Presidente de uno de los dos bloques que tiene la coalición opositora Juntos por el Cambio, Juan Fernández puso en claro que «ese bloque no es juez ni fiscal». Esa demarcación explica el rechazo a la propuesta del otro bloque de Juntos que mocionó la interpelación de la Intendenta.
Dicho de un modo simple, existen otros caminos administrativos antes de llegar a esa instancia, sabiéndose que toda la oposición no junta las manos necesarias, pero aquí está la interpretación del cómo pararse ante un caso de denuncia periodística que tiene una presentación penal.
Fernández describió en su alocución (recinto de sesiones) que el portal El Disenso realiza una nota sobre la casa que está construyendo la Intendenta municipal, investigación que entrega «algunas cuestiones» y el diputado provincial Luciano Bugallo «presenta la denuncia en una fiscalía de este distrito». Acto seguido Fernández aclaró: «Es una denuncia de extrema gravedad pero entendemos que nosotros no somos ni fiscales ni jueces, sabemos muy bien que es la justicia quien tiene que dilucidad esta cuestión, y será la Intendenta municipal quien tendrá la oportunidad de acreditar su inocencia, en término de lo que se la está acusando».
Ese esquema en el discurso resultó la pista para levantar el vuelo hacia la crítica política. Fernández dijo: «Creo que un Intendente /a tiene la obligación de brindar a sus vecinos todos los servicios necesarios para que haya seguridad, que el espacio público esté como corresponde, en definitiva para que se viva como se debe, entonces me parece reñido con esa situación ir a vivir a un lugar donde se contrata a un privado todo los servicios que debería compartir con sus vecinos, siendo quien los administra. Tal vez esta decisión de la Intendenta de mudarse a un barrio privado haga que no esté tan cerca de las comunidades, además porque es un ejemplo para todos los vecinos. No somos un cuerpo judicial pero si podemos hacer consideraciones que surgen de esta noticia, hay dos arquitectos, Ricardo Fernández (ligado a la cooperativa 2 de Septiembre) y Juan Micieli, ambos contratados para la cuestión particular. Sobre éste último (Micieli) fue contratado en forma directa por el Municipio, y no entiendo la razón ya que el Estado no solo tiene mecanismos sino también los profesionales para realizar el anteproyecto del Polideportivo (Cuartel V) pero no los está utilizando. El mismo IDUAR (Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional) puede hacerlo, pero decidieron contratar en forma directa, por más de 5,5 millones de pesos«.
Cuando Fernández arriba a ese punto, surge con fuerza un pedido político: «¿En qué lugar está el Concejo Deliberante? Recuerdo que hace un par de meses atrás, en una reunión realizada en el edificio Kennedy, nos citó el oficialismo, estuvo presente el titular del IDUAR (Federico Aliaga) quien nos ilustró de la posibilidad de un convenio con un particular (Jorge Horacio Bellsola Ferrer), quien estaba dispuesto a ceder ocho hectáreas en la zona de Cuartel V (ruta 24), en la medida que éste Concejo Deliberante readecuara la zonificación para construir un parque industrial privado. Sin tomar una decisión nos pareció bastante atinado, pero hace dos días atrás la Intendenta municipal junto a funcionarios nacionales (NdR: en ese momento Fernández exhibe una foto como muestra) estuvo en las obras del Polideportivo pero ese convenio (con Bellsola Ferrer) no pasó por este Concejo Deliberante, entonces esa obra se está haciendo sobre tierras privadas. La pregunta es, ¿qué pasaría si el particular se arrepiente, si, Dios no quiera, se muere? ¿Qué pasaría si este Concejo Deliberante decide no apoyar el convenio de zonificación o si alguna mayoría se modifica y no hay voluntad de tratarlo? Aclaro que estamos a favor del Polideportivo, pero si ocurre algo de lo que mencioné antes, ¿qué hacemos con los recursos que hoy se están invirtiendo allí? Quisiera que nos contesten si estamos pintados al óleo, porque si este Concejo Deliberante no aprobó ese convenio por qué se avanza por encima de lo que indica la norma. Las cosas que van ocurriendo demuestran que nuestro rol como concejales es pasado por encima».
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