Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

En Caleta Olivia, la justicia encontró culpables a los procesados por la muerte de Jorge Sayago y condenó a cadena perpetua a José Rosales, Humberto González y Ramón Cortés. Los demás imputados fueron condenados a 5 años por distintos delitos, absuelto del asesinato, Darío Catrihuala y Padilla en libertad porque en el momento del crimen, era menor.

Las condenas quedan en suspenso hasta que el fallo quede firme por el máximo tribunal de justicia de la Provincia de Santa Cruz.
Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, afirman que el crimen de Sayago tuvo como autores materiales e intelectuales a la cúpula policial y los gobiernos provincial y nacional.

En el inicio de las audiencias, el tío de Sayago, Víctor Álvarez, había reiterado que quienes están sentados en el banquillo son unos “perejiles”. Una de las abogadas defensoras, Claudia Ferrero, afirmó que “no hay ninguna prueba concreta, fueron armadas por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”.

El fiscal de instrucción Ariel Candia había admitido que hubo gente que declaró en la instrucción luego de haber recibido “dos o tres cachetadas”, pero en su alegato agregó que "darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar".

La abogada Ferrero, que integra la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), compartió la defensa con Andrea Forgueras y ocho letrados. Cuando comenzaron las declaraciones testimoniales, el testigo Leonardo Martínez dijo que no recordaba nada. Lo detuvieron 24 horas y en la siguiente audiencia declaró acorde a la posición de las querellas, que enseguida hicieron su alegato y pidieron prisión perpetua por homicidio agravado para seis de los acusados: Darío Cuatrihuala, Inocencio Cortez, Juan Pablo Bilbao. José Rosales, Hugo González y Franco Padilla. En tanto, para Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach pidieron seis años por el delito de coacción agravada: incitar a la violencia. El abogado querellante Eduardo Iglesias se refirió a las denuncias por apremios ilegales diciendo que “la defensa consideraba que Vialidad”, el lugar donde se realizaron los interrogatorios, “era un centro clandestino de detención y que Angulo (agente de la brigada) era hijo de Etchecolatz”.

El tribunal compuesto por los jueces Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera dictó sentencia. Olivera integra la promocionada Justicia Legítima.

FUENTES: OPI SANTA CRUZ- INFOJUS NOTICIAS