El juicio a Cristina Kirchner pone de manifiesto un fenómeno más extendido: la corrupción y el fraude son los mecanismos “naturales” de funcionamiento del sistema capitalista. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los jueves de 22 a 24 por Radio Con Vos, 89.9.
El espectáculo del juicio conocido como de “Vialidad” por la obra pública en la provincia de Santa Cruz y la respuesta de la vicepresidenta, Cristina Fernández, puede ser abordado desde muchas perspectivas. Voy a tomar especialmente dos.
Existe una ecuación bastante simple que parece que a algunos se les hace difícil entender: la existencia de mecanismos de corrupción y de responsabilidades específicas sobre los mismos (sobre todo en las licitaciones para la obra pública, pero no sólo en ellas) no es contradictoria con la parcialidad judicial y la persecución política. Muchas veces van de la mano.
Si uno toma las declaraciones de los dos sectores que se acusan mutuamente, puede hacerse un panorama sobre como “funcionan las cosas” como confesó la vicepresidenta. Entre otras cosas, porque “se operan con la verdad”.
Este tipo de “investigaciones” siempre son presentadas como “el más espectacular entramado de corrupción de la historia”, “el más gigantesco fraude” y definiciones de ese tipo: fue así con la operación judicial llevada adelante en Brasil y conocida como el “Lava Jato” que terminó demostrando su carácter totalmente político; también el “Gloriagate”, ¿recuerdan?, los misteriosos cuadernos de la corrupción bajo el Gobierno de Mauricio Macri; o también ocurrió lo mismo con la denuncia del fiscal Alberto Nisman que alertó sobre una presunta conspiración internacional muy floja de papeles.
En la causa de los “Cuadernos”, recordemos que declararon empresarios que confesaron bajo la figura de “imputado colaborador”, de acuerdo a la llamada Ley del Arrepentido, como Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa; Javier Sánchez Caballero, exCeo de la misma empresa o Juan De Goycoechea, extitular de Isolux; todos aseguraron que habían hecho aportes ilegales, pero no en concepto de sobornos, sino para el financiamiento de campañas electorales del Frente Para la Victoria. Luis Betnaza, hombre clave en la estructura de la multinacional Techint, declaró que entregó dinero a funcionarios kirchneristas para que el Gobierno intercediera ante la administración de Hugo Chávez en 2008, cuando fue expropiada la siderúrgica Sidor, perteneciente a ese grupo empresario y Paolo Rocca aspiraba a una indemnización mayor. Objetivo que logró con creces gracias a la intermediación del gobierno argentino. El dueño de Metrovías, Aldo Roggio, declaró que pagó retornos que provenían de los subsidios que recibía para sus empresas de transporte. Justificó el cohecho con una frase de antología: “No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”. El empresario Gabriel Romero, de Emepa, confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del río Paraná-Paraguay que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional.
¿Qué pasó al final del camino? Algunos funcionarios, especialmente de una fracción, fueron presos y todo el resto sigue haciendo negocios.
Y tomo una de las tantas causas que cada tanto se ventilan. La propia Cristina sembró intriga sobre la autorización para la megafusión entre Cablevisión y Multicanal, a finales del Gobierno de Néstor Kirchner, en beneficio del Grupo Clarín; el renunciado Matías Kulfas cuando se fue del Ministerio de Desarrollo Productivo dijo que la licitación del gasoducto Néstor Kirchner había sido confeccionada “a la medida” de Techint. Paolo Rocca dijo que se dejen de hablar pavadas en un evento organizado por Clarín y asunto archivado. Bajo el macrismo tuvimos los casos conocidos como “las autopistas del curro”; el caso que denunció la vicepresidenta sobre el soterramiento del ferrocarril Sarmiento; el fraude con la deuda del Correo, los Parques eólicos etc. etc.
¿Qué demuestra todo esto? Por lo menos dos cosas: que es prácticamente una norma la existencia de corrupción en las relaciones capitalistas en todas las esferas. Y, en segundo lugar, que lo que llamamos “Poder Judicial” no es imparcial y mucho menos independiente.
Sobre lo primero, Marx alguna vez habló lúcidamente de una tentación “maníaca” por enriquecerse que tienen los empresarios, no en base a la producción, sino a la riqueza ajena. Derrumbó la figura idealizada del capitalista laborioso y altruista que deja la vida por la producción. Al contrario, para ellos en el fondo la producción “es un mal necesario” a los efectos de aumentar las ganancias; si fuera por ellos recurren al fraude para aumentar su riqueza sin acudir el escollo del proceso productivo. Por eso la corrupción, está en el ADN del sistema.
Sobre la segunda cuestión (el Poder Judicial), no hay que perder de vista algo muy evidente en general y en los últimos tiempos, en particular: es una casta privilegiada —el más antidemocrático de todos los poderes— que hace política y defiende intereses; que está colonizado por centros imperiales internacionales y que está encolumnado claramente con una fracción. El tema es que en su lucha contra las otras fracciones, se quiere llevar puestos derechos democráticos elementales de las mayorías populares que son expresión de una relación de fuerzas histórica y que hay que defender. Entonces, es más complejo.
Conclusión: hay que identificar todos los actores en juego porque muchas veces, una posición intermedia o equidistante entre dos posiciones erradas no necesariamente constituye una posición correcta ni independiente. Simplemente se transforma en un error intermedio o equidistante, pero un error al fin.
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