Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

El gobierno nacional le transfirió a la Provincia de Buenos Aires la concesión y contrato a favor del Consorcio Vial Argentino – Español COVIARES S.A. En diciembre del año pasado, la legislatura trató el expediente en que Scioli “a una empresa insolvente, que había retenido aportes previsionales de los trabajadores por 50 millones de pesos; que debía once cuotas adeudadas al gobierno nacional, que tenía seis meses de cheques rechazados, que obtuvo enormes ganancias en la década de los ´90 y una renegociación de blanqueo en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, le reconoció un nuevo contrato por 15 años con una rentabilidad anual del 10 por ciento. " Ese contrato que elaboró el gobierno provincial, que votó la mayoría de diputados y senadores, quedó rescindido por decreto el pasado 2 de julio.

Para comprender el abuso de poder político – empresarial, la continuidad histórica del negociado, es imprescindible seguir una mínima cronología. El gobierno de facto de 1981 emitió el Decreto Nº 497 donde aprueba la adjudicación de la Concesión de las autopistas Buenos Aires – La Plata, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo, a favor del consorcio vial argentino – español COVIARES S.A, firmándose el contrato de concesión el 1º de febrero de 1983. Ese vínculo original tuvo reformulaciones y renegociaciones. En el gobierno de Carlos Menem, año 1994; luego en la gestión de Fernando de la Rúa, año 2001 y en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010.

Todo el proceso está plagado de incumplimientos y renegociaciones, siempre a favor del privado y en detrimento de las obras de infraestructura previstas. En el año 2012 la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires suscriben el “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del contrato de concesión, por medio del cual “la Nación cedió y transfirió a la provincia los derechos y obligaciones emergentes del contrato de concesión, manteniéndose vigente los alcances de la relación contractual, firmado por COVIARES y el gobierno de Cristina Fernández en el año 2010.

Hasta el tratamiento en la Legislatura Provincial, Vialidad Nacional dispuso la intervención administrativa temporal de la empresa COVIARES. La emergencia vial puesta en escena, llevó a repetir un esquema duhaldista que sigue teniendo una enorme base de consenso. El diputado Ricardo Vago del Partido Socialista, explica que “el decreto de emergencia sirve para no tener necesidad de cumplir con las normas de licitaciones públicas y demás procesos de control que establece la Provincia para sus gastos”.

AUDIO 1 VAGO

Es fundamental decir que COVIARES S.A estaba en sólidas condiciones de perder la concesión por mérito propio. El gobierno nacional tuvo en el año 2010 las condiciones objetivas de rescindir el contrato por gravísimos incumplimientos. Sin embargo, el modelo que arrancó en 1983 siempre tuvo capítulos semejantes, incluido en el kirchnerismo que vino a dejar atrás las décadas de saqueo y negocio empresarial. Ricardo Vago señala que“en esta autopista que fue estatizada por el gobierno provincial, podemos decir que es la construcción de un negociado a favor de una empresa insolvente, incumplidora, que ahora tiene la posibilidad de iniciar un juicio que será absorbido por la Provincia de Buenos Aires” .

AUDIO 2 VAGO

El dinero que el Estado aportó a la empresa COVIARES para la realización de las obras jamás fue rendido. Ya en el menemismo, no se pide una rendición de cuentas pero se actualiza la tarifa de peaje hasta un 1,90 pesos – dólares. En el año 1998, COVIARES debió entregar todas las obras, algo que nunca ocurrió. Seguía facturando en plena convertibilidad hasta una nueva renegociación. Con la explosión de la convertibilidad, la empresa argentino – española en el año 2002, luego de incumplir lo comprometido en materia de extensión de la autopista, asegura la llegada a La Plata por autopista. Con el advenimiento del kirchnerismo, las tarifas se congelan, no se ajustan por inflación y COVIARES S.A decide no realizar las obras. El incumplimiento compartido construyó la plataforma del saneamiento: en el año 2009 se produce una renegociación que elimina a COVIARES de la responsabilidad de construir la autopista Ribereña, obra por que recibió cifras millonarias del Estado, lo que se suma a la facturación monstruosa del peaje. Cristina Fernández rubricó el acuerdo, cuidando los intereses empresariales y políticos de un “Estado bobo, boludo y corrupto”, denuncia Ricardo Vago.

AUDIO 3 VAGO

La función pública tiene una continuidad elocuente que se explicita en las siguientes coordenadas institucionales: “Acá los políticos pasan pero los intereses de los grupos económicos permanecen. Perdura la filosofía del capital empresario, en una negociación con un Estado bobo, boludo y corrupto. Cuando en noviembre del año pasado se firma este convenio donde el Ministro Arlía (Planificación provincial), acepta la transferencia con los derechos y obligaciones que tenía el Estado Nacional, lo que significa recibir a COVIARES como concesionaria provincial. Lo que recibía la Provincia era una empresa insolvente, que había retenido aportes previsionales de los trabajadores por 50 millones de pesos; que debía once cuotas adeudadas al gobierno nacional, que tenía seis meses de cheques rechazados, una empresa con múltiples incumplimientos”, detalla el diputado provincial Ricardo Vago, para luego indicar lo que la Provincia de Buenos Aires le otorgó a COVIARES, aún con esos antecedentes: “Todas las obras de ampliación que faltan hacer para terminar la autopista las iba a hacer la empresa con una rentabilidad garantizada del 10 por ciento durante 15 años, que se haría una auditoría ambiental, técnica y financiera, pero no establecía una auditoría por las obras incumplidas. Todo esta escrito, lo plantee en el recinto el 13 de diciembre del año pasado, y dijimos que se estaba comprando un juicio”.