Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

La aprobación se logró por amplia mayoría. Todas las fuerzas políticas trabajaron hasta último momento para introducir cambios y lograr un consenso. Básicamente las modificaciones quedaron ubicadas en reducir la arbitrariedad de una ley que se complementa con la cesión de todas las tierras fiscales al Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR. Desde prensa de la Cámara de Diputados se afirma que “la ley promueve la generación y facilita la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales; el abordaje integral de la diversidad y complejidad de la demanda de viviendas; y la búsqueda de nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo”.
En el trabajo de informar y desinformación, el proyecto se encorsetó en una especie de impuesto a los country y barrios cerrados, que deberán entregar un 10 por ciento del valor de tierra en concepto de aporte solidario o bien tierra disponible para cubrir fines sociales. El segundo elemento quedó en las facultades que se otorgarían al Òrgano de Aplicación y a los municipios para que se declare de utilidad pública sujeto a expropiación a los terrenos baldíos o inmuebles derruidos si en el plazo de cinco años no se produce una edificación o bien puesta productiva del terreno. El diputado del Frente Justicialista para la Victoria, Alberto España, estudió durante seis meses el proyecto que envió el Poder Ejecutivo (modificación del Decreto Ley del año 1977) y por ende fue uno de los impulsores de la propuesta. Con absoluta claridad, negó que la Ley de Acceso Justo al Hábitat se presente con el fin de expropiar todo lo improductivo o especulativo, por el contrario, abre la instancia de regularización y ofrece el marco de sociedad entre privado y Estado.

AUDIO 1 ESPAÑA

Para ser más claro, España reafirmó: “No es porque esté en contra de la expropiación sino de seducción, y lo que tienen que entender los propietarios es que la tierra es un bien acabable. En estos años el privado hizo todo lo posible para resolver el tema del hábitat, es el momento en que el Estado asuma un rol activo y presente”.

AUDIO 2 ESPAÑA

Lo ofrecido como superador y extraordinario tiene un carácter político indudable. Se trata de regularizar los aportes que los “emprendedores urbanísticos”, antes llamados inmobiliarias, “tengan reglas claras al momento de invertir”. Como la ley no es retroactiva, el diez por ciento del valor de tierra será para los nuevos country y barrios cerrados. Esos recursos serán tomados por las comunas para definir qué políticas urbanísticas sociales pueden desarrollarse, respetando las demandas de los sectores de menores recursos. Se creará un registro único de villas y asentamientos para intentar regularizar la situación. De este modo se conjuga el reclamo del sector privado que demanda reglas claras de juego, y los sectores sociales que avanzan sobre la tierra. Es de esperar que esta norma permita a las organizaciones y a los gobiernos municipales frenar la toma de terrenos, bajo promesa de responder institucionalmente a la exigencia de tierra y vivienda para los que nunca calificarán en el plan clase media y media alta PRO.CRE.AR.

Como lo explicó el diputado España, una de las fuentes consultadas antes de avanzar con el proyecto, fue el empresario Constantini, figura principal del mega emprendimiento NorDelta, que se manifestó por la afirmativa ya que el proyecto evita a los desarrolladores urbanísticas pagos extras que desalientan la inversión.