A los 20 días del mes de octubre se labra y entrega el Acta de Procedimiento. Ese será el origen de la IPP 19-00-023756-22. En aquella jornada ATE Moreno concentra en la Plaza Fuentealba. Marchará por la calle Libertador hasta la «manzana de las luces». Tomará posición final en Asconapé, frente del Palacio, cerrado ante cada movilización y más cerrado por la obra (veredas).
Los jefes policiales Christian Martínez (Moreno Primera), Raúl Sandoval (Jefe Estación Moreno), Claudio Serrizuela (Policía Local), Darío Alegre (Jefe del Comando de Patrulla), fueron los convocados a la Orden de Servicio 1201 Manifestación de trabajadores municipales. En ese documento que da origen a la presentación penal, se inscribe lo siguiente: «… marchas y protestas por parte de las organizaciones sociales MST, ATE y CTERA (sic)». Es muy probable que en el dictado de clase hubo error de tipeo y en lugar de escribir CTA se colocó CTERA.
El gran operativo policial para contener a no más de 100 manifestantes, así lo refiere la denuncia, tiene su momento ¿crítico? cuando un grupo supera vallado, portón y se dirige a la puerta (de vidrio) para ingresar a planta baja del Palacio. En el detalle se consigna que «se impidió que los manifestantes alcancen el objetivo» y en ese fin resultaron con lesiones dos (2) mujeres policías, Gisela Correa y Mercedes Ayala, quienes «por precaución» fueron trasladadas al hospital. También indica que un «masculino» recibe lesiones leves, es trasladado por el SAME con lesiones leves y que no presenta riesgo de vida. En ese instante la policía se comunica con la UFI N° 5 (Dr. Buscaglia) quien ordena que «se labren las actuaciones caratuladas DAÑOS Y LESIONES» se identifique a los responsables, se extraigan placas fotográficas, recepción de declaración testimonial y demás diligencias de rigor». A los supuestos delitos de DAÑOS y LESIONES habrá de sumarse el de «turbación de la propiedad» (perturbación del orden).
En la hoja y media confeccionada por la policía se entrega los nombres, apellidos, DNI y dirección (domicilio) de tres trabajadores municipales en ejercicio de su función gremial, quienes reclamaron por la reapertura de paritarias. Los apuntados por la Policía en la denuncia son Raúl «El Mosca» Soria, Pablo Daniel Solari y Oscar Silva. Sorprende que en el caso de Silva la policía haya agregado el número de Legajo sin que haya existido requerimiento judicial. Pregunta ¿quién y por qué se brindó esa colaboración a la policía para que se incorpore en la denuncia penal?
Las notificaciones a los trabajadores y dirigentes llegaron a sus domicilios. Desalambrar pudo saber a través de fuentes judiciales que la causa quedó archivada el último día de octubre.
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