Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

Familias de los barrios Cuatro Vientos y Las Flores intentar tomar el predio cercano a la feria que se ubica sobre la Ruta 23. La municipalidad, la Policía Bonaerense y Gendarmería impiden el avance. La salida gubernamental pasa por la política de Lotes con Servicios.

La feria que se ubica sobre la Ruta 23, entre Barker y Damasio Sánchez es parte de una puja que no está cerrada. La tierra pertenecería a la empresa GEO RUTA S.A, situación que presupone el desalojo para que allí se construya, según versiones extraoficiales, un nuevo cementerio. Mientras el proyecto está en papeles, todo ese corredor que conecta la Ruta 23 con el barrio Los Hornos de Cuartel V crece al ritmo de las necesidades sociales. Las casillas de madera y las construcciones de cemento y ladrillo se entremezclan. La gran toma parece imposible de frenar. Desde los primeros días de febrero, vecinos de los barrios Cuatro Vientos y Las Flores cortaron la ruta en reclamo de un aval municipal para ocupar el predio lindante con la feria.

“Somos madres paraguayas pero tenemos hijos argentinos que necesitan vivienda o un pedazo de terreno para construir sus propios hogares. Estamos reclamando que vengan los funcionarios municipales para hablar con nosotros y que nos autoricen a plantar algunas casillas”, manifiesta Beatriz, participante del piquete en la Ruta 23.

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Como sucede desde hace años, la lucha pasa por el desgaste. La policía cumple celosamente la orden de lanzamiento pero las familias regresan a la tierra. Así se produce la consolidación de la emergencia. Por supuesto, en el medio hay secuelas, golpes y detenciones. Beatriz fue llevada a la comisaría de Trujui. Nadie le explicó el supuesto delito cometido. Recibió todo tipo de maltratos, psicológicos y físicos. “Estamos decididos a colocar las casillas, pero la policía entra y golpea mujeres y a los niños. Queman todo y como somos pobres nos cuesta conseguir nuevas maderas. Aún así estamos decididos a pelear por la tierra”, describió Beatriz.

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El concejal José Barreiro, un hombre que está informado de la situación y cumple el rol de nuevo mariscal de campo que tiene Mariano West, recorre la zona y busca abrir canales de diálogo. “Veníamos trabajando con el IDUAR, inclusive Mariano (West) recibió a un grupo de vecinos pero después algo ocurrió entre ellos, no se pusieron de acuerdo y no pudimos avanzar en el canal de diálogo”, explicó el concejal del Frente Justicialista para la Victoria.

La política oficial, de acuerdo a lo expuesto por Barreiro, pasa por “identificar una por una a las personas que están con intención de tomar el predio, porque no es lo mismo una abuela o un chico discapacitado que no tienen donde vivir que esa persona que ya tiene un lote”, declaró Barreiro, dando entender que algunos buscan hacer un negocio del conflicto.

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Como gesto político de sinceridad, Barreiro respondió sobre las viviendas del Plan Federal en Villanueva que están paradas desde hace tres años: “En la última reunión que tuvo el intendente con varios ministros obtuvo el compromiso de reactivar las obras, pero 150 casas no soluciona el conflicto. De allí que también es importante sostener el Programa de Lotes con Servicios para enfrentar estos conflictos”.

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La solicitud de los vecinos es clara: lograr el que el gobierno de West avale la toma de ese terreno. Esa petición no está bajo estudio por una cuestión racional: habilitaría a una mayor proliferación de tomas en todo el distrito. “Si nosotros logramos reproducir los loteos de la década del ’60, otorgando servicios e infraestructura, con apoyo de trabajadores sociales y técnicos, resolvería la cuestión estructural. El hogar se construye con seguridad y en muchos de los asentamientos que hay en Moreno eso no ocurre. Inclusive ahí en Cuatro Vientos quieren ingresar justo donde está una cañería hidráulica, por lo tanto es un lugar inundable, donde EDENOR no podría prestar el servicio. Así son los asentamientos que tenemos en Moreno”, declaró el legislador que asume el papel de defensor de la gestión comunal.

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En un cambio de postura, la administración comunal parte de las escasas herramientas que tiene para “contener” algo que está fuera de alcance. Queda una que es de aplicación efectiva pero no sostenida. La descripción de Beatriz, una de las mujeres violentada por la policía, es un signo inequívoco de la represión que se ejerce. El consenso político tiene respuestas. “Me parece que hay que dividir, el Poder Judicial es autónomo. Nosotros podemos decir si está bien o mal. Si hubo violencia policial está mal”, contestó Barreiro.

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