Otro mes de alta inflación: el Gobierno quiere “estabilizar” salarios de miseria

Izquierda Diario.- El Indec confirmó que la suba de precios de septiembre fue de 6,2% y acumula 66,1% en lo que va del año. El acuerdo pactado con el FMI es inflacionario, las consecuencias recaen sobre la clase trabajadora. El Gobierno quiere congelar salarios que perdieron por goleada, pero hay fuerzas para recuperar lo perdido.

Este viernes el Indec dio a conocer la inflación de septiembre que fue de 6,2%. Los rubros que aumentaron por encima del promedio fueron prendas de vestir y calzado (10,6%); bebidas alcohólicas y tabaco (9,4%); Bienes y servicios varios (6,8%); y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,7%). Este número sigue en un nivel alto y preocupa porque impacta en la canasta de pobreza y en la de indigencia.

En tanto, los menores aumentos se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%) y comunicación (2,5%).

En lo que va del año la inflación acumuló un incremento del 66,1% y en términos interanuales, desde septiembre de 2021 a septiembre de 2022, la suba es del 83%. En el caso del rubro de los alimentos escaló a 86,6% interanual.

¿Qué factores explican la inflación?

La inflación es un fenómeno complejo que responde a un conjunto de causas que se retroalimentan como las devaluaciones del peso, y la dolarización de tarifas de la energía y del combustible. Además, la guerra en Ucrania provocó el aumento de los precios de los alimentos, que impactó en el alza de la inflación en varios países. En el país hay un monopolio privado del comercio exterior, una decena de firmas controlan la mayor parte de la exportación de granos, y estas tienen el poder de trasladar los precios internacionales a los precios locales.

Por su parte, también el Gobierno contribuyó a la inflación. Este año el Banco Central aceleró el aumento del tipo de cambio oficial para que no se retrase con respecto a la inflación. Si bien aún aumenta por detrás de la suba de precios, el incremento del dólar impacta en el conjunto de precios por la gravitación que tiene el tipo de cambio en el desenvolvimiento de la economía argentina. Esta política fue acordada con el Fondo.

Otro factor que incidió en la inflación fue el incremento de las tarifas de electricidad, gas, transporte, y de los combustibles. La secretaria de Energía, Flavia Royón, anticipó que “habrá más movimientos de acá a fin de año” porque los precios de los combustibles están atrasados en relación a la inflación, es decir volverán a subir los precios.

Un pacto de alta inflación

El “modelo” que cerró el gobierno del Frente de Todos con el FMI es de alta inflación. La inflación es el mecanismo privilegiado del ajuste sobre el presupuesto y los ingresos de la clase trabajadora. Así, en el Presupuesto 2023 los gastos primarios caerán en términos reales (-4,3%) por la reducción de subsidios energéticos y prestaciones sociales, las bajas más significativas corresponden a asignaciones familiares (-15,2%) y programas sociales (-4,5%), según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El acuerdo con el FMI también incluye suba de tarifas de los servicios públicos porque exigen reducir los subsidios y un aumento del tipo de cambio, una devaluación, medidas que acelerarán la inflación. Tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo el Fondo publicó la “letra chica” de su evaluación donde recomienda liberar de manera gradual las restricciones de divisas “a medida que las condiciones lo permitan y se fortalezca la cobertura de reservas”, flexibilizar las restricciones significa aumentar el tipo de cambio (devaluar).

Para el Fondo “se necesita una postura fiscal más estricta” por eso en relación a las tarifas de servicios públicos, el organismo sugiere que el Gobierno debe “mejorar la focalización de los subsidios (energía, agua y transporte)”, es decir reducirlos lo que implicará un aumento de tarifas.

El FMI también advierte que podría haber desbordes. El Fondo sostiene que “la alta inflación persistente y el menor crecimiento podrían exacerbar el descontento social y debilitar el apoyo político al programa” y agrega que “estos riesgos podrían aumentar antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2023, en caso de que se intensifiquen las presiones sobre el gasto y los salarios, y surjan dificultades para implementar las reformas planificadas de subsidios y asistencia social”. El organismo advierte sobre el delicado equilibrio que deberá sortear el Gobierno del Frente de Todos para cumplir con las metas del acuerdo (más ajuste) como quiere hacer en una situación de mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares.

Pelear por revertir la pérdida salarial

En este contexto de elevada inflación, el poder de compra de los salarios está por detrás de los niveles de 2015. Según datos del Indec, el poder de compra de los trabajadores del sector privado registrado perdieron un 22% en julio en relación octubre de 2015, en el sector público la merma fue del 27,6% en el mismo período. Mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores no registrados se desplomó un 34,8% en julio en relación a octubre de 2016. No se revirtió el ajuste macrista como prometió el Frente de Todos.

Pero no todos pierden. Según datos del Indec en 2021 hubo un aumento del Excedente de explotación bruto, que es una suerte de aproximación a la masa de ganancias de los capitalistas, mientras que la remuneración del trabajo asalariado perdió en su participación en la torta de la riqueza producida en el país.

Con esta foto de deterioro salarial y desigualdad el Gobierno analiza un plan de estabilización, congelar precios y salarios. Una medida que no es nueva, que actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas centrales de la inflación. Por ejemplo, el Pacto Social de 1973 de Perón y su ministro de economía Gelbard firmado por la CGT y la Confederación General Económica (CGE), la central empresarial, estableció el congelamiento de precios y salarial por dos años, y la eliminación de las negociaciones colectivas. Este acuerdo terminó explotando ante el ascenso obrero y jaqueado por la crisis económica y política.

Pablo Anino, en su newsletter El juguete rabioso, analiza otros planes de estabilización como el Plan Austral y el Plan Primavera que fracasaron. Según datos de Mario Rapoport, en 1986 el poder de compra del salario promedio se recuperó casi 2 puntos porcentuales. Pero nunca recuperó los más de 13 puntos porcentuales perdidos entre 1984 y 1985. Después volvió a caer desde 1987 hasta 1989, los salarios reales se derrumbaron 23 puntos porcentuales más.

La clase trabajadora puede enfrentar la inflación y pelear por recuperar lo perdido como lo demostraron los trabajadores del neumático. Otros sectores también se están movilizando como los recurrentes y concurrentes de salud o los trabajadores del hospital Garrahan, incluso en el mismo Ministerio de Economía, donde Massa negociará seguramente dicho plan, los trabajadores realizan asambleas y se organizan por mejora salarial, entre otros reclamos. Los dirigentes sindicales quieren ceder ante las patronales como confesaron en el Coloquio de IDEA, pero hay fuerza en las bases para avanzar en un gran encuentro de trabajadores ocupados, desocupados para poner de pie una gran coordinadora nacional para imponer un plan de lucha y recuperar el salario, por un aumento de emergencia igual a la canasta familiar y que se actualice mes a mes con la inflación.

También es necesaria la exigencia de una apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas para saber cuánto ganan, por un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados, entre otras medidas.

La lucha contra la remarcación de precios tiene que estar unida a la defensa del poder de compra del salario y de las condiciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupada.