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Por Silvia Rajcher.- La intención de esta semana es lograr un dictamen con el mayor consenso posible de cara a la sesión que se realizará el 25 y 26 de octubre. En las primeras semanas de debate concurrieron a informar sobre la ley nueve ministros y más de 20 funcionarios. Ahora la discusión seguirá el martes en la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller.

El Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados buscará la semana próxima acuerdos con Juntos por el Cambio (JxC) y bloques provinciales sobre el Presupuesto 2023, a fin de tener un dictamen con el mayor consenso posible de cara a la sesión que se realizará el 25 y 26 de octubre.

La sanción de la principal ley que debe abordar el Congreso es clave para el Gobierno nacional para tener una hoja de ruta sobre gastos y recursos, ya que este año debió prorrogar el Presupuesto 2021 ya que la oposición rechazó la propuesta del PEN.

Por ese motivo, el oficialismo buscó comenzar a debatir la iniciativa a pocos días de ser enviada al Congreso Nacional y desde la presentación del ministro de Economía, Sergio Massa, se buscó tender negociaciones con la oposición para tener una ley que cosechó la mayor cantidad de respaldo político, en un momento económico delicado.

El Presupuesto 2023 estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.

Un dato distintivo es que más del 65% de los fondos se destinarán a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.

El proyecto estima un gasto total de casi $29 billones, con una recaudación aproximada de $22,5 billones y un déficit primario de $6,3 billones.

En las primeras semanas de debate concurrieron a informar sobre la ley de gastos y recursos nueve ministros y más de 20 funcionarios nacionales, para que los diputados tengan la mayor posible y tras esa ronda de consulta se comenzó a analizar el jueves pasado el presupuesto.

Ahora la discusión seguirá este martes a las 13 en la Comisión de Presupuesto -que conduce Carlos Heller- y en esta segunda reunión ya que abordarán propuestas que realizarán tanto legisladores oficialistas como opositores.

El esquema de trabajo anunciado por Heller consiste en tratar martes, miércoles, y jueves el proyecto de más de cien artículos, y en la última jornada emitir el dictamen que se tratará en una sesión dividida en dos días como pidió la oposición, ya que se extenderá por lo menos 24 horas.

El esquema de trabajo consiste en tratar martes, miércoles, y jueves el proyecto de más de cien artículos, y en la última jornada emitir el dictamen.

Para poder avanzar en acuerdos, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, pidió a los diputados que las bancadas «generen un listado de los temas en debate que requieren mayor debate en particular».

Martínez quiere tener los pedidos de la oposición para buscar acercar posiciones y poder cumplir su meta de que este año el Gobierno tenga el Presupuesto aprobado -tras el revés sufrido el año pasado- y las señales que hoy da la oposición dejaron las puertas abiertas para que eso suceda.

Para el oficialismo es clave poder enhebrar acuerdos con los bloques opositores ya que tiene 118 legisladores -117 en condiciones de votar- con lo cual necesita al menos unos quince para tener una mayoría más holgada que supere los 129 votos.

Respaldos, planteos y diferencias

El FdT confía en que contará con el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, ocho del Interbloque Federal, uno del Movimiento Popular y el grueso de JxC, que podría votar en general esa iniciativa, aunque algunos lo harán en contra y habrá abstenciones.

Los principales temas que se plantearon en la comisión fueron un aumento de las partidas para las universidades, un incremento de los fondos para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, limitar las facultades del Gobierno para aumentar las retenciones y la inclusión de determinadas obras públicas.

El vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (PRO) -una de las espadas económicas opositoras- anticipó el jueves pasado que esa coalición opositora quiere que el Gobierno tenga «Presupuesto, y se respete, para que también existan garantías de que no se le deje al próximo gobierno una bomba fiscal», especificó el legislador.

Uno de los temas que genera diferencias es el aumento de subsidios para el transporte de pasajeros del interior del país, ya que se estableció que serán de $66.000 millones y los diputados de las provincias quieran sumar recursos y que haya una distribución más equilibrada entre la región metropolitana y el interior del país.

Otro punto es la pauta inflación y su impacto en la recaudación, y por eso JxC quiere incluir un artículo para que si es superior el aumento de precios al 60% y por ende la recaudación, que se envíe una corrección sobre cómo será la distribución como se hizo en el 2020.

Otro tema que planteó JxC es el artículo 96 que habilita al Gobierno a aumentar las retenciones agrarias, y la oposición quiere establecer cuáles serán las alícuotas y sólo autorizar si hay una rebaja, según informó Laspina.

El Presupuesto 2023

El proyecto de gastos y recursos para el 2023 prevé además un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.

En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $1,2 billones, a gastos sociales $18 billones, servicios económicos $4,5 billones y a deuda pública $2,9 billones, lo que implica casi $29 billones.

El Presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de U$D 7.700 millones este año a U$D 12.300 millones en 2023.

Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.