Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

Tras la publicación periodística que informa sobre el jury de enjuiciamiento contra la Dra. Mariana Roncoroni que impulsa la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Dra. María del Carmen Falbo (http://desalambrar.com.ar/Juicio-Politico-a-la-Dra-Mariana), llegó a Desalambrar el primer dato que complementa y actualiza la situación procesal, en este caso, del actual Director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Alberto Bonnano. La información chequeada en dos fuentes judiciales permite afirmar que el día 12 de mayo de 2015 el señor Alberto Bonnano y su hijo, Cristian Bonnano, solicitaron una probation que fue aceptada por la jueza Dra. Larroque, fijándose una reparación económica de 10 mil pesos por el daño infringido a la sociedad. Los imputados ya habrían depositado en la cuenta del Hogar Jesús de Nazaret. El delito que recaía sobre el actual funcionario provincial es el de "usurpación de autoridad, títulos u honores y uso de documento público falso en concurso ideal".

Las datos obtenidos por Desalambrar indican que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Mercedes hizo al lugar al pedido aplicando el artículo 76 bis del Código Penal que expresa lo siguiente: "Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio".

Alberto Bonnano deberá concurrir al Patronato de Liberados a fijar domicilio y firma durante doce meses. La justicia no pudo demostrar materialmente que el actual funcionario provincial exhibió el 25 de diciembre de 2010 una credencial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la dependencia policial de Suipacha, tal como sostuvo el fiscal Juan Ignacio Bidone al momento de elevar la causa a juicio.