Izquierda Diario.- La iniciativa del oficialismo surge tras el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. Una agenda política centrada en el Poder Judicial y lejos de las mayorías que sufren la orientación económica y social del Gobierno. El pedido de juicio político tiene poca viabilidad debido a que requiere dos tercios de votos en la Cámara de Diputados.
En una conferencia de prensa donde hablaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) el oficialismo anunció, tras una reunión entre el presidente y un grupo de gobernadores, que durante el miércoles realizará una presentación en la Cámara de Diputados solicitando el juicio político contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, por “haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño”.
Así detalla el comunicado emitido por el Gobierno, que también plantea “solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti”, el resto de integrantes del organismo. La medida es un paso más en la disputa entre el peronismo y el Poder Judicial, que actúa en bloque con la oposición de derecha de Juntos por el Cambio y gran parte de la corporación mediática opositora. Un enfrentamiento que pegó un salto tras el fallo de la Corte Suprema a favor del Gobierno de CABA sobre fondos de la coparticipación.
En la reunión participaron Alberto Fernández, los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).
En la conferencia, Capitanich sostuvo que «hemos tenido una reunión con el Presidente de la República con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación». A su vez, sumó que las provincias argentinas se sienten «damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento alguno».
También estuvieron presentes en la reunión Juan Manzur, el jefe de Gabinete, Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior, y Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia. Los gobernadores, Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca), se conectaron por videoconferencia, con sus vicegobernadores Eugenio Quiroga y Rubén Dusso presentes en Casa Rosada.
El Gobierno emitió un comunicado con doce firmas de gobernadores, incluyendo la del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, apoyando el pedido. Sin embargo, al rato Bordet desmintió públicamente haber firmado dicho comunicado. Otros gobernadores alineados con el oficialismo no apoyaron la iniciativa como Rodríguez Saá (San Luis) y Sergio Uñac (San Juan).
Lo cierto es que el pedido de juicio político tiene pocas chances de avanzar, dado que debe ser aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación, con una votación que requiere una mayoría de dos tercios. Un número al que no llegan ni el Frente de Todos, ni la oposición de derecha, contemplando que la Cámara baja lleva semanas sin funcionar por las dificultados para lograr quórum para tratar diversos proyectos.
Por esta razón, la presentación se inscribe en el año electoral por delante, con el intento de instalar una agenda política atravesada por una suerte de “guerra” contra el Poder Judicial, en el marco de una situación económica y social crítica para las grandes mayorías subproducto de las políticas de ajuste que llevó adelante el Gobierno. Un ajuste digitado por el FMI donde el Frente de Todos y la derecha no tienen grieta salvo por los ritmos con los cuales imponerlo.
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