Izquierda Diario.- Parásitos capitalistas y funcionarios enriquecidos con subsidios del Estado sin control. Vaciamiento del ferrocarril y un servicio cada vez más decadente. Fue una masacre anunciada por los propios trabajadores ferroviarios y los usuarios, pero nunca prevenida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un crimen social que se cobró 52 vidas del pueblo trabajador.
Este miércoles se cumplen once años de aquella mañana del 22 de febrero de 2012 que irrumpió con imágenes de horror y desesperación que quedaron en la memoria popular. La formación de tren 3772 de la Línea Sarmiento llegaba a la terminal de la Estación de Once de la Ciudad de Buenos Aires, pero no frenó a tiempo y chocó contra los frenos del andén 1. Como consecuencia del impacto fallecieron 52 personas y 789 resultaron heridas. Las cifras de un nuevo crimen social a manos de empresarios y funcionarios enriquecidos a costa de la vida del pueblo trabajador.
Familiares que buscaban desesperadamente noticias durante horas y días para enterarse del fallecimiento de sus seres queridos, emprendieron luego una lucha, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, el reclamo de juicio y castigo para los responsables.
Fue gracias a esta lucha que lograron llevar a juicio a empresarios beneficiados con los subsidios estatales sin control, y con el vaciamiento del ferrocarril, así como también a funcionarios y exfuncionarios responsables por las políticas de transporte, de todos los gobiernos pero especialmente el kirchnerista. La Masacre de Once es un emblema trágico de un largo proceso de negociados y corrupción que atravesaron las concesiones de los ferrocarriles.
Los responsables y los juicios
En 2013, se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por los delitos de «defraudación contra la administración pública» y «descarrilamiento culposo». Y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones. En este proceso quedó descubierto que el accidente fue causado, entre otras cosas, por el estado de la infraestructura ferroviaria a raíz de la falta de inversión para el mantenimiento del Sarmiento y el descuido de la seguridad con que las formaciones hacían su recorrido.
Julio De Vido, el poderoso exministro de Planificación Federal durante los doce años de gobiernos kirchneristas fue condenado en 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de “administración fraudulenta”. La sentencia del Tribunal Oral Federal 4 consideró que debió controlar los fondos públicos que la empresa TBA recibía y no invertía en el servicio. La Cámara de Casación confirmó la condena y remarcó que De Vido tenía conocimiento de todos los incumplimientos de TBA , basándose en informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (cinco años y medio de prisión), a los empresarios Sergio y Roque Cirigliano, el maquinista del tren Marcos Córdoba (tres años y tres meses) y de otros condenados en el juicio. Quedó pendiente la de Ricardo Jaime, también exsecretario de Transporte durante la gestión kirchnerista, pero en la actualidad está detenido y sometido a juicio en el marco de una pesquisa por enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción.
Claudio Cirigliano, máximo responsable de la empresa TBA, obtuvo una condena firme a 7 años de cárcel y actualmente cumple arresto domiciliario desde abril de 2021.
Quedó expuesto que los funcionarios del kirchnerismo, que posaban de progresistas y opuestos a la derecha (que usó demagógicamente la masacre en beneficio propio), eran parte de una casta política que utilizó recursos públicos para su financiamiento político y enriquecimiento personal. La ganancia capitalista y la corrupción estatal tuvieron como víctimas al pueblo trabajador.
A partir de la crisis abierta en la administración bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner luego de la masacre, mientras defendía lo hecho por su gobierno y ponía el foco en la responsabilidad del maquinista, buscó darle una salida mediante la nacionalización de la gestión de los ferrocarriles, con su ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, e invirtiendo en la renovación de trenes e infraestructura.
Sin embargo desde entonces, nada se hizo para obligar a los Cirigliano y cómplices a devolver los fondos entregados por el Estado para sus negociados. Además de que muchos problemas del servicio continuaron, junto con la persecución estatal y de la burocracia sindical a los trabajadores ferroviarios que sistemáticamente denunciaron antes, durante y después de la masacre las condiciones laborales y de funcionamiento de los trenes-
La Izquierda Diario y el Frente de Izquierda siempre estuvieron del lado de las víctimas de éste y todos los crímenes sociales contra la vida del pueblo trabajador, acompañando sus denuncias y exigiendo castigo a los culpables de la Masacre de Once.
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