La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su repudio y preocupación ante los graves hechos de represión cometidos por fuerzas policiales y de seguridad federal y de la Policía de la Ciudad, que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso de la Nación en el contexto de la manifestación pública realizada el 12 de junio. Los hechos fueron alentados y convalidados por el comunicado oficial de la Presidencia de la Nación que felicitó el desempeño de las fuerzas policiales y calificó los eventos ocurridos en la masiva manifestación pública como actos de terrorismo orientados a la perpetración de un golpe de estado. Planteo que de manera escandalosa fue tomado por el fiscal Stornelli consolidando así, desde la perspectiva judicial, el brutal intento de criminalizar y castigar la protesta con la sanción penal y la privación de la libertad.
El pasado 12 de junio, con motivo del tratamiento del proyecto de ley denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, organizaciones sociales, políticas y sindicales se convocaron en las inmediaciones del Congreso para expresar su rechazo al proyecto. Desde el comienzo de la jornada, miles de personas ejercieron su derecho a manifestarse de manera pacífica y a peticionar a las autoridades, lo que constituye un pilar fundamental del sistema republicano.
La respuesta estatal ante la manifestación fue la determinación del Ministerio de Seguridad de la Nación de aplicar el “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que -como ya expresamos públicamente- constituye una restricción inconstitucional al ejercicio legítimo del derecho a la protesta social.
Como correlato de esto se desplegó un gran operativo del que participaron las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluyó la presencia de cuerpos de motorizados y de infantería, camiones hidrantes y vallado de todas las inmediaciones del Congreso.
Cerca de las 13 horas, cuando la manifestación se desarrollaba de manera pacífica, grupos de Prefectura y Gendarmería comenzaron a avanzar sobre los manifestantes que transitaban por la avenida Entre Ríos y decidieron reprimir de manera injustificada y desproporcionada a todos quienes allí se encontraban, incluidos periodistas, diputados e integrantes de organismos de derechos humanos.
A partir de allí el dispositivo represivo se incrementó y culminó con 35 personas detenidas y más de 200 heridos de distinta gravedad.
En horas de la tarde y mientras todavía se estaba desplegando el operativo represivo y las detenciones, el presidente Javier Milei publicó un comunicado expresando: “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.
La referencia oficial que califica lo ocurrido durante la manifestación como hechos de terrorismo orientados a producir un golpe de Estado es un hecho de gravedad institucional que requiere el más enérgico repudio porque constituye un escalón más en la búsqueda de limitar y criminalizar el derecho a la protesta social. No se trata de una referencia aislada sino que se da en un contexto en el que la actual gestión de gobierno ha decidido limitar severamente el derecho a la protesta de todos los sectores que se manifiestan en rechazo de sus políticas e impulsar su judicialización inscribiéndolos como organizaciones criminales.
Utilizando como base la publicación del Presidente de la Nación, y aún sin contar con elementos concretos más que las referencias de algunos medios de comunicación, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió la prisión preventiva de todas las personas aprehendidas durante la manifestación, considerándolas autoras de delitos contra el orden público, y pretendiendo aplicar la agravante genérica del artículo 41 del Código Penal bajo la figura de actos terroristas.
La desmesura intencional de calificar estos hechos como actos de terrorismo, sedición y golpe de Estado representa la notoria búsqueda de colocar un nuevo y peligroso mojón en la sustracción de las garantías constitucionales que preservan el ejercicio de derechos fundamentales como el de libre expresión, asociación, libre circulación y petición a las autoridades de quienes se constituyen como grupos opositores. Todos estos derechos fundamentales para el sustento y desarrollo de la democracia.
La incorporación en 2011 de la figura del terrorismo al Código Penal, a la que la CPM se opuso oportunamente, lejos de constituirse en una herramienta para perseguir a grupos que ejercieran con alcance nacional o trasnacional actos tendientes a causar terror en la población y su posible financiamiento, significó la excusa perfecta para perseguir y judicializar a organizaciones sociales y políticas. Bajo esta excusa la actual ministra de Seguridad de la Nación impulsó, durante la gestión del presidente Mauricio Macri, la persecución de los grupos mapuches, lo que derivó en la judicialización de muchos de sus integrantes, la realización de inteligencia sobre organizaciones de derechos humanos que los patrocinaban y fue el contexto de los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
La actual gestión de gobierno, profundizando esta política, dictó el decreto 496/2024 por el cual podrá incluir en el Registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento a quienes se piense que son una amenaza actual o potencial a la seguridad de la nación. La amplitud de esta norma está a la medida de las desmesuradas definiciones del ejecutivo nacional y de la justicia federal al calificar los hechos ocurridos durante la manifestación del 12 de junio como actos de terrorismo.
La noción de “terrorismo” de la que hacen uso las autoridades del gobierno nacional remite de manera directa al de la última dictadura militar: clasificar a la disidencia política como “elementos disolventes” del orden público.
El golpe institucional es el que está imponiendo el gobierno con la anuencia de sectores de la justicia, pues la limitación de las garantías constitucionales es entrar lisa y llanamente en un generalizado estado de excepción sin ninguna justificación.
Los actos de quema de autos, tan publicitados por el gobierno como parte de la propaganda política, se realizaron ante la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad que no actuaron preventivamente a pesar del enorme despliegue de fuerza y equipamiento.
La justicia debe investigar estos hechos rigurosamente porque existen testimonios que dan cuenta de unas pocas personas que llegaron encapuchadas en ese momento, prendieron fuego el auto y se retiraron amenazando a manifestantes que les pedían que no lo hicieran. También hay videos que muestran como otras personas que estaban entre los manifestantes iban hasta las vallas y les habilitaban el paso removiéndolas, lo que no hacían con nadie, dando cuenta de una extraña familiaridad.
La cacería de personas se lanzó horas después y a notable distancia de los hechos. Las detenciones fueron arbitrarias y muy violentas a personas de distinta procedencia y ocupaciones, que por diversas razones estaban allí. Varios vendedores ambulantes de empanadas y choripanes, una profesora de historia, investigadores, estudiantes universitarios, personas en situación de calle, una persona con padecimiento mental, un fotógrafo son los detenidos por un supuesto intento de dar un golpe de estado.
Una vieja granada y ningún arma de fuego serían los elementos con que pretendieron derrocar al gobierno.
No hubo intento de sedición ni de golpe de estado. No hay terroristas.
Son ciudadanos que ejercían derechos constitucionales y habitaban el espacio público.
El gobierno de Milei y Bullrich ingresa en un camino sin retorno que puede terminar con la democracia.
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