Un pueblo en contra de la instalación de una cárcel en una escuela

Por Patricia Chaina / Página12 –

Las asambleas populares renacieron en Río Seco, emblemático enclave de luchas obreras en los años ‘60 y ‘70. Ahora, los vecinos de esa comuna rural y azucarera del departamento de Monteros –centro de la provincia de Tucumán– se autoconvocaron al conocer, por boca del gobernador Osvaldo Jaldo, que funcionaría una cárcel en un histórico edificio educativo del centro del pueblo, frente a la plaza principal.

Lo anunció Osvaldo Jaldo a la prensa y lo confirmó en su discurso de apertura ante la Legislatura. El gobernador habló de cinco nuevos centros de detención. En Río Seco se encendió la alarma por el lugar donde se ubica el edificio que fue donado para «uso educativo”. “Y por el contexto en el cual fue instalado, con una historia de lucha y muestras de solidaridad” destaca el vecino Nicolás Arévalo. Refiere a 1985, cuando la familia Chalón lo dona y los vecinos se organizan para acondicionarlo. No es menor como gesto cívico, en un pueblo donde los militares llegaron a colocar una placa que decía: “Aquí vencimos a la subversión”. Una comisión de vecinos la hizo sacar.

“Nosotros no queremos una cárcel ahí” advierte Mira Díaz, activista de las asambleas por la consigna: No a la cárcel, si a la educación. “Queremos un terciario, queremos educación para los jóvenes, no una cárcel, pero tuvimos que dejar el pedido en mesa de entrada porque la Delegada Comunal no nos recibe”, planteó a Página/12 la abogada María Laura Medina, por “las doce páginas» de la campaña de recolección de firmas.

Fue justamente la Delegada Comunal, Carmen Alejandro, quien ofreció el edificio al Ministerio de Seguridad. Eso permitió incluirlo en la propuesta destinada “a poner fin a la crisis carcelaria en la provincia”, aseguró el gobernador al diario La Gaceta.

En Río Seco se proyecta acondicionar ese edificio y en planta baja alojar 172 presos, el primer piso con lo administrativo, cocina, vestuarios para guardias. La inversión es de 290 millones de pesos para una obra que, de aprobarse en el Tribunal de Cuentas, comenzaría en marzo y se extendería un año. Argumentan que el edificio no se usa hace dos años, cuando la Escuela Técnica se mudó –sobre la avenida Himno Patrio– más cerca del río Seco, explica la abogada Medina.

Según la comisionada Alejandro, esto significará “más personal y mayor seguridad para el pueblo”, así publicó la página de la comuna al informar del ofrecimiento edilicio a la provincia. De ahí que Alejandro, al iniciarse las asambleas, intentase una explicación que los vecinos consideran inconsistente: “Dijo que la habíamos mal interpretado, que sería una comisaría no una alcaldía. Igual ¡no queremos eso!”, enfatiza la abogada.

Sobre esa convicción se iniciaron las asambleas: el 11 de febrero, el 18, el 26. Bajo sol o lluvias suaves. Porque algo de la memoria histórica se activó el 30 de enero cuando los vecinos despertaron con la noticia: donde estaba la Escuela Técnica Nº1, en la esquina de Avenida Avellaneda y el pasaje Miguel Chalón, habría una cárcel. Desde entonces la actividad asamblearia es constante. Buscan articular con los ministerios de Seguridad y Educación, también con el gobernador, y seguir la campaña de firmas y difusión. El 26 comenzaron a poner pasacalles y carteles. “Algunos vecinos donaron dinero para el auto radial” cuenta Arévalo. Y constituyeron una Comisión de la Asamblea Popular de Río Seco. 

Río Seco

El reclamo de Río Seco se destaca entre los pueblos elegidos para alojar nuevos centros de detención: Benjamín Paz, Gallo y Banda del Río Salí. Por su cercanía con el Ingenio La Providencia, en Río Seco talla una tradición de lucha iniciada por el cierre de los ingenios en los ’60, el desempleo y la migración. Ese reclamo sindical fue la excusa para una ensañada represión del Estado sobre la población, en especial los jóvenes, concentrada en la antesala del golpe militar entre 1974 y 1975.

Río Seco guarda en su memoria las razias militares de esos años. En ocasiones las fuerzas paraestatales irrumpían en el pueblo, en otras eran operativos de fuerzas conjuntas: Policía, Gendarmería y Ejército. “Entraban con tanquetas de artillería –recuerdan los vecinos–, detenían a los dirigentes de los sindicatos de los ingenios”. Secuestraron a 28 personas, cuatro están desaparecidas, dos fueron asesinadas.

El conflicto se inició entre 1966 y ’68 cuando la dictadura de Onganía cerró 11 de las 27 fábricas azucareras. En Río Seco había cuatro, quedaron dos. Uno es el Ingenio Providencia, hoy el único activo. Provee a la empresa Arcor: “primer productor mundial de caramelos duros”. Es propiedad de Arcor, desde que se privatizó en los ’90. El proceso concentrador “expulsó a más de 200 mil tucumanos” señala Mira Díaz.

Memoria, Verdad, Justicia

“Ha sido un pueblo de mucha lucha en los ‘70, por los ingenios, ahí surge el compromiso de los jóvenes y eso cortan los militares cuando van, casa por casa, buscándolos. La gente quedó con mucho miedo –reflexiona Mira–, después todo terminó. Incluso había una placa de los militares que decía: ‘Aquí vencimos a la subversión’. La hice sacar”.

El acto expresa la vocación cívica: “Armamos una comisión, sacamos la placa y ahí se levantaron los tres pilares de Memoria, Verdad y Justicia. También hicimos una placita”, describe Mira, quien volvió a su pueblo al jubilarse tras una intensa carrera en alfabetización, y en el desarrollo de las mujeres campesinas, en todo el país. Mira estudió magisterio en un pueblo cercano y militaba en el Movimiento Rural de Acción Católica cuando fue secuestrada. Estuvo detenida en la Escuelita de Famaillá.

Escuela si, cárcel no

“Antes se vivía en el ingenio, hospitales y escuelas estaban ahí, pero Arcor sacó todo y expulsó a todos, hasta la iglesia quiere sacar”, explican los vecinos sobre el proceso que estiman: “dejará morir al pueblo”. La capilla tiene 86 años y podría transformarse en museo. La iglesia podría funcionar en el pueblo, frente a la plaza. Pero instalar ahí al lado, una cárcel, modificaría drásticamente el perfil de “la capital nacional del pesebre”, Río Seco, un pueblo de seis mil habitantes y más de 350 años de historia.

Hay “dos primarios y dos secundarios”, por eso “pretendemos que se siga gestionando una escuela de nivel terciario” apunta Medina. Como respuesta a los jóvenes para no migrar, añade. “Somos conscientes de la crisis carcelaria y los problemas de inseguridad pero no queremos que esto, se use para eso” enfatiza Arévalo sobre el edificio. “No estamos en contra de instalar un centro de detención, siempre y cuando no sea donde funcionó la escuela –subraya–, un edificio donado, y acondicionado por vecinos y trabajadores del ingenio. Estas connotaciones hacen renacer el sentido de pertenencia, y defender que mantenga como finalidad ser un edificio para la formación educativa”.

Según la estadística “el pueblo no necesita una cárcel, pero serviría para toda la región sur” detalla la abogada. Las cárceles no dan abasto, admite. Y hay un presupuesto de 7.000 millones de pesos aprobado, entre provincia y Nación, para el proyecto, que «es necesario» coinciden los entrevistados. “El edificio está en buenas condiciones y bien ubicado, tiene todo para que sea utilizado y no hacer otro desde cero” aprobó el ministro de Seguridad Claudio Maley cuando lo visitó el año pasado, con la comisionada. Para los vecinos el objetivo es otro: «Que funcione un terciario, o la secundaria que hoy utiliza a contraturno, el mismo lugar que una primaria» puntualiza Medina.

Crisis carcelaria

Hoy en Tucumán se estima un total de 2.500 detenidos y capacidad para 1.500. Con la construcción de los 5 nuevos centros habría 1.900 lugares. La inversión de 7.000 millones entre fondos nacionales y provinciales permitiría concretar primero la construcción del penal en Benjamín Paz, en un predio de 130 hectáreas. Luego las alcaldías de Gallo y Río Seco. “Eso avanzará rápido porque son obras de adecuación y remodelación. Ambas se levantarán en edificios escolares que se dejaron de usar” explicó a la prensa el dirigente Marcelo Caponio, antes de desatarse el conflicto. El anuncio habla de cinco nuevos lugares de detención para poner fin a la crisis carcelaria en la provincia, donde las “evasiones” son continuas. La abogada Laura Medina lo explica con un caso testigo: «esto permitió la fuga del femicida Roberto Rejas –quien asesinó a Milagros Avellaneda y a su hijo–, de un cuartel de Bomberos. Porque obviamente no contaban ahí con las condiciones para la detención de un condenado”. Ya en 2016, un informe de fiscalía señaló la existencia de 600 detenidos en dependencias con capacidad para 150 personas presas. Mientras la solución sea crear cárceles en lugar de escuelas, siempre van a desbordar de presos.