Por Esteban Martine / Izquierda Diario.- Parte de la producción de petróleo y gas será exportada pagando 0% de derechos de exportación. La medida se basa en un decreto firmado por Cristina Fernández en el marco del pacto entre YPF y Chevron en 2013. Chevron y Petronas ya accedieron al beneficio.
El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, y dependiente del Ministerio de Economía al mando de Sergio Massa. La Resolución 26/2023, firmada el 26 de enero, aprueba el “procedimiento de solicitud de beneficio de una alícuota del cero por ciento (0%) de derechos de exportación, en el marco del Decreto Nº 929 de fecha 11 de julio de 2013”. Ya a fines del año pasado, Chevron y Petronas habían accedido al beneficio.
El Decreto N°929, al que alude la Resolución firmada esta semana, fue firmado en 2013 por la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, respondiendo a las exigencias de la empresa multinacional norteamericana Chevron, quien lo puso como condición para asociarse a YPF e invertir en Vaca Muerta. Ese decreto creó un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que al año siguiente quedó plasmado en la Ley 27.00.
El beneficio para las petroleras consiste en la posibilidad de exportar el 20% de su producción de petróleo y gas sin pagar retenciones, y pudiendo disponer libremente del 100% de los dólares provenientes de dichas exportaciones. Es decir que, si así lo quisieran, las empresas podrían preservar sus dólares en guaridas fiscales.
Para acceder al Régimen de Promoción, el Decreto 929 establecía una inversión mínima de USD 1.000 millones y un plazo de cinco años. Sin embargo, la Ley 27.007 votada en 2014 por el kirchnerismo, sus aliados y el Movimiento Popular Neuquino, flexibiliza las condiciones para acceder al beneficio, estableciendo una inversión mínima de USD 250 millones y un plazo de tres años.
Un saqueo cuasi colonial
Hasta 2022, las petroleras nunca accedieron al beneficio. Ya en septiembre de 2022, tras una gira de Sergio Massa por los Estados Unidos, una Resolución N° 655 le concedió el estímulo a Chevron, la autora intelectual del Régimen de Promoción. ¿Cómo lo hizo? No en su nombre, sino en nombre de la Compañía de Hidrocarburo No Convencional (CHNC), controlada por empresas radicadas en Delaware por YPF. CHNC es parte del entramado de empresas fantasma creado de forma secreta en el marco del pacto Chevron – YPF, para garantizar el blindaje de sus ganancias a la empresa norteamericana.
Si bien CHCN fue creada por subsidiarias de YPF, sólo Chevron se beneficiará con la exención de retenciones por la producción de Loma Campana. Esto es así porque YPF le concedió su parte del beneficio, como “compensación” frente a la negativa de llevar la exención de retenciones al 50% de la producción.
Luego de Chevron fue el turno de la malaya Petronas a quien, mediante la Resolución N° 799 el gobierno le concedió el mismo incentivo para la producción de La Amarga Chica.
Tanto Chevron como Petronas cumplieron con las condiciones establecidas por el Decreto N° 929 bajo la gestión de Macri. Sin embargo, bajo el gobierno de Cambiemos y los primeros años del Frente de Todos, las empresas no accedieron al beneficio. El nivel de sumisión es tal que en la resolución publicada esta semana se deja la puerta abierta a las petroleras para solicitar la retroactividad del beneficio, es decir, para computar la producción de 2018 a la actualidad. Dice la norma: “Aquellos beneficiarios que cuenten con proyectos aprobados al momento del dictado de la resolución que aprueba el presente Anexo, podrán incluir el VEINTE POR CIENTO (20%) de la producción que se haya acumulado a partir del tercer o quinto año según corresponda, contado desde la puesta en ejecución de sus respectivos proyectos y hasta el periodo mensual anterior al de la solicitud del beneficio”.
El Régimen de Promoción es tan concesivo que si las empresas no exportan ese 20% del petróleo y el gas que producen, y en cambio lo venden en el mercado interno, igualmente el gobierno les debe garantizar la compra por el precio internacional y habilitarles el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios, es decir, la compra de dólares a la cotización oficial.
Cabe señalar que, si en el caso de la explotación en tierra (convencional y no convencional), las petroleras pueden exportar el 20% sin pagar retenciones, en el caso de la explotación costas afuera el beneficio lo tendrán por el 60% de su producción. Esto significa que en un futuro podrán usufructuar un beneficio aún mayor las empresas Equinor, Total, Shell, Qatar Petróleum, Exxon, Wintershall y todas las adjudicatarias del concurso offshore impulsado por Macri en 2018.
El discurso que busca legitimar la nociva técnica del fracking en Vaca Muerta o la explotación petrolera en el mar, ocultando sus consecuencias ambientales, económicas y sociales, afirma que la producción hidrocarburífera genera ingreso de divisas, soberanía, etc. Lejos de eso, la realidad es que gobierno tras gobierno, las petroleras fueron construyendo una estructura jurídica para facilitar la fuga y la remisión de utilidades a sus casas matrices o paraísos fiscales. No es “desarrollo”, es saqueo.
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