Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región


Un centenar de científicas y científicos rechazan la avanzada petrolera en las costas de Mar del Plata, cuestionan las políticas extractivas de los gobiernos. Contestan y rebaten las afirmaciones del grupo de académicos llamado «Ciencia y Técnica Argentina» que emitió una reciente declaración. “Urge que se discuta otro modelo de ciencia y tecnología, al servicio del bienestar social y ambiental”, reclaman. Leé el texto completo.

Quiénes firmamos este documento somos trabajadores y trabajadoras del sistema científico nacional. Nos preocupa y nos ocupa poner freno a la depredación ambiental que se da a lo largo y ancho de nuestro país. Esta depredación se sostiene en políticas públicas concretas como el actual proyecto de exploración offshore de petróleo y gas en el Mar Argentino Norte, impulsado durante la gestión de Mauricio Macri, y defendido y aprobado por el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conducen Matías Kulfas, Martín Guzmán y Juan Cabandié, respectivamente.

Consideramos necesario y urgente plantear nuestra posición en el debate luego de la reciente declaración firmada por el grupo Ciencia y Técnica Argentina. Esta nota, que fue titulada “Destacados científicos se expresaron a favor de la exploración offshore de petróleo y gas”, omite y oculta el fuerte rechazo que esta decisión generó y genera, tanto dentro como fuera de la comunidad científica. Dado que la misma presenta varias omisiones y errores, nos parece importante no pasarlos por alto y sumar argumentos que no pueden dejarse de lado:

1.El proyecto que rechazamos se presenta como una continuidad de la explotación hidrocarburífera vigente en nuestro país. Sin embargo, esto no es cierto. Las actuales perforaciones offshore en el Mar Argentino se realizan a menos de 100 metros de profundidad (aguas someras), mientras que la exploración autorizada es en aguas ultraprofundas, entre los 1700 y 4000 metros de profundidad. Este tipo de actividad se considera extrema pues implica un aumento en los riesgos y posibles impactos de cualquiera de las tareas involucradas. La omisión de riesgos sumada a la entrega de los territorios son algunos de los aspectos definitorios de las políticas extractivistas coloniales en nuestro país (1).

2. El proyecto que rechazamos afecta a gran parte de la fauna marina y no únicamente a una especie respecto a sus rutas migratorias, como se afirma en el documento de CyTA.  En efecto, la exploración sísmica perjudica a mamíferos, aves, reptiles (como las tortugas marinas), peces, cefalópodos (2-4), crustáceos y otros invertebrados marinos. También tiene impactos negativos sobre los organismos planctónicos. El efecto es sobre varias categorías taxonómicas y altera las tramas tróficas dentro de ese ecosistema, perdiéndose numerosas contribuciones que brinda el mar a la humanidad (5-6). Para mapear el lecho marino se realizan disparos aéreos 3D y 4D que generan ondas sonoras que pueden alcanzar los 250 dB (7); esto provoca daños en los tejidos de los organismos y alteraciones en su comportamiento, incluso puede llevarlos a la muerte. Por otro lado, la instalación de plataformas implica que haya iluminación y contaminación sonora constante, condiciones que también afectan a la fauna. Como dijimos, no trata solo de la alteración en la ruta de las especies migratorias, sino que el daño es al ecosistema marino en su totalidad. A esto se añade que las prospecciones sísmicas están planificadas para la estación del año de mayor productividad, alterando todo el ecosistema marino.

3. Existen altas probabilidades de que ocurran derrames de petróleo como consecuencia de esta actividad. Es importante recordar que los derrames no sólo se producen por accidentes de gran magnitud en las plataformas (incendios, explosiones, hundimientos, como son casos conocidos de Piper Alpha, Deepwater Horizon, Petrobras 36 por poner ejemplos), sino también por el transporte de los hidrocarburos, por la carga y descarga o por almacenamiento y/o por fisuras en ductos (caso de Pemex y de Gannet Alpha). Así lo han mostrado los múltiples derrames que se dieron en diferentes lugares del mundo apenas durante el último mes (9, 10,11) y también un estudio previo (8). Asimismo, se niega la posibilidad de que lleguen a la costa argentina, lo cual es erróneo. Pero si aun si este fuera el caso, lo que están diciendo es que si no vemos un problema entonces no existe. Esto revela la mirada irresponsable y antropocentrista con la que se está tratando el tema. Los fondos marinos igual se verían afectados por el depósito de los compuestos más densos y las comunidades marinas por la formación de una capa de compuestos menos densos que restringe el paso de la luz. Además, se liberarían compuestos mutagénicos, como hidrocarburos mono y policíclicos, que generan alteraciones en el ADN. Por otro lado, algunas de las empresas adjudicatarias del concurso público son responsables de muchos de los desastres ambientales registrados en las últimas décadas (DeepwaterHorizon, delta del Níger, Bonga-Nigeria, GannetAlpha-Escocia, entre otros). Estas empresas jamás pagaron las respectivas compensaciones, no asumieron su responsabilidad respecto de los daños generados y siguen participando en proyectos tal como el que aquí rechazamos.

4. Este proyecto implica la entrega de recursos y divisas a grandes empresas multinacionales responsables de catástrofes ambientales y sociales en diferentes partes del mundo. Sin embargo, se presenta como una iniciativa para recuperar la soberanía energética, por la vía de YPF. En dicho caso, no solo se omiten el hecho de que YPF es una empresa de carácter mixta (capital público y privado), sino que además no se nombra a las multinacionales involucradas, tales como Shell y Equinor.

5. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de concesiones hidrocarburíferas offshore cuenta con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas y una reducción significativa de las regalías: al 6% en los primeros 10 años de producción, al 9% en los siguientes 10 años y al 12% en los últimos 10 años (Decreto Nacional N° 900/21). Además, como ha quedado demostrado con otros proyectos extractivistas asociados a hidrocarburos (como el fracking en Vaca Muerta), las empresas multinacionales fugan los capitales al exterior lo que genera un desbalance neto en las ganancias que quedan en el país (8.679 millones de dólares entre 2013 y 2019) (12).

6. La actividad pesquera artesanal, uno de los motores económicos de la costa argentina, también se verá comprometida. En nuestro país existen antecedentes que han perjudicado gravemente al sector, por ejemplo: en 2009, la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de las petroleras británica BP y de China National Offshore Oil Company) realizó exploraciones sísmicas que afectaron la captura de merluza durante más de un año en el Golfo de San Jorge. El proyecto que aquí rechazamos generará más desempleo y pobreza, afectando a personas y comunidades que, además, se han visto perjudicados por la recesión económica durante la pandemia.

7. Este proyecto pretende ser desarrollado en uno de los principales destinos turísticos de nuestro país: la Costa Atlántica. El lugar es visitado año tras año por numerosas personas y la actividad turística es una de las principales fuentes de ingreso de la comunidad local. Se ha comprobado en otras partes del mundo el impacto negativo que la actividad petrolera y sus frecuentes “accidentes” tienen sobre las playas y el turismo (9, 10).

8. Se menciona la jerarquización de la cartera de Ambiente en el marco de la actual gestión, ministerio que fue efectivamente quien habilitó la exploración sísmica offshore. Sin embargo, se omite decir que la audiencia pública, convocada por dicho Ministerio, realizada en julio de 2021, tuvo como resultado el rechazo de casi la totalidad de los 400 participantes entre científicos de diferentes campos, otros ciudadanos de todo el país y organizaciones ambientales. Al mismo tiempo, se menciona el rol del Ministerio de Ambiente en el control de las actividades offshore, omitiéndose que en realidad quien va a controlar dicha actividad será la Secretaría de Energía, no la cartera de Ambiente. Por último, el informe de impacto ambiental aprobado por la cartera de Ambiente no incluye una evaluación ambiental estratégica, que incorpore los impactos acumulativos de la actividad.

Como trabajadores y trabajadoras de la ciencia alertamos que se pretende engañar a la población con supuestos argumentos técnicos a favor de la explotación offshore, cuando la mayoría de los estudios científicos muestran los elevados riesgos que este tipo de actividad genera sobre el territorio, sobre el agua, la biodiversidad y sobre otras actividades productivas.

Al mismo tiempo resulta contradictorio que en tiempos de crisis climática, en lugar de avanzar hacia un modelo energético que permita una salida clara de la matriz fosilista, la alternativa que propone el gobierno –y los científicos de CyTA- sea la de profundizar aún más dicha matriz energética fósil, responsable en gran parte de la crisis socioecológica actual. De seguir en esta línea, el gobierno incumpliría además con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, respecto de la descarbonización de nuestra matriz energética y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Tampoco podemos dejar de remarcar que rechazamos este nuevo proyecto hecho a la medida de las exigencias del FMI y de las grandes empresas. Profundizar este tipo de actividades en Argentina ha traído aparejado una reprimarización de la economía, mayor dependencia extranjera, mayor depredación ambiental y más pobreza y desigualdad, como lo demuestran otros modelos productivos/extractivistas vigentes en el país tales como la megaminería, el fracking o el agronegocio.

Queremos aclarar que la comunidad científica no posee portavoces únicos. Nos preocupa que, tras una audiencia pública masiva a mediados de 2021, en la cual se expresaron múltiples posiciones en contra de este proyecto, ahora se multipliquen comunicados que silencian los disensos, elaborados desde las oficinas ministeriales, subordinados a los intereses de las grandes empresas y que consolidan el lucro privado como política científica de Estado.

No es posible ocultar que existe un persistente intento de colonización del discurso público y de apropiación de la “ciencia”, basado en la idea de que sólo es “científico” aquello que es afín o funcional a los modelos de crecimiento dominantes, mientras que las visiones que cuestionan dichos modelos son marginadas o en el límite, descalificadas como políticas de “antidesarrollo”, “ambientalistas” utilizadas de manera peyorativa y/o acusadas de “falta de cientificidad”. Urge que hacia dentro y fuera del ámbito científico se discuta otro modelo de ciencia y tecnología, al servicio del bienestar social y ambiental, capaz de desarrollar un pensamiento crítico y de aportar a resolver los problemas de las comunidades, entre ellos, la transición energética, de cara a la grave crisis climática y sus impactos sociales, económicos, sanitarios y ambientales. Abogamos por ello, por una ciencia rigurosa e independiente, con compromiso social, con una perspectiva de bienestar y de cuidado de las personas y los territorios, que piense en el mediano y largo plazo, capaz de ser construida en diálogo con otros saberes frente y que tenga la dignidad de colocarse por encima tanto de los oficialismos de turno como de los intereses del poder económico.

Celebramos la reciente medida cautelar otorgada por la Justicia Federal de Mar del Plata que pone un freno judicial provisorio a este proyecto y que entendemos como un primer triunfo de la lucha popular en defensa del Mar y nuestras playas. Estamos plenamente comprometidas y comprometidos con las luchas populares y obreras que buscan ponerle un freno al saqueo de nuestros territorios y al ataque a nuestras condiciones de vida. Somos parte de ellas y creemos que, como recientemente ocurrió en Chubut y en tantos territorios de este país, marcan el camino para construir otros horizontes posibles y necesarios.

Accedé al documento original

Primeras firmas:

Lucía Maffey (BNDG/UBA), Matías Blaustein (CONICET/iB3-FCEyN-UBA) , Guillermo Folguera (UBA-CONICET), Bruno Colavitto (IDEAN-CONICET/FCEyN-UBA) , María Luz Padulles (INEDES-CONICET/UNLU) , Maristella Svampa (UNLP-CONICET) , Alicia Massarini (UBA), María Cecilia Bonadero (UNMDP – CONICET) , Carolina García Curilaf (UNMdP), Santiago Benitez-Vieyra (IMBIV-CONICET) , Ana Cinti, CESIMAR, CCT CENPAT-CONICET, Agustina Catalano (UNDMP-CONICET), Sabrina Gil (CELEHIS-UNMDP) , Pablo Alabarces (UBA-CONICET), Margarita Do Campo (INGEIS-CONICET), Alcira Trineli (INGEIS-CONICET), María Laura Gutiérrez (UNMdP – CONICET), David Edgardo Galván (CESIMAR CCT CENPAT CONICET), Verena Bökenhans (IBIOMAR- CONICET), Lucia Castillo (IPCSH-CENPAT CONICET), Agustina Iwan (UNMDP-CONICET), Manuela Funes (UNMDP-CONICET), Damián Marino (UNLP-CONICET) ,Patricia Pintos (CIG/UNLP) , Juan Wahren (IIGG-UBA/CONICET), Gabriela Klier UNRN-CONICET, Agustín Martínez (DC-FCEN-UBA) , Tomás Emilio Busan (UBA) , María Paula Blois (UBA), Federico di Pasquo (UBA-CONICET), Nicolás José Lavagnino (UBA-CONICET), Nahuel Pallitto (UBA-CONICET) , Horacio Beldomenico (FIQ-UNL), Cecilia Gárgano (LICH-UNSAM-CONICET), Nora Madanes (UBA, jubilada), Pablo Nicolás Fernández Larrosa (CONICET / FCEN-UBA), Ariel Bendersky (UBA-CONICET), Maria Florencia Barbarich (UNJu/CONICET), Alejandra Valverde (CONICET, Programa Redes Epistemicas, UNLu), Francisco Gelman Constantin (UBA/CONICET/UNLA), Leda Giannuzzi (CONICET, UNLP), Mercedes García Carrillo, (iB3-FCEN-UBA), Francisco Carriquiriborde (CONICET-UNLP), Pablo Lichtig (CONICET-CNEA/DQIAQF-FCEyN-UBA), Leonardo Galetto (Universidad Nacional de Córdoba-CONICET), Federico Holik (IFLP-CONICET), María Eva Koutsovitis, (UBA), Martín Pérgola (CEFIEC-CCPEMS), Rafael Lajmanovich (CONICET-UNL), Ayelen Muchiutti (CONICET), Gabriela Lichtenstein (INAPL-CONICET), Andrea Previtali (UNL-CONICET), Esteban Rodríguez (ISPM-FLACSO), Leonardo Salgado. (UNRN-CONICET), Javier Souza Casadinho (FAUBA), Lucas Enrico (IMBIV – CONICET y FCEFyN-UNC), Matías Cristobo (UNC y UNVM), Julia Astegiano (IMBIV – CONICET), Mariana Espinosa (CONICET – UNC), Gustavo Sorá (CONICET – UNC), Nicolás Rocamundi (IMBIV – CONICET), Ayelén Branca (CIFFyH – CONICET), Valeria Falczuk (IMBIV – CONICET), Andrés Issaly (IMBIV – CONICET), Fernando Zamudio (IMBIV – CONICET), Andrea Bonino (IDEA – CONICET UNC), Ariel Olmedo Giompliakis (CONICET – UNC), Rosario Escobar (GECYT – UNC), Matías Baranzelli (IMBIV – CONICET), Ana Calviño (IMBIV – CONICET), Juan Ignacio Roman (CONICET-INCIHUSA), Marcos Filardi (Calisa Nutrición-UBA), Marcelo Viñas, Ernesto Galarza (IIGG-UBA), Damián Ariel Furman (ICC – UBA/Conicet), Inés Varela (INVELEC CONICET – UNT), Matías Pidre (IBBM – UNLP), Julián Del Pla (INIFTA – UNLP), Mercedes Krause (IIGG-UBA), Marcos Carrizo (GMCyE UTN FRD), Lucila D’Urso (UBA), Alejandra Dip (Laboratorio de geoarqueología – UNT), Grecia Stefanía de Groot (UNCo-CONICET), Pedro Cataldi (IAFE CONICET), Diana Rubel (DEGE-UBA),Pablo Hünicken (IRNAD-UNRN-CONICET), Margarita Do Campo (INGEIS-CONICET), Sylvia Fischer (IEGEBA/UBA-CONICET), Barbara Bytebier (DEGE-UBA), Juan Manuel Pérez (ICC – UBA/CONICET), Juan Cappa (UNSur), Pablo Mauas (IAFE / DF – FCEN-UBA), Fabiola Ferro (FFyL y FCSoc – UBA), Blas Radi (IIF-SADAF CONICET / UBA), Moira Pérez (UBA/CONICET), Vanina María Teglia (ILH, UBA-CONICET), Silvia Tieffemberg ((UBA-CONICET), Macarena Marey (UBA-CONICET-NECFiP), Elías M. Rutigliano (UBA), Francis J. Fabre (UBA), Verónica Loetti (DEGE-UBA), Maximiliano Garzón (IEGEBA-CONICET), María Sol Demajo (IEGEBA-CONICET), Adrián Scribano (UBA/CONICET), Pablo Bertinat (OES UTN FRRo), Karina Bidaseca (UBA/UNSAM/CONICET), Alejandro Schweitzer, CONICET-CIT Santa Cruz, Juan Pablo Livore (IBIOMAR-CONICET), Virginia Alonso Roldán, UTN FRCH- IPEEC CONICET, Juan Acacio (CONICET-UNLP), Melisa Argento (CONICET UBA y UNR), Ariel Slipak (UBA / UNGS / UNM), Ana Carolina Hecht (CONICET-INAPL UBA), Facundo Martín (CONICET/UNCUYO), Horacio Machado Aráoz – (Colectivo de Ecología Política del Sur – IRES-CONICET-UNCA), Carolina ocampo (UNSAM; 3ia-CONICET), Cristian Marinao (UNPSJB-CONICET), Julio Esteban Vezub (IPCSH-CONICET/UNPSJB), Eliana F. Burgos (INMeT-ANLIS; CONICET), Jonathan Von Below (UNAM/IBS-CONICET), Camila Arbuet Osuna (UNER – UADER), Facundo Scattone Moulins (UNER), Ma. Victoria Vadell (INMeT-ANLIS; CONICET), María Victoria Bautista (UNER), Sofía Cáceres Sforza – (CONICET-UNER), Horacio Lucero (IMR-UNNE), Noelia Enriz (CONICET-IDAES, UBA-FFYL), Mariana Córdoba (CONICET-UBA), Carla Poth (IDAES/ UNSAM- CONICET).