El lunes 8 de mayo Betiana Vanesa Andino, Jefa del Departamento de Ordenamiento de Tránsito, observa que un vehículo de color blanco gira a la izquierda por Bartolomé Mitre en sentido Avenida Libertador. Eran las 16:45, aproximadamente. Por horario y zona la presencia de inspectores está garantizada. La maniobra prevé la quita de licencia, siempre que cuente el o la automovilista con el resto de la documentación.
Dos inspectores municipales, Maximiliano Leguizamón y Micaela Rodríguez, proceden. Andino observa la actuación que, según la denuncia que radica en la Fiscalía N° 4, es rápida, hablaban mucho y no escribían nada. El conductor se retira con su vehículo. La Jefa se acerca al inspector /a a quienes les solicita el acta y obtiene como respuesta «que lo habían perdonado porque estaba con la familia». Por lo que registró y esa contestación, los conmina a subir a la camioneta. Son trasladados a la oficina de la Secretaría de Tránsito.
Andino se entrevista a solas con la Subsecretaria Liliana Ojeda quien escucha el relato de los hechos (NdR: Andino ratificará esos dichos en sede fiscal). Inmediatamente se comunica con su superior, Martín Fraiz que bajará al lugar a los pocos minutos para hablar con los dos inspectores.
Cuando Fraiz le pregunta a la inspectora Micaela Rodríguez «donde estaba el acta por la infracción que cometió el conductor del auto blanco» la respuesta fue inmediata y entre llantos: «Le pedimos 7.000 pesos para no labrar el acta».
Minutos después Leguizamón admite la acción que se «encuadra en la figura de cohecho (es un delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Está regulado en los artículos 419 a 427 bis del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración pública).
El 8 de mayo se les retira las credenciales, sellos y talonarios de contravención. El área ejecutiva de Derechos Humanos decidirá la situación de revista.
Dos días después, el 10 de mayo, la Subsecretaria de Tránsito y Transporte Liliana Ojeda radica la denuncia penal contra los inspectores, ofreciendo como prueba a la fiscalía N° 4 las imágenes que registran las cámaras de seguridad de la zona donde «se produjo la coima».
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