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Domingo, 19 de Abril del 2026

Los buitres revolotean. Cargan en sus bolsillos unos papeles llamados bonos que nos hacen recordar que la deuda externa es eterna. La rapacidad de estos carroñeros nos obliga a pensar sobre el poder que tienen en el mundo, fuera de nuestras fronteras tan blindadas.
La República de Ghana integra el continente africano, ese mismo al que la política exterior argentina define como estratégico. Basta recordar la avanzada de Guillermo Moreno junto a empresarios argentinos en Angola, obra que coronó la presidenta de la Nación.
Justo en África, en el tercer mundo, los fondos buitres del primer mundo embargaron la Fragata Libertad. Un juez ghanés comprendió que los demandantes están en su derecho. El ataque a la soberanía argentina quedó en la miseria de quién fue el culpable de estacionar la nave en aquel puerto. Puricelli, Ministro de Defensa, finalmente debió asumir el despropósito salvando así la ropa del sionista Timerman, el Ministro de Relaciones Exteriores que recurrió a la Organización de Naciones Unidas en busca de solidaridad internacional. Nadie comprendió que Ghana integra la vieja pero actual Mancomunidad de Naciones Británicas. Pocos son los que explican el nudo central del problema.
El Fondo de Inversión NML posee títulos de la deuda externa, bonos emitidos a partir del Plan Brady en 1992 que tienen una cláusula explícita de renuncia del gobierno argentino a oponer la defensa de la inmunidad soberana que sólo excluye a las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en Argentina y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público esencial. Pero el mayor despropósito violatorio de nuestra soberanía y que tiene plena vigencia reside en que el Estado, desde la dictadura militar y hasta nuestros días, aceptó someterse a la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos y a la Ley de Inmunidad de Estado de Gran Bretaña, lo que en una traducción de entrecasa y comprensible, significa que los actos de gobierno tienen un carácter comercial y por lo tanto quedan sujetos al derecho privado.
Alejandro Olmos Gaona, especialista en deuda externa, escribe que Juan Domingo Perón fue el primero, que en noviembre de 1973, cedió litigar nuestra soberanía ante tribunales argentinos con la Ley 20548, instrumento que habilitó a la dictadura cívico–militar a modificar el artículo 1º del Código Procesal Civil y Comercial donde se ratifica la decisión política de permitir la prórroga de la jurisdicción a favor de jueces extranjeros, magistrados que siempre fallaron en contra de los intereses nacionales.
Es por esto que la mentira oficial respecto a la violación y desconocimiento de nuestra soberanía esconde la voluntad política de avalar la entrega ya que no hay intención alguna de enterrar para siempre esa prórroga que instala la resolución de un conflicto en los tribunales norteamericanos o británicos.
Para ser claros, los que autorizaron las renuncias, los que decidieron no oponer la defensa de inmunidad soberana sobre los bienes del Estado Nacional fueron Videla, Viola, Galtieri, Martínez de Hoz, Klein, Menem, Cavallo, Daniel Marx, Roque Fernández, De la Rúa, Lavagna y Néstor Kirchner, éste último al firmar el Decreto 319 en el año 2004 que abrió la "histórica", "gloriosa" y "patriótica" reestructuración de la deuda externa. En el imaginario popular está la fantasía que de una vez por todas la Argentina se había sacado de encima al FMI.
En el desconocimiento popular está que los fondos buitres reclaman, porque la dirigencia argentina los sigue alimentando. Así está escrito y por eso la Presidenta respeta la ley. De allí que la frase de Cristina Fernández de Kirchner se ajusta al derecho internacional del cual se sirven los fondos buitres: “Podrán quedarse con la Fragata Libertad pero nunca con nuestra soberanía”.
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