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Sonia Aiscar / Especialista en Niñez

El 17 de noviembre se produce el crimen de Lucas González, perpetrado por efectivos de la policía de la Ciudad vestidos de civil en circunstancias que probablemente nunca conozcamos. Lucas era un adolescente lleno de sueños, como casi todos los adolescentes, pero además era, como la mayoría de los pibes, hijo, amigo, hermano de personas que lo querían y lo quieren mucho, como se merece y que quedaron con sus sueños rotos, clamando por una justicia que tal vez llegue.

La muerte de Lucas deja evidente la brutalidad policial más obscena -eso que Zaffaroni le llama desde hace muchos años “genocidio por goteo” de la violencia institucional contra los pibes pobres- pero además “inaugura” un ciclo, nada grato, que nos tuvo en vilo de malas noticias, una tras otra, durante tres semanas.

El 26 de noviembre, en La Pampa, se produce la muerte de Lucio, asesinado por la madre y su pareja. La noticia conmueve al país por la brutalidad de los detalles pero también por una larga historia de negligencia institucional en el tratamiento de las denuncias previas que hubieran podido evitar el desenlace final. Esto es gravísimo. Si bien no debe ser una novedad para nadie que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial son probablemente los organismos más refractarios a producir cambios en su funcionamiento y tampoco es nueva la noticia de la desaprensión con la cual suelen abordar los problemas humanos que están llamados a atender, en el caso concreto se visualiza una inacción difícilmente explicable y mucho menos justificable. No sabemos y probablemente no sepamos nunca, si el trágico destino de Lucio desató algún sumario administrativo para la inacción policial previa o algún jury de enjuiciamiento para alguien en el Poder Judicial.

El nivel local no fue menos brutal en estos días. El 1 de diciembre circulaba en los medios cercanos la noticia de una denuncia de abusos en un jardín de infantes que desató una cantidad de reacciones descontroladas y aberrantes. Al parecer varios/as niño/as relatan (y sus padres/madres realizan las correspondientes denuncias) traslados a una casa donde son disfrazados y manoseado/as. Lo que ocurre a partir de allí es escalofriante. Circula que los padres/ madres provocaron daños a las personas y las cosas pero parece que tales hechos se vinculan a fotografías que no serían del lugar ni del momento. Con lo cual no sabemos si los daños existieron. La docencia se alza en voz y en paro de actividades contra los padres y madres, ergo, contra los niño/as. Se dice que el relato de los chicos coincide con un “cuento de terror que habrían escuchado” y acá la cuestión ya toma ribetes exorbitantes, nunca, nunca en años de profesión escuché un disparate semejante…

La Dirección General de Escuelas amenaza con una denuncia penal… a los padres/madres??!! Pero promete asistencia integral que al parecer no llega.

Si la denuncia de los padres/ madres existe, que al parecer sí, corresponde proceder de acuerdo con el Interés Superior de lo/as niño/as, esto es, creyéndoles y tomando medidas urgentes de protección y acompañamiento que, aparentemente no se han tomado.

Obviamente que eso no justifica los daños sobre las personas y las cosas, si es que existieron, pero en estos tiempos en que la empatía no abunda, podemos preguntarnos qué haríamos como padres/madres si un hijo o hija de 3 años nos cuenta algo semejante y la respuesta institucional se nos presenta esquiva, tardía, reaccionaria, refractaria o inoportuna.

Me pregunto cómo se vuelve de esto? Llevaríamos a nuestro/as hijo/as a un jardín donde en la primera sospecha seria de una situación gravemente irregular, nos contestan que “se confundieron con un cuento de terror”, “mienten”, “los abusos son en la casa pero dicen que fueron en el jardín” (de seis chicos que relatan lo mismo??)?, “con los chicos no, con los docentes tampoco”… todo eso leí en estos días.

Hay médicos abusadores, sacerdotes de distintos cultos, psicólogos, escritores, músicos, etc., etc., etc., hubo docentes condenados por abusos… por qué con los docentes no?

Si se verifica una situación de abuso, le hacemos un monumento a la docencia? O le decimos al niño/a que está confundido/a que un/a docente no puede ser??

Me parece que sería mejor que lo/as docentes alzaran la bandera de la verdad, a toda costa y aunque duela, que se pongan del lado de los que sufren y necesitan adulto/as protectores, que los escuchen y que les crean. Que se capaciten en temas de abuso sexual infantil tampoco estaría de más. Si hubo abuso, que haya condena.

Finalmente, (esperemos que finalmente) la semana trágica de la niñez, cerró con el hallazgo en la zona de Catonas de un niño y una niña que eran brutalmente “castigados” por su progenitora y la pareja de ella. Una situación similar a la de La Pampa, que por suerte no terminó igual porque esta vez vecino/as y servicio local llegaron a tiempo.

Chico/as en riesgo, maltratado/as, abusado/as y/o asesinado/as por adulto/as que deberían cumplir el rol de protección, tanto familiar como institucional. De eso hablamos cuando hablamos de brutalidad.