Izquierda Diario.- En el segundo semestre de 2022 la pobreza infantil subió a 54,2%, abarcando a 6 millones de menores de 15 años, e implica un aumento de la pobreza en 360.000 niñas y niños en un año, de acuerdo al informe del Indec. La indigencia es del 12%. Las consecuencias del ajuste del Gobierno para cumplir las metas con el FMI y pagar la deuda.
Entre los datos más estremecedores del informe sobre pobreza e indigencia que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) afectando al 39,2% de la población, se encuentra la suba de la pobreza infantil.
En el segundo semestre de 2022 la pobreza afectó al 54,2 % de las infancias, abarcando a unos 6 millones de menores de 15 años, mientras que en el mismo semestre del año anterior había sido de 51,4 %. Esto implica un salto de alrededor de 360.000 niñas, niños y adolescentes que viven en hogares que no logran cubrir con su ingreso el costo de la Canasta Básica.
De esta forma, los niveles de pobreza infantil son superiores a los del año 2019, previo a la pandemia y de 2016, cuando comenzó la ultima serie publicada por el Indec.
Asimismo, la indigencia también alcanzó niveles alarmantes, afectando al 12 % de las infancias. Esto significa alrededor de 1,3 millones que no logran cubrir los niveles mínimos alimentarios.
«La medición de la pobreza con el método de la línea de pobreza (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales», explica el informe del Indec.
Como muestran los datos, en el último año los precios se aceleraron pero los ingresos de las mayorías trabajadoras corrieron por detrás. Asimismo, la precarización laboral aumentó, en donde 8 de cada 10 empleos nuevos son informales, y cada vez son más los trabajadores pobres que no llegan a fin de mes. De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 3 de cada 10 trabajadores ocupados son pobres, entre los cuales sube también el fenómeno de trabajadores registrados que no cubren la Canasta Básica.
Las infancias terminan pagando el costo lamentable de una política de ajuste fiscal que licúa partidas presupuestarias en asistencia social, asignaciones familiares, AUH, prestaciones y jubilaciones de la Anses, así como en Educación, Salud y Vivienda, y de ajuste salarial. Esta política tiene como objetivo central cumplir con las metas de ajuste del FMI y hacerlo sin afectar los intereses de los grandes grupos económicos, los terratenientes, los bancos, los especuladores de la deuda, a los que el Gobierno permanentemente les otorga todo tipo de beneficios como el dólar soja y la venta de bonos en dólares en manos de la Anses.
El gobierno del Frente de Todos denunció la deuda del FMI contraída por Macri, pero decidió renegociar el acuerdo y someter al país a las exigencias de ajuste del Fondo. Prometió beneficiar a los jubilados y no a los bancos y llenar la heladera, pero lejos de esto, el ordenamiento de la economía detrás de garantizar el pago de la deuda empeoró las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Es necesario rechazar el acuerdo con el FMI y desconocer la deuda ilegitima mediante la movilización popular, junto a un conjunto de medidas de defensa nacional que impidan la fuga de capitales y permitan el control de los resortes estratégicos de la economía en manos de las y los trabajadores, como la nacionalización de los bancos y el monopolio del comercio exterior.
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