Izquierda Diario.- En su cruzada propuesta desde el arranque del 2023 de llevar a juicio político a Rosatti y los demás miembros de la Corte, este miércoles Alberto Fernández dio un paso más al presentar ese pedido ante la presidenta de la comisión de juicio político, la kirchnerista Carolina Gallard, y el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Germán Martínez.
Para que el proyecto sea discutido en esa Comisión, Fernández primero debe llamar a sesiones extraordinarias mediante DNU, cuestión que desde el Gobierno todavía no definieron cuándo hacer.
Se espera que para esa sesión, el oficialismo buscará tratar algunos proyectos que no pudieron ser debatidos en el recinto por la caída de las dos últimas sesiones, en las que el oficialismo no alcanzó el quórum por la ausencia de Juntos por el Cambio. Entre ellos, la moratoria previsional y el blanqueo de capitales.
A pesar de contar con mayoría en esa comisión (16 miembros el oficialismo, 14 la oposición de derecha y 1 miembro del Interbloque Federal), el proyecto no tiene chances de ser aprobado en Diputados, ya que necesita los dos tercios de esa Cámara. Sin embargo el gobierno buscará durante ese proceso instalar agenda en torno a su pelea con el poder judicial y desgastar en la medida de lo posible a los miembros de la Corte que viene de diversos fallos adversos para el oficialismo, como el reciente por la coparticipación.
En la Casa Rosada tienen en cuenta que durante el tratamiento en comisión hasta el momento del eventual dictamen, se abre un período de sesenta días donde los jueces cuestionados pueden ser llamados a declarar, al igual que diversos testigos, junto a los pedidos de medidas de prueba que se puedan solicitar, como informes o presentación de teléfonos móviles. En ese escenario prevén que los manejos espurios de los funcionarios judiciales salten aún más a la vista y sigan deteriorando su ya pésima imagen.
Desde Juntos por el Cambio aseguran que en ese caso, ellos también podrían llamar a testigos propios, además de que exigirían que se traten los expedientes en los que también se planteó desde ese espacio el juicio político del presidente. Una rosca que se profundiza y expresa la crisis por la que transita el régimen político burgués argentino.
El plan del Gobierno contra la Corte seguirá profundizando una suerte de guerra en las alturas entre el poder ejecutivo y el judicial, mientras se le sigue dando la espalda a las necesidades y problemas de las mayorías trabajadoras, como el deterioro continuo de su poder de compra, la pobreza y la precarización. La “grieta” que se muestra en esta disputa entre el oficialismo y la oposición de derecha (en bloque con el poder judicial), no estuvo sin embargo para los grandes acuerdos entre esas coaliciones, como el pacto con el FMI y el presupuesto de ajuste de 2023.
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