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Viernes, 17 de Abril del 2026

Pregunté a un hombre del derecho dónde ubicaba la lucha por el Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez. Esa ley votada, aprobada y celebrada por oficialistas, opositores, personas vinculadas con los fueros respectivos y hasta aquellos que gozan de todas las prebendas para sentirse dueños de la justicia, cuestionan por lo bajo todo lo que falta o lo escaso que tenemos.
Los Tribunales de Trabajo, los dos Juzgados Civil y Comercial, “avanzar” en lo Penal que alimenta a Mercedes en un 50 por ciento de las causas, es una utopía consagrada en el más elocuente voluntarismo discursivo. Por enésima vez escucho que la cuestión presupuestaria se fusiona con la burocracia y eso deriva en un largo proceso que construye la injusticia hacia la población de Moreno – General Rodríguez, objeto de flagrante discriminación.
Con estos elementos tangibles, es necesario indagar si la injusticia que tenemos sólo se explica en las distancias geográficas con el Departamento mercedino y los inmuebles no creados o, además, se complementa con una praxis que se vuelve intocable.
En primer lugar hay que admitir que para los “comunes y de a pie”, la estructuración judicial es desconocida, infranqueable e impopular. Los pasos que existen no merecen explicaciones para los justiciables, salvo tirarles por la cabeza artículos, números, tipificaciones y encuadres sin el menor asesoramiento. Forma brutal y prepotente de indicar que la justicia está en sus manos, que sólo ellos la comprenden, la interpretan y la ejecutan. No es una cuestión de fiscalías colapsadas, personal insuficiente y recursos materiales escasos, es una matriz de funcionamiento que ejerce una presión insoportable a una clase social que cae en el embudo de la ignorancia condenatoria. Más aún, hay sectores que teniendo experiencia de campo e intervenciones cercanas con hombres y mujeres del poder judicial, se pierden en la honesta búsqueda de revelar la sintomatología de un expediente que incuba la condena por encima del principio de inocencia.
Con la justicia como cuerpo observado por el Ejecutivo, resulta “curioso” que en tantos años de mayor interpretación política, no haya diseminados talleres populares o programas que expliciten cómo abordar una estructura que arma la jerarquía a partir de subjetividades, en muchas ocasiones, lejanas con lo que dice el propio código. En la Provincia de Buenos Aires, la práctica, salvo honrosas excepciones, indica que “no existen las defensas oficiales para las familias sobre las que cae el peso de una ley, para esos grupos humanos carentes de todo tipo de recursos, uno en especial, la información - comprensión de sus derechos que están escritos y que salvo protesta – exigencia pueden ser reconocidos por abogados, fiscales, defensores, jueces, camaristas y agentes del servicio penitenciario”.
Es bueno objetivar que una parte de la sociedad consume la falsa tesis que “la justicia libera todo y es garantista”. El Estado y su institucionalidad aceitan los engranajes de una máquina perversa que despersonaliza, destruye, aliena y somete sus políticas a los marginales del sistema que entrar por una puerta y no salen por otra. Esto no es una sensación, surge de las estadísticas oficiales que ofrecen más alojamientos en cárceles atestadas.
Tampoco es una sensación que el Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez es una caricatura de lo que debiera ser.
Esta editorial sólo intenta poner a la justicia en el lugar social donde la mujer vestida de blanco sigue con los ojos vendados.
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