En Mendoza la Asamblea por el Agua le dice NO al proyecto de Portezuelo. En la marcha realizada por las calles de Mendoza el viernes 30 de julio en el marco de una acción mundial contra el fracking, se rechazó el impulso que a través de YPF, pretende imponer el Gobierno Nacional a la extracción no convencional de gas, prohibida en numerosos países. También se puso el acento en decirle “NO” a la obra de Portezuelo del Viento. Marcelo Giraud, profesor de la UNCuyo e integrante de la Asamblea por el Agua, advierte a Desalambrar sobre los riesgos que significa para el pueblo de la provincia seguir con esta iniciativa que impulsa el gobierno de Rodolfo Suárez.
Desde la página Web del Ministerio de Economía y Energía del Gobierno de Mendoza, se difunde la obra de Portezuelo del Viento con un texto centrado en describirla como la obra más importante de la historia de la provincia: ”La presa es la mayor obra de ingeniería civil de la historia de Mendoza, y su construcción es la culminación de un sueño que nació hace más de medio siglo. Ubicada sobre el Río Grande, en el sureño departamento de Malargüe, tendrá capacidad para abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos. Portezuelo del Viento además aumentará la superficie de riego para producción agrícola y ganadera, creará un nuevo polo turístico. Con una altura de 185 metros, va a ser una de las represas más grandes del planeta. Portezuelo del Viento es un sueño largamente anhelado por Mendoza que comienza a concretarse. Se trata de una central hidroeléctrica que se construirá sobre el Río Grande, el más caudaloso de la provincia, ubicado en el departamento de Malargüe”. Este impulso provincial es acompañado directamente por el Gobierno Nacional que realizó en abril el séptimo desembolso de U$S 64 millones que transfirió al fideicomiso que se formó para concretar la presa hidroeléctrica.
Desde la A.M.P.A.P , se oponen a esta obra y realizaron una nueva presentación judicial advirtiendo sobre los riesgos de avanzar con la mega represa de Portezuelo del Viento. En un comunicado público reafirman su rechazo al proyecto: ”A lo largo de los años transcurridos en la defensa del agua de Mendoza, las ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA hemos sostenido siempre las mismas consignas: que el agua de Mendoza no se negocia; que el agua es un bien común y un derecho humano imprescindible; que nuestras cuencas hídricas hermanan a los pueblos y no los dividen. Estas mismas banderas, y el estudio permanente de nuestros territorios, nos han llevado a denunciar desde hace mucho tiempo (por ejemplo, la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe en la Audiencia Pública de abril de 2018) las falacias e irregularidades que se concentran en torno al proyecto pomposamente denominado “Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento”. Hoy, conocida la nueva oferta económica presentada por el consorcio de empresas Malal-Hue, a partir de la cual el gobierno pretende seguir avanzando con el proceso licitatorio, volvemos a expresar públicamente nuestro ROTUNDO RECHAZO A LA MEGAOBRA PORTEZUELO DEL VIENTO en Malargüe, por sus impactos tanto socioambientales como económicos”.
El documento es claro al desmentir la voz estatal de la provincia: ”Analizando las razones económicas, sostenemos que se miente al decir que el proyecto podría generar 887 GW/h de energía por año en promedio; realidad que sólo se alcanzaría si todos los años la central pudiera funcionar en plena potencia. Más bien, si se tienen en cuenta las normativas del COIRCO que son de cumplimiento obligatorio para la provincia de Mendoza, en el mejor de los casos podría generar alrededor de 658 GW/h -es decir, un 26% menos de lo anunciado- y, en el peor de los escenarios generaría apenas 216 GW/h. Por lo tanto, se convertiría en una de las electricidades más caras del país, demorándose más de 40 años la recuperación del costo de inversión. Por otra parte, las tendencias del CAMBIO CLIMÁTICO y reducción de CAUDALES registrados en el Río Grande, sobre todo en la última década, impiden garantizar siquiera el primer llenado del embalse. De acuerdo al propio Departamento General de Irrigación, en la última década se registraron 8 de los 10 años con menor caudal en el río, siendo el ciclo hidrológico 2019/2020 el más seco desde que hay mediciones. Si en junio de 2010 el dique hubiese estado concluido e inaugurado, al día de hoy, 11 años después, respetando el Acta 812 de 2017 del COIRCO sobre caudal mínimo que permita iniciar el llenado, el embalse aún estaría vacío, como gigantesco e inútil “elefante blanco”, sin haber generado ni 1 KWh. Todo esto, que venimos diciendo públicamente desde hace más de un año, fue planteado hoy por tres prestigiosos abogados mendocinos al Fiscal de Estado, a quien exigimos cumpla su deber constitucional de defender los bienes del Estado provincial e impida la adjudicación de la obra.”
No a la obra Portezuelo del Viento
En diálogo con Desalambrar, Marcelo Giraud, geógrafo de la UNCuyo y referente de la lucha por los bienes comunes en la provincia de Mendoza; explicó que significa la obra que impulsa el Estado; “El proyecto Portezuelo del Viento, en caso de que llegara a concretarse, para algunos mendocinos implicaría lo que ellos llaman «la obra del siglo», además de un milmillonario negocio para un puñado de empresarios mendocinos y la empresa estatal china Sinohydro. Pero muchos otros vemos a este proyecto como «la obra del siglo… pasado!». Pues el concepto del mismo, como megarepresa, y los caudales del río que le daban viabilidad económica, son del siglo pasado, ya no propios del siglo XXI. Quienes siguen empecinados en adjudicar y construir la obra niegan tanto las nuevas concepciones de relación sociedad-naturaleza como el cambio climático y sus consecuencias sobre el caudal de los ríos Grande y Colorado. Como resultado del cual, Portezuelo del Viento sería un colosal despilfarro, de más de 1.000 millones de dólares que son del pueblo mendocino, no de unos pocos políticos”.
– ¿En términos económicos que implica esta obra?
– La obra sería financiada con un fondo de 1.023 millones de dólares que el Estado nacional ya le está pagando en cuotas al mendocino, como resarcimiento por los perjuicios causados a nuestra provincia por regímenes de promoción industrial, juicio que la Nación tenía prácticamente perdido y por tanto firmó ese acuerdo. Pero gastar semejante dineral en construir Portezuelo del Viento sería un colosal despilfarro, casi como jugar a la ruleta con dinero público, del pueblo mendocino. Ningún empresario privado arriesgaría su propio capital en ese proyecto, pues la disminución de caudales del río Grande ha sido tan marcada que, si el dique hubiera sido inaugurado en 2010, y respetando la normativa para un eventual primer llenado del embalse, al día de hoy no habría almacenado ni el 14% de su capacidad, ni habría empezado a funcionar la central hidroeléctrica. Además, los pronósticos científicos para la región evidencia que, aún cuando volviera a haber en algún momento años más nevadores y se pudiera llenar el embalse, la tendencia a menores precipitaciones y por ende merma de caudales es bien definida. Eso implicaría menor generación de electricidad, incluso sólo la cuarta parte de lo que promete el gobierno, y más de 40 años para recuperar ese dinero tan pésimamente invertido.
– ¿Cree que se va a escuchar el reclamo de la población que le dice NO a la obra de Portezuelo del Viento?
– Ojalá el Fiscal de Estado provincial, Fernando Simón, en su dictamen, que está próximo a emitir, escuche los diversos argumentos que le han expuesto, incluyendo también los de carácter jurídico presentados por tres prestigiosos abogados mendocinos, incluyendo un ex juez de la Corte provincial. Claro que no tenemos la garantía de que así suceda. Pero de todos modos, la audiencia pública sobre algunos aspectos del proyecto ya se realizó, justo al comienzo de la cuarentena en marzo de 2020, cambiando súbitamente la modalidad de presencial a virtual, cambio publicado en el Boletín Oficial ese mismo día. Por eso, los habitantes de la villa Las Loicas, cerca del límite con Chile y donde no hay señal de internet, se vieron impedidos de participar en la audiencia donde se decidía la relocalización de su pueblo, y muchos manifiestan que en el tiempo previo de desarrollo del proyecto tampoco fueron debidamente consultados. Además, en abril de 2018 ya se había realizado otra audiencia pública, sobre el proyecto del dique en sí, en la cual la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe expresó sus objeciones al mismo, a las cuales el gobierno hizo prácticamente caso omiso al aprobar la obra. Sin embargo, no ha habido una evaluación del impacto ambiental integral que este proyecto tendría sobre toda la cuenca del río Colorado, incluyendo a las 5 provincias que la integran. El estudio presentado como tal ante el COIRCO adolece de serias falencias metodológicas, y además no ha pasado por una instancia de audiencia pública abierta a la participación de habitantes de Neuquén, La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires. Esa es una de tantas exigencias que planteamos y podría legitimar mucho mejor cualquier decisión, pero no sabemos si se cumplirá.
– Esta obra se menciona por el Estado como la “obra del siglo” como negocio entre empresas multinacionales ¿Con la crisis hídrica qué impacto ambiental y social tendrá concretamente en el territorio?
– En mi opinión, es triste ver que en el Estado mendocino haya bastante cerrazón a escuchar reclamos de otras provincias, sea de los gobiernos como de las sociedades en general. Qué irá a suceder ahora que en Mendoza también surgieron voces opositoras importantes, que además de las asambleas de AMPAP incluyen también a sectores políticos y empresarios (entre ellos algunos que «se quedaron fuera» de la licitación), es una incógnita. El discurso predominante en los medios hegemónicos mendocinos sigue siendo el oficial, pero se han abierto algunas brechas y es incierto qué pasará en los próximos días o semanas.
Giraud, es claro en sostener que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, no hay grieta en política extractivista: ”Hasta hace unos años, era relativamente común que de los dos partidos mayoritarios, tanto a nivel nacional como provincial, el que estaba al frente del Ejecutivo implementara políticas muy favorables al modelo extractivista en sus diversas expresiones (megaminería, agronegocios, fracking, etc) y el otro oscilara entre posturas tibiamente a favor del ambiente (por quedar «políticamente correcto» y amable ante la sociedad) o neutras, prescindentes al respecto. Y que cuando los roles de gobierno-oposición se invertían, también lo hacían sus posturas a favor o en contra del extractivismo. Sin embargo, tanto para los agronegocios como la megaminería y el fracking, tanto en el Congreso como en las Legislaturas provinciales, ahora vemos que las cúpulas partidarias acuerdan en cerrar totalmente cualquier «grieta» e impulsar fuertemente el extractivismo, con escasas disidencias al interior de sus respectivos bloques legislativos. Lo vimos claramente en Mendoza en diciembre de 2019 cuando una amplísima mayoría de legisladores provinciales atacaron nuestra Ley 7722, hasta que la masiva movilización del pueblo en calles y rutas logró recuperarla. Hoy mismo vemos que Fernández Sagasti, la principal dirigente del PJ provincial, aplaude el acuerdo del gobernador Suárez con YPF para impulsar el fracking en Mendoza. Y salvo estos últimos meses en que aparecieron otras voces, se venía viendo también en el acuerdo de ambas alianzas a favor del proyecto Portezuelo del Viento”.
Las Asambleas Mendocinas por el Agua y organizaciones sociales, políticas, antirrepresivas, sindicales y la ciudadanía de Mendoza, rechazan la iniciativa del gobierno provincial y se enfrentan directamente a intereses económicos de las empresas multinacionales sostenidas por el poder político. Saben que se oponen a una política de Estado y que la respuesta siempre es represión a quienes denuncian al modelo extractivista,. Pero como lo hicieron en defensa de la Ley 7722, luchan en las calles y denuncian las consecuencias hídricas y el meganegociado que implica para la provincia. Resisten y buscan detener una obra que va en contra del pueblo.
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