La Dirección General de Escuelas denunciará penalmente a madres y padres del Jardín 956

En menos de 24 horas todo avanza a paso redoblado. La institucionalidad demuestra su voluntad de acompañar la verdad preservando al cuerpo de trabajadores y trabajadoras.

En menos de 24 horas las muestras de comprensión demuestran que las víctimas, centralmente, no son ni las niñas y niños del Jardín 956.

Como la justicia debe investigar, la opción ejecutiva – educativa y pedagógica, es volver lo más rápido posible a la normalidad, reconstruyendo lazos con aquellos /as que creen en las inocencias de los adultos, hasta que se demuestre lo contrario.

Por esta identificación del poder y su jerarquía, el Licenciado Gustavo Daniel Copes, Jefe de la Región 9 de la Dirección General de Cultura y Educación, estampa su firma en un comunicado oficial que da cuenta de la «firmeza para llevar al ámbito penal a los padres y madres que provocaron disturbios en el edificio, ingresaron al mismo y luego provocaron daños en los autos particulares de las docentes«, acción enmarcada en la defensa de sus hijos /as, que habrían sido víctimas de abuso y pornografía infantil.

El comunicado tiene un encabezado revelador:

Por medio de la presente, la Dirección General de Cultura y Educación expresa su repudio frente a los hechos de violencia ocurridos en el día de ayer en el Jardín de Infantes N° 956 de Moreno.

Luego desarrolla la presentación ante la justicia para obtener respuestas inmediatas: «Los hechos se suscitaron en momentos donde los directivos y docentes del establecimiento se encontraban junto con el cuerpo de inspectores del nivel de Educación Inicial y de la modalidad de Psicología manteniendo una reunión con familias de la escuela, a raíz de una denuncia efectuada ese mismo día que está siendo investigada por la UFI N° 7. En ese contexto, un grupo de personas comenzó a intimidar y agredir a las y los trabajadores de la educación provocando, además, graves daños en el Jardín de Infantes y en los vehículos particulares. Frente a estos hechos inadmisibles, la Dirección General de Cultura y Educación realizará en el día de hoy una denuncia penal por la violencia ejercida contra trabajadores y los daños ocasionados, solicitando se identifique a los agresores y se adopten de forma inmediata todas las medidas de resguardo correspondientes para las y los trabajadores de la educación y el conjunto de la comunidad educativa afectada.

El tercer párrafo del comunicado que firma el representante de la Dirección General de Cultura y Educación a cargo de Agustina Vila, otorga el compromiso de seguir velando por los derechos de los «estudiantes (sic)», acompañando a los niños /as, a los trabajadores /as, a auxiliares y a la comunidad en su conjunto: «La Dirección General de Cultura y Educación ratifica que seguirá desarrollando todas las acciones necesarias, en permanente coordinación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de
Seguridad, el Organismo de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñez y Adolescencia y el Poder Judicial, para el avance de la investigación y el inmediato esclarecimiento de las situaciones de vulneración de derechos de estudiantes denunciadas, el acompañamiento integral de las niñas, niños, familias, docentes y auxiliares de la educación, así como, para el restablecimiento del funcionamiento escolar, indispensable para garantizar el derecho social a la educación. Lo sucedido en el día de ayer no sólo impide el normal desenvolvimiento de la investigación penal en curso sino que también representa una actitud violenta e intolerante que resquebraja los vínculos sociales y afectivos de la comunidad, atenta contra una convivencia democrática y daña a la escuela y, a su imprescindible rol en favor de la enseñanza, el cuidado y el desarrollo de las infancias y del conjunto de la comunidad.

Para el cierre, el Jefe Gustavo Copes advierte y propone abordar con responsabilidad la situación: «Desde el principio de corresponsabilidad social, convocamos también al conjunto de la comunidad, los medios de comunicación y todos los actores intervinientes a desempeñarse con la responsabilidad que demanda la situación para evitar que se reproduzcan hechos de violencia que sólo profundizan la angustia y el dolor».