Por Mirta Paredes (corresponsal popular).- El edificio del Juzgado N° 3 de Familia en Rodríguez tiene una fachada desabrida y casi anónima, que no da cuenta del nido de víborxs que esconde en su interior.
Hoy, fuimos hasta dicho Juzgado para exigir el derecho de Johanna a ver la causa donde se juega la suerte de su hijo de 3 años, raptado por el padre violando una perimetral que pesaba sobre él por violencias reiteradas, incluidas amenazas de muerte a Johanna y sus hijxs. Nos atendieron en la vereda, porque hace dos semanas Johanna tuvo durante 1 día síntomas compatibles con Covid. Si bien se hizo el hisopado, nunca le dieron el resultado.
Por medio de Martín Cimino, auxiliar letrado, y luego del secretario, nos desayunamos con la noticia de que el Juzgado ya había fallado a favor del secuestrador, dejándole la tenencia del niño y que estaban en trámite de reglar las visitas de Johanna a su hijo.
Se había solicitado la restitución del niño a su hogar, con su madre, cosa que fue denegada por la jueza Silvia Mónica Báez, basándose en investigaciones tendenciosas que buscaron en todo momento re-victimizar y culpabilizar a Johanna. El abogado que le asignaron, Martín González, y la secretaria Micaela Lombardi, nunca le notificaron a Johanna que había sido denegada la solicitud de restitución, y él acordó por su cuenta, sin consultarla, avanzar con el régimen de visitas.
En esta causa, desde el vamos, se está violando el interés superior del niño y todos los derechos del niño y de la madre como víctima de violencia. Al niño lo sacan de su Centro de Vida y lo obligan a vivir con un hombre violento, con un claro perfil femicida e infanticida, que ha hecho explícitas amenazas de muerte por teléfono a Johanna desde que secuestró al niño. Lo someten al niño a dudosas pericias a las que fue acompañado por su secuestrador, quien tiene no uno, sino tres pedidos de detención. El juzgado de familia decide desconocer lo actuado por la fiscalía que lleva adelante la causa penal.
El niño hace más de tres meses que no ve a su madre, quien ha sido el centro de su núcleo familiar real, Johanna fue quien lo crió, alimentó y cuidó hasta el día del secuestro. A Johana, además de lo terrible de que le quiten a su hijo, la quieren obligar a mantener un vínculo con quien la violentó por siete años y lo sigue haciendo hoy en día.
Para la jueza Silvia Mónica Báez, su secretario auxiliar Letrado y demás tropa a su mando, incluido el abogado «defensor» Martín González, el hecho de que el secuestrador esté con pedido de detención, con una perimetral (dictada por ese mismo Juzgado), que haya atacado reiteradamente a Johanna y a sus hijxs, en una oportunidad intentando asesinarla con un machete, no es impedimento para otorgarle la tenencia «provisoria» del niño, que también fue amenazado de muerte por el secuestrador.
Argumentan que «esta es la justicia civil y no la justicia penal» (sic). Aunque sea un femicida en potencia, un psicópata serial, no comunican, no averiguan, no unifican causas.
AUDIO – Martín Cimino, auxiliar letrado, y el secretario del juzgado.
¿A cuántos niños y niñas, a cuantas mujeres le estará pasando en este partido lo mismo con esta jueza?
¿Qué van a esperar? ¿Que Javier Paz cumpla las amenzas de muerte?
¿Quién vela por el interés del niño? ¿Quién mira, escucha, protege al niño?
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