudiantes y familias, no los sectores privatistas, gobiernos y organismo como la OCDE, el Banco Mundial, UNESCO o el FMI. Para lograr la participación efectiva en los protocolos, el gobierno y planeamiento, el desarrollo, balance y readecuación de toda política educativa por quienes hacemos la escuela a diario, en general y en particular en pandemia. La Federación asume el debate e instrumentación de las políticas educativas, entendiendo que el saber es un valor en disputa entre los intereses del capital y los intereses de los trabajadores. Por eso ratificamos la vigencia de nuestra Declaración de Principios: “asistimos al mantenimiento de un modelo de exclusión, saqueo y mercantilización que no distribuye, sino que concentra riquezas en pocas manos, mientras abandona a su suerte a los que menos tienen. Que apunta a adecuar la educación a la reestructuración de la economía argentina al contexto de crisis del sistema capitalista mundial que nos relega a la exportación de materias primas con escaso valor agregado, algo que no demanda adiestrar ampliamente en nuevos conocimientos y capacidades sino preparar en saberes básicos, acordes al modelo agro exportador, extractivista y de servicios vigente… Esto se expresa en las leyes educativas que reflejan una creciente política de privatización del sistema, con el incremento de los subsidios estatales a la escuela privada, llamada por los distintos gobiernos a garantizar el conocimiento para los sectores privilegiados y a aquellos que puedan pagarla, mientras se implementan políticas que apuntan al vaciamiento de la Escuela Pública, reduciéndola a una función asistencialista y de contención que naturaliza la desigualdad social que el propio modelo genera. La Defensa de la Escuela Pública se constituye así en un frente de lucha de todo el pueblo”.

Si persisten las actuales condiciones, no es posible el inicio de clases 2021

Si estas condiciones no están garantizadas, la FND considera que no es posible el inicio de clases. Rechazamos todo intento de limitar o cercenar el derecho de huelga como la amenaza del gobierno porteño de descontar los días a quienes realicen medidas en febrero.

Por todo ello llamamos a construir la mayor unidad posible, al conjunto de las organizaciones docentes de todo el país. Para impulsar y resistir cualquier intento de poner en riesgo la vida y salud de la docencia, estudiantes y familias. En tal sentido proponemos evaluar la auto-convocatoria a un Encuentro Nacional de los sectores combativos, democráticos, clasistas, multicolor, hacia la primera quincena de febrero.







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