Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

Las oficinas comerciales de ABSA, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, receptan las quejas por la falta del líquido esencial. Esa es la noticia que domina la escena veraniega de los que miran los centros turísticos por televisión HD. Pero la resultante o bien la causa tiene actores que forjaron la escasa presión a favor del desmantelamiento de la última joya privatizada. 

MEMORIA DESCRIPTIVA

A un año de iniciar su primer mandato como intendente, Mariano West acompañó la decisión del gobernador Eduardo Duhalde de entregar a manos privadas el servicio. La Ley 11.820 del 17 de julio de 1996 autorizó al Poder Ejecutivo a “otorgar en concesión el servicio por el término de hasta treinta años, conforme al sistema de licitación pública”.

La empresa norteamericana Azurix, satélite del gigante ENRON, se quedó con los servicios de agua potable y cloacas en 71 distritos de la provincia de Buenos Aires a partir de 1999. Tres años más tarde, Azurix rescinde el contrato y presenta queja formal ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). El gobernador peronista Carlos Ruckauf respondió en conferencia de prensa que “fue la empresa la que incumplió el contrato”.

Por ese año (2002), West había campeado el temporal de los “saqueos estimulados” y preparaba su desembarco en la administración del peronista Felipe Solá, quien reemplazaría a Ruckauf, convocado por el presidente Eduardo Duhalde.

Quien era Ministro de Obras Públicas, Julián Domínguez (hasta 2011 Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación), recibe la orden del gobernador de “preparar los mecanismos para que la Provincia tome el servicio de agua y cloacas”. Esos años encontraban a Daniel Scioli, ultrakirchnerista, sumándose a la presidencia de Eduardo Duhalde como Secretario de Turismo y Deportes.

Por su parte la firma Azurix logró que en tres ocasiones el CIADI, Tribunal Arbitral del Banco Mundial, falle a su favor intimando al pago resarcitorio de más de 165 millones de dólares, ya que se comprendió que la Argentina violó el TBI, Tratado Bilateral de Inversiones, un instrumento hecho a la medida privada que preservaba a Azurix de riesgos empresariales.

Sólo en un informe particular sobre la privatización del agua en Latinoamérica, surgen los tópicos más interesantes que definen el modelo y sus ejecutores:
Falta de alcance, cuando el servicio no llega a los pobres, pese a obligaciones contractuales. Calidad del agua, cuando se surte agua de mala calidad. Precios e inversión, cuando los precios se elevan de manera injustificada
Inversión insuficiente, cuando se invierte menos de lo especificado. Corrupción, cuando se induce a políticos, partidos o autoridades públicas a tomar decisiones erróneas.

Ya en la gobernación de Felipe Solá se produce el fin del último contrato vigente. A mediados de junio de 2006 decide rescindir el vínculo con Aguas del Gran Buenos Aires, pasando el servicio a manos de ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima). Dijo Solá: “La medida está despojada de cualquier intencionalidad política y no significa una vocación por la estatización, sino que se tomó para garantizarle a la gente el mantenimiento, pero también la expansión, tanto del agua como de las cloacas".

AGBA era una composición ítalo – francesa. Con capitales italianos -la constructora Impregilo- y españoles -Urbaser y Aguas de Bilbao, operadora del sistema-, AGBA proveía desde 2000, a siete municipios del segundo cordón que rodea a la Capital Federal: Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, General Rodríguez y a la localidad de Belén de Escobar. Cuando los argumentos políticos fueron por el claro incumplimiento de las metas de expansión, prestación adecuada, etc, el gobernador estuvo acompañado por varios intendentes, Andrés Arregui, por nuestra localidad. Mariano West ocupaba una banca en el Congreso. Junto al presidente Néstor Kirchner, el titular de la primera magistratura provincial “prometió invertir, en principio, 30 millones de pesos para solucionar problemas operativos en conexiones, plantas depuradoras, pozos y motores”.

Pasaron seis años desde aquel anuncio, de la reestatización. ¿Y los pozos, las conexiones, los motores, las plantas?
Todos los dirigentes políticos nombrados hasta aquí lograron resistir el tiempo y los archivos. A ellos debe dirigirse la pregunta presente: ¿por qué falta el agua?

Sentado en su puesto de intendente, Mariano West planteó el 13 de enero de este año su queja a ABSA, es decir, al gobierno de Scioli ya que el 90 por ciento del paquete accionario de ABSA corresponde al Estado provincial, mientras que el 10 por ciento restante pertenece a los trabajadores, nucleados a través del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. En un comunicado de prensa, luego del encuentro en el Palacio comunal entre autoridades ejecutivas y de la empresa, se afirmó que ABSA “está en condiciones de habilitar dos (2) pozos en la zona de Paso del Rey a fin de aumentar la presión y brindar mejor servicio en las redes existentes en Moreno Centro y Paso del Rey”.

Esta férrea decisión de West instala un interrogante: Si al menos había dos perforaciones hechas, aunque datos extraoficiales hablan de 10 por lo menos ¿por qué se esperó a escuchar el padecimiento de los vecinos y exigir respuestas insuficientes?

La falta de inversión encuentra un eje histórico, la última obra formal de relevancia fue entre 1993 y 1995. Una vinculación directa expresa que el déficit operativo se traduce en un 60 por ciento de recaudación sobre algo más de 120 mil clientes conectados a la red en Moreno. Fue en marzo de 2009 cuando se produce una actualización de la tarifa llevando el metro cúbico de agua al doble de lo que abonaba en ese momento.

¿Qué cambios produjo la administración estatal respecto a la captura de ganancias de Azurix y AGBA? El directorio de ABSA con su presidente, Guillermo Scarcella, hombre de extrema confianza del gobernador Daniel Scioli, ¿es una copia fiel de las corporaciones empresariales bajo el rango de estatal? 

Debe explicar el intendente West qué actuaciones cumple la comuna ante “el derroche y alto consumo” de los que gozan de un bien tan preciado. Podría el Jefe comunal, ahondar en las prácticas de la empresa Nestlé que toma agua directamente del Acuífero Puelche, para luego comercializar los productos de máxima calidad y pureza. ¿Cuánto tributa Nestlé por absorber un recurso no renovable? ¿Qué responsabilidad tiene el gigante empresarial con la falta de agua que sufren los habitantes ubicados en las adyacencias, con excepción del country Campos de Alvarez? 

El agua potable llega en partes a las localidades de Moreno Sur, Paso del Rey, Trujui, Moreno Centro. La escasez es producto de las fallas en los equipos de bombeo, pérdidas en la vía pública, fragmentación en las áreas comercial- administrativa, técnico – operativa, porque aún diciendo algo que no explica nada, el Plan Maestro de ABSA, Scioli, West y compañía, no tiene relato, salvo la promesa.

De cara a los vecinos, a los que no acceden a un derecho humano, la verdad tiene su historia, cargada de personajes que repiten los lugares comunes como parte de su vaciado arcón de promesas. El único Plan Estratégico es un acueducto. La forma de evitar que el agua deje de ser un negocio en el Conurbano es plantear de fondo una ley hídrica. Los mismos que estuvieron en los ’90 saben bien de que se trata… y siguen vendiendo espejos de colores.