Financiamiento de la educación Superior, ¿bien público social o bien de mercado?

Por Florencia Gosporin, docente UNM – Fuente DEC (Desde el Conocimiento) –

La investigadora de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Moreno analiza el desafío de estudiar en niveles superiores en el medio de ideas como “vouchers” y con todo lo que rodea al mercado. Un recorrido sobre el rol del Estado en el proyecto de hacer reales cada vez más derechos.

La discusión acerca del financiamiento de la educación superior es fuente de grandes controversias en el campo teórico conocido como Economía de la Educación. Si bien podemos considerarla relativamente saldada, desde los años ’50 cuando la educación en general fue conceptualizada como un “bien meritorio” denotando un carácter más complejo que la reducción a bien público o falla de mercado tradicional, la preeminencia de los debates sobre la cuestión del equilibrio fiscal, han repercutido en la supremacía de la restricción presupuestaria como un condicionante para determinar la cuantía de su oferta.

En este marco, se ha planteado la propuesta de financiar la demanda de educación por medio de “vouchers” y no financiar la oferta pública a través del presupuesto estatal, procurando recrearlo como un bien de mercado.

La principal controversia, la raíz de todo, es la comprensión de la educación en tanto derecho humano o en tanto bien de mercado (o comercializable). La economía neoclásica incorpora la noción de bien público como una de las fallas de los mercados, dado que por sus características presentan dificultades para que sean provistos por éstos de forma óptima. Esto supone aceptar el involucramiento por parte del Estado pero simplemente como solución a un problema de equilibrio entre precios y cantidades ofrecidas y demandadas, esto es, con una comprensión de la educación en una dimensión puramente mercantil. Por otro lado, la comprensión de la educación como un derecho humano, implica asumir la necesidad del Estado de constituirse en garante de proveer un bien público social a toda la sociedad.

La Universidad pública argentina posee rasgos esencialmente heredados de la Reforma Universitaria de 1918 (autonomía, cogobierno y un conjunto de acciones en el que convive la formación profesional y las distintas formas de relacionamiento con su contexto) y que suponen el inicio de la democratización del acceso a la educación superior. La garantización del derecho a la educación superior inicia con la gratuidad o supresión de aranceles, mediante el Decreto 29.337 del año 1949, ubicando al Estado en un lugar central en tanto la Universidad asume una responsabilidad social que debe dar respuesta a las demandas de inclusión de los sectores populares en la educación superior y comprometerse con la contribución al desarrollo del país y de la región, frente a los problemas de exclusión y desigualdad.

En las últimas décadas, en nuestro país, ha habido un fuerte proceso de expansión del sistema universitario a través de la creación de Universidades Públicas nacionales como parte de los objetivos mencionados. Entre 2009 y 2021, la cantidad de Universidades ha crecido en un 39%, mientras que los estudiantes universitarios en ese período crecieron en un 62%.

La expansión del sistema universitario supuso, a su vez, un mayor porcentaje del gasto público consolidado en educación superior y universitaria como porcentaje del PBI que pasó del 0,68% en 2004 al 1,18% en 2020. En términos de Presupuesto Universitario, como porcentaje del PBI, éste pasó del 0,42% en 2004 al 0,71% en 2020.

Las experiencias de inclusión social generadas en la última década en nuestras Universidades, en espacios geográficos habitados por sectores sociales menos favorecidos en su acceso a bienes materiales y simbólicos, adquieren mayor relevancia. Traerlas y hacerlas visibles en el medio académico universitario, supone también repensar qué Universidad se desea construir.

Es de señalar, asimismo, que la localización de nuevas Universidades ha sido en territorios donde la necesidad de educación superior no fue analizada como una relación de costo-beneficio, sino como parte de una búsqueda de integración de la Universidad, la sociedad y el Estado atento a los objetivos de desarrollo económico e inclusión social, planteados como horizontes estratégicos de un proyecto local y de país.

Los teóricos ortodoxos de la economía de la educación estudian este devenir a partir de indicadores de calidad y eficiencia tales como la tasa de graduación o el comportamiento de los agentes en un contexto de gratuidad universitaria y ponen el foco en la ineficacia por parte del Estado en el financiamiento de la Educación Superior. Desde esta perspectiva, la gratuidad generaría comportamientos poco comprometidos por parte de los estudiantes que no finalizan sus estudios y no realizarían los esfuerzos necesarios para graduarse.

Las supuestas soluciones de mercado, ponen el foco en el costo de la educación como la cuestión esencial a resolver. Este problematización refuerza la idea meritocrática de la educación, asignando toda la responsabilidad de éxito en la trayectoria universitaria al estudiante, descontextualizándolo de las condiciones materiales y de acceso a los recursos materiales y simbólicos necesarios para no abandonar anticipadamente y/o fracasar en los estudios universitarios. Por otra parte, estos planteos invisibilizan la importancia del tránsito de los individuos por la universidad, más allá de la titulación, en tanto implica mayores conocimientos adquiridos que puede generar una mejora relativa en el mercado de trabajo y en las experiencias de vida de los jóvenes.

Es necesario trascender de estas perspectivas que parcializan el análisis y utilizan indicadores capciosos como parte de una comprensión meramente mercantil de la educación. El financiamiento de la educación superior y el rol del Estado forman parte de un proceso sinérgico en una economía mundial basada en el conocimiento, la información y el uso de nuevas tecnologías donde el nivel educativo de la población resulta central para llevar adelante procesos de desarrollo económico y social con políticas igualitarias e inclusivas.  

Las experiencias de inclusión social generadas en la última década en nuestras Universidades, en espacios geográficos habitados por sectores sociales menos favorecidos en su acceso a bienes materiales y simbólicos, adquieren mayor relevancia. Traerlas y hacerlas visibles en el medio académico universitario, supone también repensar qué Universidad se desea construir.

Para ello, es indispensable pensar de forma integral políticas públicas de financiamiento de la educación superior en tanto derecho humano universal. Contar con un Presupuesto con mayor participación en el PBI y en constante crecimiento, complementado con una infraestructura adecuada y con alumnos que tengan los medios para cursar su carrera, son condiciones de base para garantizar el crecimiento y consolidación de la educación superior en nuestro país.

FLORENCIA GOSPORIN, Docente-investigadora ordinaria del área de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Moreno