Un reclamo por 270 millones de pesos

LA EMPRESA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PIDE QUE SE RESPETE EL CONTRATO –

Aunque el acto administrativo carece de visibilidad (una marca de la gestión), por tiempos «institucionales y legales» la noticia sería que el vínculo que tuvo inicio en el año 2000 con Consorcio Trébol, tendrá una extensión de cuatro meses más. Si el contrato vence el 9 de Julio, el Grito de Independencia pasaría al mes de noviembre de 2020. El debate está lanzado, si no es una nueva empresa privada ¿el servicio público estará en manos de una o más cooperativas? ¿Será una empresa municipal o bien el gobierno de Mariel Fernández apuesta todas las fichas al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU) que contiene una separación en origen muy estudiada, participación de las comunidades con la activación de ECO PUNTOS o PUNTOS VERDES, más el rol estratégico de cooperativas (tal el caso de Ayelén del Movimiento Evita que desde hace años trabaja el reciclado o reciclaje) y carreros que hoy reemplazan la no prestación del servicio, sea en el área privada como pública.

De utilizar el catalejo, la visión ampliada tiene a Consorcio Trébol con una fecha de cierre y final. Si tomamos la «lupa» aparece la letra chica que no es PUNTO y COMA. El Departamento Ejecutivo tiene un deber y obligación: hacer que el prestador cumpla y respete el contrato. La característica que igualó a los gobiernos, desde el año 2000 y hasta 2019, fue que jamás aplicaron las herramientas o instrumentos de control vigentes en un contrato y sus modificaciones. La co responsabilidad ha sido manifiesta. Por vocación ideológica, Mariel Fernández no está inhabilitada para MOSTRAR los incumplimientos, exhibir la utilidad de los controles y poner en facebook oficial las multas y descuentos con lujo de detalles. No alcanza con decir que a Consorcio Trébol se le descontó 5 millones de pesos, es imprescindible levantar en cualquiera de sus manos el acto administrativo. Una foto de peso y valor histórico. Más aún, desde el diciembre y hasta que el vínculo fenezca, el gobierno debe poner en evidencia que no existió un Estado bobo en relación a la recolección de la basura. La única manera es «pagando lo que corresponde, por servicio dado, por día y por cuadra», haciendo en una tabla comprensible la diferencia entre pagar y controlar. Así cualquier reclamo que realice la empresa estará ajustado a una prestación corroborada y no al contrato con su fría y millonaria letra. Por eso la pregunta es, ¿este gobierno aplicó los controles?

Como el carro no está adelante del caballo, los meses que corren abren las cortinas del gran teatro de operaciones. Un contrato cercano a los 900 millones de pesos es impagable para un Municipio quebrado, más famélico en ingresos por la pandemia. Es la cifra y el servicio. De mínima, el servicio después de Consorcio Trébol no puede ser menos que el que hoy se ofrece sino el mejor, el más óptimo para el pueblo de Moreno (NdR: ampliaremos con una nota específica sobre el PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS o la gran decisión política de Mariel Fernández).

Ocurre, en el mientras tanto, que existe algo que se llama continuidad administrativa. Consorcio Trébol, y no es una paradoja, le exige a Fernández que cumple con el contrato vigente desde el año 2014:

INTIMACIÓN DE PAGO POR MORA .- DESPACHO URGENTE.-
De nuestra mayor consideración:
Me dirijo a Usted, en mi carácter de Gerente General de la empresa Consorcio Trébol S.A., con el fin de solicitarle arbitre los medios pertinentes para proceder al cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio de Moreno, y que surgen del Contrato de Concesión de Servicios Públicos suscripto con esta empresa, en el marco de la Licitación Pública 2013000049/2014. El Municipio adeuda a esta Empresa servicios efectivamente cumplidos desde diciembre de 2017, y este incumplimiento lo constituye en el único responsable de la incidencia que esta situación puede provocar en la prestación eficiente del Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios, declarado servicio esencial en los términos del D.N.U 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

Según las pautas contractuales pactadas, esa Municipalidad se ha obligado al pago de los servicios concesionados dentro de los treinta días de la presentación del certificado de prestación de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7.6 del Pliego de Bases y Condiciones que
reglamenta la Licitación Pública de la referencia y en el contrato ya mencionado. Esta obligación se encuentra en MORA, no fue cumplida por la Concedente, causando a esta empresa perjuicios irreversibles, que, en lo inminente, puede incidir en la prestación de los servicios a nuestro cargo, y ello, por causas imputables a la Comuna por incumplimiento de las obligaciones asumidas.

La deuda acumulada asciende a la suma de $270.785.561 ( doscientos setenta millones setecientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos) con facturas pendientes de pago desde el mes de diciembre de 2017, correspondientes a servicios prestados en el año 2016. En consecuencia de lo expuesto, se solicita a la Señora Intendente que, en interés y resguardo de la población, con la colaboración de las partes en un esfuerzo común para asegurar la continuidad del servicio, se proceda al pago de la deuda a la brevedad, y que, durante el transcurso de los prestaciones que se devenguen durante esta emergencia sanitaria, se asignen los recursos necesarios para el pago de la totalidad de los servicios que se realizan, atento tratarse de una prestación esencial, tal como lo
dispuso el Poder Ejecutivo Nacional.

Los 270 millones de pesos que reclama y exige Consorcio Trébol merecen un desglose:

Gestión Walter Festa:

Gestión Mariel Fernández